Hermosillo, Son. 27 de septiembre de 2011.- La admisión de la solicitud de remoción del consejero del CEE, Fermín Chávez Peñúñuri, así como la instrucción al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para que realice auditorías sobre la compra de derechos de agua y sobre el ejercicio de recursos del Presupuesto de Egresos de 2010, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Como había sido acordado por la Presidencia, a los tres dictámenes se les dio segunda lectura en esta sesión. En el caso del primero la primera lectura se efectuó el pasado 31 de agosto y los dos restantes en la plenaria del 22 de septiembre.
A nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Roberto Ruibal Astiazarán dio lectura al dictamen que resuelve admitir la solicitud de remoción contra el ciudadano consejero electoral propietario del Consejo Estatal Electoral, Fermín Chávez Peñúñuri, en virtud de que se han colmado los supuestos de admisión establecidos en el Artículo 366 del Código Electoral para el Estado de Sonora.
El Acuerdo, que se aprobó por mayoría, también establece no admitir la solicitud de remoción contra los ciudadanos consejeros electorales propietarios del Consejo Estatal Electoral, Hilda Benítez Carreón y Marcos Arturo García Celaya, al haber quedado sin materia el planteamiento de los comisionados de los partidos políticos Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, toda vez que ya no forman parte del multicitado órgano.
En el
resolutivo se acuerda notificar en forma inmediata al consejero objetado, con copia simple del escrito de objeción y sus anexos, para que en un término de cinco días hábiles, dé respuesta y aporte, en su caso, todos los elementos de prueba que considere pertinentes. Para la notificación se comisionó al personal de la Dirección General Jurídica de este Congreso del Estado.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado reiteró la postura del grupo parlamentario del PAN, por considerar una intromisión de este Poder a la autonomía del Consejo Estatal Electoral, así como un conflicto de intereses la aprobación del dictamen por parte de diputados que fungen como dirigentes de los partidos que promovieron la denuncia.
Enseguida se aprobó que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización realice una auditoría especial a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Estatal del Agua y a las demás dependencias y entidades estatales que correspondan, para conocer si dentro de las operaciones de compra o cesión de títulos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, o la figura jurídica utilizada para tal efecto, realizada por el Gobierno del Estado a diversos ciudadanos de los municipios de Granados y Huásabas, Sonora.
El diputado Faustino Félix Chávez leyó el dictamen presentado por la Comisión de Vigilancia del ISAF, que también busca determinar si la mencionada compra de derechos de agua se realizó conforme a los procedimientos legales aplicables al caso, especificando la existencia o no del
