Hermosillo, Son. 9 de septiembre de 2010.- Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobaron un proyecto de dictamen que busca regular la penalidad sobre el robo a bienes o instalaciones que están para el servicio público escolar, con base a las iniciativas presentadas por los diputados David Galván Cázares y Marco Antonio Ramírez Wakamatzu.
Aunque se trata de planteamientos diferentes por parte de los legisladores, al final lo que persiguen es lo mismo, consideró el presidente de la Comisión, diputado Damián Zepeda Vidales, antes de someterlo a votación.
“Se nos suscitaron algunos problemas de implementación, por tratarse de un tipo penal delicado, por lo que hay que establecerlo muy claro para que el Juez pueda juzgar en base a él. La propuesta del Jurídico que hace a ambas es que los dictaminemos favorables, haciendo una nueva de las dos”, aseveró.
Se trata de la reforma a la fracción XI y de la adición de una fracción XII al Artículo 308 del Código Penal, para quedar como sigue:
“Respecto de bienes muebles destinados a los planteles educativos e instituciones de
Educación Básica, Media Superior y Superior, para su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre que el robo importe una cantidad de más de 10 salarios mínimos diarios vigentes en la capital del Estado. Asimismo, los que por sus características físicas o sus componentes formen parte de la infraestructura física de dichos lugares”.
El Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos explicó que al establecer ese límite se evitará que sea considerado como delito grave el robo de cuestiones muy menores, lo cual no significa que quedarán desprotegidos sino todo lo contrario, quedarán protegidos en la causal de robo normal o simple.
“Esa propuesta la hizo el Jurídico, se platicó con los asesores jurídicos de las bancadas y estuvieron de acuerdo, es la propuesta que presentamos. Es un asunto de la agenda mínima, se modificaría el Código de Procedimientos Penales, se le agrega esta fracción y se hace delito grave”, expuso.
Sobre este proyecto de dictamen se solicitó la opinión del Poder Judicial del Estado, como en todos los casos que tienen que ver con la impartición de justicia,
