San Luis Río Colorado, Son. 9 de mayo de 2011.- Temas como la capacitación de abogados postulantes, nuevos planes de estudio para universidades que imparten la carrera de Derecho y recursos suficientes para implementar el nuevo sistema de justicia penal oral fueron de las principales propuestas del Primer Foro Regional sobre las Reformas a los Procedimientos Penales del Estado de Sonora.
Además de la formación y preparación de policías municipales y peritos se expusieron durante el evento, en el cual dieron la bienvenida a los asistentes, los diputados Leslie Pantoja Hernández y Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, quienes destacaron la importancia de que el Poder Legislativo realice de manera integral el proceso de consulta pública en acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso del Estado.
La legisladora Pantoja Hernández expuso que con estas reformas se tiene el objetivo del esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
El diputado Marco Antonio Ramírez Wakamatzu al dar su mensaje invitó a los jóvenes
estudiantes a prepararse para en un futuro implementar el nuevo sistema de justicia en la entidad, que es dijo, urgente se instrumente en Sonora.
El diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, realizó una presentación de las principales características del proceso de reforma que consta de 552 artículos y 10 títulos, juicios públicos y orales, rápidos, transparentes y equitativos.
Destacó que el proceso penal será con estas reformas de carácter acusatorio oral, regido por los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.
Facilita, dijo, el derecho de acceso a la justicia, en particular, el derecho de las víctimas, al instaurarse la posibilidad de que en ciertos delitos puedan ejercitar acción penal directamente ante el juez, sin descuidar el derecho a la tutela judicial que asiste a las personas imputadas.
Se protege el derecho a la igualdad de las personas ante la ley, imponiendo al juez la obligación de garantizarlo. Además, los derechos de libertad, integridad y seguridad personales, desde el principio de dignidad de las personas, evitar
