oct 28 2010

Responde Procurador de Justicia del Estado ante el Pleno del Congreso

                                                Hermosillo, Son.  28 de octubre de 2010.- La estrategia para combatir la delincuencia en Nogales y la zona Sur del Estado, los proyectos de capacitación para corporaciones policiacas y mejoramiento de infraestructura que permita eficientar la procuración de justicia en Sonora, fueron los cuestionamientos hechos por diputados a Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador General de Justicia del Estado, al comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado.

El diputado José Guadalupe Curiel, presidente de la 59 Legislatura, dio la bienvenida al funcionario estatal, el tercero en comparecer dentro de la agenda programada con el objetivo de ampliar los datos contenidos en el Primer Informe del titular del Poder Ejecutivo, entregado el pasado 13 de octubre.
 
Para abrir la primera ronda de preguntas, el diputado Damián Zepeda Vidales, le solicitó exponer las acciones que realiza la PGJE, para que los ciudadanos recuperen la confianza hacia la procuración de justicia, porque la percepción actual es que no se respeta el anonimato al hacer denuncias,  ni los culpables serán sancionados.
 
Murrieta Gutiérrez reconoció que existe esta percepción social, pero destacó se realizan esfuerzos para controlar la inseguridad y delitos como las extorsiones que se generan en llamadas telefónicas desde los Centros de Readaptación Social, así como mejorar las instalaciones de la dependencia, en donde se requieren de inversión.
 
El legislador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno solicitó al funcionario explicar las acciones implementadas ante el grave problema de inseguridad que priva en Álamos, Navojoa, Huatabampo y en general la frontera con Sinaloa, que se ha sumado en los últimos meses a las zonas consideradas peligrosas de San Luis Río Colorado y Nogales.
 
El titular de la PGJE relató que en esa área esta generándose un esquema de homicidios en Sinaloa cuyos cuerpos son arrojados a Sonora, por lo que buscarán coordinar esfuerzos con autoridades federales, municipales de la zona y del vecino Estado, con el objetivo de iniciar la conformación de un Centro de Análisis de Información e Inteligencia, como una importante herramienta para desalentar la comisión de delitos.
 
Al hacer uso de la voz, el legislador Óscar Manuel Madero Valencia pidió que en Sonora dejen de realizarse lo que consideró mega obras, para dar atención a las prioridades en materia de seguridad pública.
 
Enseguida la diputada Gorgonia Rosas López pidió al Procurador exponer ante el Pleno su opinión acerca de la propuesta de mando único de Policía. El funcionario reconoció que debe avanzarse en la profesionalización de policías municipales e impulsar proyectos en la materia, pero no es un sistema el que garantizará mayor seguridad sino la forma de operar coordinada entre las diferentes instituciones
                                            
                                                encargadas de la seguridad pública.

El legislador César Augusto Marcor Ramírez pidió abordar el tema de la guardería ABC en donde fallecieron 49 niños, ante lo cual el funcionario estatal explicó el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República, PGR, que ha determinado consignaciones y personas sujetas a proceso.
 
Aseguró que en ningún momento las autoridades federales han expuesto alguna omisión o algo indebido dentro de la integración de los expedientes por parte de la PGJE, quien estuvo al frente del caso en los primeros 15 días del lamentable accidente.
 
Por su parte el diputado Moisés Ignacio Casal Díaz calificó como preocupante el problema de inseguridad en Nogales, por lo que cuestionó si existe un acuerdo binacional con las autoridades de Arizona y coordinación con las corporaciones municipales y federales para combatir la delincuencia que ha cobrado 200 vidas en esa frontera.
 
Murrieta Gutiérrez reconoció el apoyo del Presidente Municipal de Nogales en este operativo y la coordinación lograda con la Policía Municipal y fuerzas federales. Asimismo se comprometió a proporcionarle al legislador los datos y estrategia en privado para evitar especulaciones.
 
