Hermosillo, Son. 18 de octubre de 2011.- Diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron someter a votación en la siguiente sesión el proyecto de dictamen de la ley que crea el instituto estatal de planeación en desarrollo urbano, así como proseguir el análisis de las iniciativas para contar con un “gobierno digital” y la que crea el tribunal de conciliación y arbitraje.
Asimismo, en la reunión de la comisión, celebrada este día, los diputados votaron a favor de ratificar la solicitud de pruebas al Consejo Estatal Electoral (CEE), en relación al procedimiento de remoción del ciudadano Fermín Chávez Peñúñuri, integrante de dicho organismo encargado de conducir los procesos electorales en la entidad.
Al inicio de la reunión, Bulmaro Pacheco Moreno, presidente de la citada Comisión, cedió el uso de la voz a Damián Zepeda Vidales quien explicó que los principales objetivos de su iniciativa con proyecto de ley que crea el Instituto Estatal de Planeación en Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas son lograr una planeación de obra pública a largo plazo y la creación de dicha institución, con autonomía de gestión y participación ciudadana.
El diputado Zepeda Vidales señaló que presentará el proyecto final del dictamen en la sesión de la próxima semana para que sea sometido a votación y destacó que dicha iniciativa fue consensada con organismos empresariales y representa definir presupuesto para la operación de un banco de proyectos de
obras.
En otro tema, Pacheco Moreno solicitó la intervención de Alejandro Valdez Soto, jefe de la oficina de Innovación Gubernamental, en relación con la iniciativa de ley de Gobierno Digital, presentada por los diputados Gorgonia Rosas López, Natanael Guerrero López y Enrique Reina Lizárraga.
El funcionario informó que la política de contar con un gobierno digital involucra a municipios y a los tres poderes y el objetivo es fomentar el uso de la tecnología dentro y fuera del gobierno así como garantizar la ejecución de proyectos para eficientar el servicio público como la “ventanilla única” de atención a ciudadanos.
Los diputados César Augusto Marcor Ramírez y Faustino Félix Chávez, quienes pidieron explicación acerca de la “seguridad” de la firma digital contra la corrupción y la creación de mesas técnicas de análisis de dicha iniciativa, respectivamente.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación acordaron proseguir con el análisis del proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil, relativa a la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para atender casos laborales que involucran a servidores públicos y gobierno estatal o municipal.
Víctor Manuel Flores López, director jurídico del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), pidió agilizar la aprobación de dicha iniciativa, a fin de garantizar una pronta expedición de la justicia laboral en la rama del
servicio público.
Al respecto, el diputado Roberto Ruibal Astiazarán consideró necesario revisar el contenido del articulado de la Ley del Servicio Civil y reiteró que existe un rezago histórico en esta materia, incluso, ejemplificó que en algunos casos los trabajadores han logrado que se afecte a cuentas de los propios municipios, al obtener fallos favorables de la justicia.
Pacheco Moreno agregó que Sonora es el único estado que carece de este tipo de Tribunal y desde la aprobación de la citada Ley hace 34 años, ha venido operando con estas facultades el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que consideró necesario avanzar en el análisis de dicha iniciativa antes de definir el presupuesto de egresos del 2012.
Asimismo, los legisladores acordaron solicitar la opinión de la dirección jurídica en relación a la iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, relativo a la incorporación de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales al marco jurídico local.
Por último, los diputados aprobaron ratificar su solicitud de información ante el CEE en relación al procedimiento de remoción del consejero electoral, Fermín Chávez Peñúñuri, a fin de agregar dichas pruebas al expediente y desahogar el tema en Comisión.
Los legisladores Ruibal Astiazarán y Zepeda Vidales coincidieron en la necesidad de valorar los datos recabados, a fin de integrar un dictamen final por la citada Comisión.