Hermosillo, Son. 22 de junio de 2011.- Para regular el uso de líneas telefónicas por parte de los internos de los centros de readaptación social, así como sancionar la portación y uso de aparatos portátiles de comunicación celular en estos lugares, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el proyecto de dictamen respectivo.
Se trata del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad, así como del Código Penal para el Estado de Sonora.
Los integrantes de dicha comisión se reunieron previamente con la Comisión de Seguridad Pública, a fin de atender la visita del secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, Sergio Gutiérrez Luna, quien presentó una exposición sobre la iniciativa de ley de ejecución de sanciones que el pasado 17 de junio envió a este Poder el titular del Ejecutivo estatal.
De acuerdo al proyecto de dictamen que fue votado a favor por los diputados Damián Zepeda Vidales, presidente; Sara Martínez de Teresa, Bulmaro Pacheco Moreno, Otto Guillermo Claussen Iberri y Gorgonia Rosas López, secretarios, se trata de una iniciativa presentada por el diputado Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, quien propuso reformar el Artículo 38 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad, y adicionar un artículo 141 bis al Código Penal para el Estado de Sonora.
El proyecto establece que en el Estado se ha detectado que las llamadas de extorsión denunciadas en la primera mitad de 2010 provinieron, en su mayoría, de otros estados, además de que la mayor parte son generadas desde el interior de los centros de readaptación social, por lo que conscientes de la problemática de la extorsión telefónica, constantemente se buscan maneras de disminuir la facilidad de realizar este acto delictivo.
Refiere que en fechas pasadas, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, acordó instalar bloqueadores de celulares en 78 de los 429 penales del País, mismos que concentran el 75% de la población
penitenciaria total. Este programa es financiado con aportaciones del Gobierno Federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, así como de los gobiernos estatales.
“En Sonora ya se ha trabajado en esto, implementando tecnología para que se bloquee la señal de dichos aparatos con objeto de que se evite la extorsión telefónica desde el interior de los centros de readaptación social. Actualmente existen sistemas de bloqueo de señal de celulares en los principales centros penitenciarios del Estado, sin embargo, la tecnología cambia constantemente, migrando de lo analógico a lo digital y ahora a las tecnologías 3G y 4G”, destaca el dictamen.
Por ello se busca establecer las acciones necesarias para construir la coordinación necesaria entre los diversos órdenes de Gobierno, agrega, a fin de hacer un frente común, homogéneo e impenetrable contra la extorsión telefónica dentro de los reclusorios.
La penalidad que se impondría a quien porte o utilice un dispositivo portátil de comunicación electrónica en el interior del área de indiciados, pabellones o áreas comunes de un Centro de Readaptación Social, sería de tres a cinco años y de 100 a 300 días multa, sea interno, reo, visitante o abogado.
Buscan crear nuevo tipo de Juez
En su exposición ante los legisladores, el secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que la iniciativa de ley de ejecución de sanciones presentada por el titular del Ejecutivo toma como contexto la reforma a la Constitución Federal en sus artículos 18 y 21, para dar paso a un nuevo sistema de ejecución.
“Este sistema tiene como características principales el cambio de paradigmas en el que la autoridad administrativa de los centros penitenciarios tiene el poder de decisión sobre la duración de las penas de los sentenciados, siendo éstas quienes podían ordenar su libertad o conceder algún beneficio”, agregó.
El espíritu de la reforma busca la congruencia y faculta como protagonistas para ello al Poder Judicial, por lo que para lograrlo es necesario
crear un nuevo tipo de Juez que pueda conocer únicamente de este tipo de procedimientos, sostuvo el funcionario estatal.
“La iniciativa de ley que presentamos está estructurada de manera que atienda al espíritu de la reforma federal, acatando estas dos principales características, además de conjugar elementos que se han demostrado funcionales y activos en la legislación vigente, como la permanencia de los consejos técnicos interdisciplinarios y la autonomía de los directores de los centros para administrarlos”, puntualizó.
El diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, afirmó que la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo estatal forma parte de la reforma al sistema de justicia penal y se enfoca en la regulación de las penas y las medidas de seguridad, en que el Poder Judicial será el que intervendrá en el tema porque será un Juez el que decida si se beneficia, se revoca o se le dan beneficios de libertad anticipada a un reo.
“Y por último establece un nuevo sistema de reinserción social basado en el trabajo, en la capacitación, en la educación, en la salud y en el deporte. Escuchamos (en la exposición) que dan cumplimiento con esto a obligaciones que estableció la reforma constitucional y buscan un nuevo sistema de reinserción social, pero sobre todo, buscan cumplir que sea el Poder Judicial quien ahora decida la ejecución de las penas”, aseveró.
Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, se abocarán al análisis de la iniciativa y esperan poner en marcha una reforma de justicia penal positiva para los sonorenses, señaló, con juicios orales ágiles, transparentes, pero también un sistema de readaptación que se llamaría de reinserción.
En la reunión en la que se hizo la exposición también estuvieron presentes los diputados David Secundino Galván Cázares, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y los secretarios Leslie Pantoja Hernández, Carlos Heberto Rodríguez Freaner, Daniel Córdova Bon y José Guadalupe Curiel, y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el diputado Jorge Antonio Valdez Villanueva.