Por su parte el diputado Roberto Ruibal Astiazarán aseguró que el Congreso del Estado tiene mucho que aportar en el tema de seguridad pública, por lo que a partir del 15 de noviembre al iniciar la revisión del presupuesto 2011 analizarán las propuestas e iniciativas en la materia que turne el Ejecutivo estatal.
 
El titular de la PGJE reconoció la importancia de definir egresos que permitan avanzar en la profesionalización de las instituciones policiacas así como avanzar en el estudio de iniciativas en materia de seguridad pública como el abandono de bienes, una reforma que afecte la estructura logística de delincuencia organizada y la que combate al narcomenudeo.
 
Agregó que la reforma al sistema de justicia penal requiere contar con personal capacitado y laboratorios especializados que representen inversión presupuestal.
 
La diputada Sara Martínez de Teresa sostuvo que la reforma al sistema de justicia penal es sin duda un avance relevante en el País, en este sentido, pidió al funcionario exponer su visión acerca de dicha  legislación.
 
El Procurador General de Justicia en el Estado puntualizó que la presunción de inocencia es común a los dos sistemas de justicia, la diferencia es que al actuar el sistema oral tendrán que dejar peso algunos elementos de prueba. “En mi experiencia es más difícil probar un delito que defenderse, lo que puede generar un riesgo de inseguridad alto”, dijo.
 
Ante la pregunta de la diputada María Dolores Montaño Maldonado acerca de los programas de fortalecimiento de la infraestructura y capacitación de las agencias del
                                            
Ministerio Público, Murrieta Gutiérrez reconoció que es prioritario invertir en esta área de la dependencia estatal. Ejemplificó que en todo el Estado sólo se cuenta con dos anfiteatros en Hermosillo y Cajeme.
 
A este respecto el legislador Damián Zepeda Vidales propuso realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran las agencias del Ministerio Público, a fin de etiquetar recursos presupuestales para el ejercicio 2011.
Asimismo solicitó explicar el grado de atención que otorgan a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, y el funcionario estatal puso a su disposición todos los expedientes en este tema.
 
Por último el diputado Gerardo Ernesto Figueroa Zazueta felicitó al funcionario al exponer los requerimientos y lo que pueden construir conjuntamente en materia de infraestructura, presupuesto y un proyecto integral para mejorar el sistema de procuración de justicia en Sonora.
 
Durante su exposición, el titular de la PGJE presentó datos e indicadores en materia de delitos y criminalidad que son un parámetro para contextualizar cómo se encuentra Sonora en seguridad pública. 

La tasa de criminalidad en el País es de 15 delitos por cada mil habitantes, y en Sonora este indicador es de 12.15 delitos por cada mil personas, que es inferior a la nacional a pesar de la ubicación geográfica, destacó.
 
En robo de vehículos, en la entidad alcanzaron los 3 mil 832 unidades contra 16 mil 271 en Baja California y 6 mil 581 en Sinaloa. En el Estado el 82% de estos ilícitos se concentran en Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
En delitos patrimoniales, en específico el robo representa el 40% de los registrados, afectando a Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
El Procurador reconoció que el delito de homicidio ha seguido la siguiente tendencia en los últimos cuatro años. En el 2006 fueron 238; en el 2007 alcanzaron los 308; en el 2008 sumaron 393 homicidios; y en el 2009 sumaron 498, es decir 41.5 homicidios por mes.
 
Durante 2010 se han registrado 554 homicidios debido principalmente a la delincuencia organizada, de esta cifra 40 ó 50 fueron delitos cometidos en otras entidades pero los cuerpos arrojados a Sonora, puntualizó.
 
En comparación en las entidades vecinas se reportan los siguientes datos en lo que va del año: Baja California la cifra es de mil 142 homicidios, en Sinaloa de mil 794 y en Chihuahua la cifra se eleva a 8 mil 890 delitos de este tipo.
 
De enero a octubre se han realizado 8 mil 412 consignaciones y ejecutado 446 órdenes de aprehensión lo que habla de eficiencia por parte de las corporaciones.
 
Destacó en materia de capacitación el contar con 122 peritos certificados, que serán determinantes en el éxito de la aplicación de los juicios orales.