Hermosillo, Son. 24 de junio de 2010.- El Decreto que tipifica como delito la conducta conocida como “graffiti”, un Acuerdo para exhortar a autoridades estatales y municipales a establecer mecanismos de control y vigilancia en la venta de productos en los planteles educativos y una adición a un Decreto de la sesión pasada, fueron aprobados hoy.
La plenaria inició con la propuesta del presidente de la mesa directiva, Daniel Córdova Bon, de guardar un minuto de silencio en memoria del hermano del diputado Reginaldo Duarte Íñigo, Israel, quien falleció el pasado 22 de junio.
Como había ordenado la Presidencia el pasado martes, este día se le dio segunda lectura al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora y se fijó para el martes 29 de junio, cuando se celebre la próxima sesión del Pleno, el debate y votación del mismo.
De acuerdo al Orden del Día, correspondió al diputado Damián Zepeda Vidales dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Artículo Cuarto Transitorio al Decreto número 51, aprobado por el Pleno el pasado 22 de junio.
Expuso que las disposiciones aprobadas en la sesión pasada deben llevar aparejadas modificaciones a la reglamentación correspondiente para poder cumplir válidamente con las cuestiones operativas de tales modificaciones, las cuales debe realizar el Ejecutivo estatal, toda vez que por cuestión de orden legal, esa es una de sus facultades.
La adición de un Artículo Cuarto Transitorio indica al Ejecutivo del Estado que contará con 90 días naturales para crear o modificar los lineamientos y reglamentos que deriven de la entrada en vigor de las reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, así como la integración de la Comisión Intersecretarial de Compras.
Enseguida el diputado Raúl Acosta Tapia dio segunda lectura al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transporte y posteriormente el diputado César Augusto Marcor Ramírez presentó, a nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el dictamen con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora y a la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolescentes.
De acuerdo a las consideraciones expuestas, el problema del “graffiti” se ha convertido en uno de los más comunes en las ciudades y se extiende y crece por todo el Estado, afectando la imagen visual de las
ciudades, y generando fuertes gastos, tanto al Estado, municipios, particulares y negocios que ven afectadas sus propiedades por las impresiones permanentes de gráficos y firmas.
“Lo anterior ha generado molestias e indignación entre los ciudadanos que exigen a sus representantes ante este Poder Legislativo que se realicen modificaciones legales al marco jurídico estatal, para detener este creciente fenómeno que afecta a gran número de gobernados y que comienza a afectar vestigios arqueológicos, lugares históricos, escuelas, edificios públicos, centros educativos o áreas públicas, que por su trascendencia y áreas de visualización, son el blanco de preferencia de esa conducta”, destaca el dictamen.
Con base a la iniciativa que en octubre de 2009 presentó a esta Soberanía el diputado Marcor Ramírez, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideró necesario legislar para imponer medidas más severas y buscar mecanismos reparadores, con el objetivo de controlar este fenómeno que se ha desbordado, pues quienes incurren en esta práctica muchas veces son menores de edad.
El propósito de la iniciativa, sostuvo, es modificar conductas desviadas mediante el tratamiento y reeducación, a través del trabajo comunitario, dado que dicha actividad no sólo provoca una mala imagen para las ciudades y espacios públicos, también es un perjuicio para los comercios y la industria de servicios, además de que comienza a centrarse en bienes inmuebles del Estado y de los municipios, como una muestra de desafío a la autoridad.
A la iniciativa original se le hicieron algunas adecuaciones, con base a la opinión de destacados juristas de la entidad, y se llegó a la conclusión de que no será contemplado como delito grave y por lo tanto no se modifica el Código de Procedimientos Penales; sólo será perseguible de oficio cuando se trate de bienes del Estado y en daños a bienes de particulares se requerirá querella del ofendido, y cuando sea cometida por adolescentes, los padres deberán responder a la reparación del daño.
La diputada Alejandra López Noriega dio lectura, a nombre de las comisiones de Salud y de Educación y Cultura, al Acuerdo por el cual el Congreso del Estado resuelve exhortar respetuosamente a los ayuntamientos de los municipios del Estado para que, en su caso, realicen las modificaciones o adecuaciones a su respectiva reglamentación municipal, a efecto de establecer mejores mecanismos de control y vigilancia en la venta de productos y alimentos bajos en contenido nutricional.
Se trata de los alimentos con alto contenido de azúcares refinados,
