Nogales, Son. 16 de mayo de 2011.- Cómo hará el Gobierno para sufragar los gastos que generará la reforma al sistema de justicia penal, cómo podrán resarcir los daños los inculpados que no cuenten con recursos, cuáles medidas se deberán implementar para la ejecución de las sanciones, fueron entre otros los cuestionamientos planteados durante el segundo foro regional de reforma al Código Procesal Penal.
Académicos, abogados litigantes, estudiantes de Derecho y ciudadanos estuvieron presentes en este evento realizado en la Universidad de Sonora, Campus Nogales, donde el diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, informó existe total apertura de los tres poderes del Estado para que les digan qué debe cambiar para contar en la entidad con un sistema penal acusatorio y oral de avanzada.
“Estamos abiertos al debate, a que nos digan esto hay que cambiar y para ello nos ayudan los planteamientos específicos, por eso yo les quiero dejar la tarea de que den lectura a los 552 artículos que contiene la iniciativa de nuevo Código de Procedimientos Penales para hacer los cambios específicos, y en la Comisión lo vamos a debatir, analizar y al final tomar la decisión juntos los tres poderes”, expresó.
Otras de las inquietudes presentadas durante el foro fueron relativas a las medidas que deberán implementarse para contar en el Estado con un sistema de justicia restaurativa, de qué manera se podrá controlar la actuación del Ministerio Público, si quedará estipulado un tiempo límite para el desahogo de pruebas y quién se hará responsable de los gastos que genere la atención a las víctimas del
delito.
Medidas como el uso de brazaletes para vigilar a las personas que no sean enviados a prisión fue otra de las propuestas, a lo que el magistrado Javier Enríquez Enríquez, en representación del Poder Judicial del Estado, dijo que eso se consideraría una vez sea reformada la Ley de Ejecución de Sanciones.
“Por ello hablamos también de justicia restaurativa, reparando el daño e imponiendo sanciones que puedan solucionarse de esa forma y de esa manera contribuir a que no exista hacinamiento en los penales”, expresó.
Además, sostuvo, el proyecto incluye la videograbación de las audiencias de las personas sujetas a un proceso ante el Juez.
El diputado Zepeda Vidales señaló por su parte tiene que haber un incremento considerable y paulatino para que se implemente este sistema, pero antes que nada deberá realizarse un diagnóstico que permita llegar a un punto en el que exista una mayor inversión para abrir los centros de justicia alternativa, para posteriormente continuar con la operación, modernización y seguir con la actualización de los jueces y magistrados.
El Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos agregó que los centros de justicia alternativa serán fundamentales, por lo que la idea es abrir más ya que sólo hay en Hermosillo y está por iniciar otro en Ciudad Obregón.
“Debe de haber un análisis presupuestal ya que muchas leyes adolecen de esa lamentable situación, eso nos lleva a dos cosas, por un lado, que en el análisis del presupuesto le asignemos presupuesto material y humano para cumplir con leyes como la de Atención de Víctimas del Delito, pero por otro lado, sí es el caso de otras leyes
debe haber un análisis presupuestal del impacto para que no se conviertan en letra muerta”, expresó.
Inversión en infraestructura, cambios organizacionales, reestructuración de perfiles, contar con especialistas en mediación, jueces, policías, ministerios públicos, capacitación y difusión de las reglas en materia de justicia penal, son entre otros los aspectos que comprende este proceso, señaló el diputado Zepeda Vidales.
La bienvenida a este foro estuvo a cargo del diputado Moisés Ignacio Casal Díaz, quien consideró se trata de un paso intermedio para que Sonora cuente con un sistema de justicia penal más efectivo, más justo y transparente.
“Un sistema donde exista la presunción de inocencia, donde se demuestre la responsabilidad y donde la oralidad garantice la justicia. Contiene la esencia de lo que ordena la reforma federal en la materia y ha sido enriquecido por los tres poderes del Estado”, aseveró el representante del Distrito V con cabecera en Nogales.
También representante de este municipio por el Distrito IV, el legislador David Cuauhtémoc Galindo Delgado reconoció el trabajo del diputado Zepeda Vidales y al Poder Judicial, que han encabezado los esfuerzos para que se le dé cumplimiento a la aplicación de las reformas al sistema de justicia penal acusatorio y oral.
En el presídium estuvieron presentes la maestra Rossana Basurto Álvarez, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad de Sonora, Campus Nogales; el catedrático Omar Martínez Báez, en representación del jefe de Departamento de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora y el Secretario del Ayuntamiento de Nogales.