Hermosillo, Son. 3 de noviembre de 2011. En la necesidad de ampliar el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia para 2012, a fin de dignificar espacios, fortalecer la capacitación de personal y equipamiento, coincidieron diputados y el titular de la dependencia Abel Murrieta Gutiérrez, durante su comparecencia ante el Pleno.
El diputado Carlos Heberto Rodríguez Freaner, presidente del Congreso del Estado, explicó al funcionario el esquema de interlocución con los legisladores, a fin de conocer más de los objetivos y logros alcanzados durante el ejercicio fiscal 2011.
Inició la ronda de preguntas el diputado Damián Zepeda Vidales con dos cuestionamientos: ¿qué recursos requerirá la implementación del nuevo sistema de justicia penal? y su punto de vista respecto a la prisión preventiva oficiosa a presuntos delincuentes.
En cuanto al primer punto, Murrieta Gutiérrez sostuvo que es impreciso afirmar que la delincuencia se abatirá con un nuevo sistema de justicia penal, que en todo caso debería tratarse de un cambio del sistema procesal penal. Aseguró que mediante un presupuesto suficiente, capacitación y servicios periciales eficientes cualquier sistema genera resultados.
Respecto al esquema de prisión preventiva oficioso conlleva en algunos delitos el riesgo de la inconstitucionalidad, por lo que opinó debe prevalecer la figura del arraigo. El legislador invitó al titular de la PGJE para que asista a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para analizar el nuevo sistema de justicia penal en definición.
El diputado Héctor Ulises Cristópulos Ríos solicitó exponer las necesidades y prioridades presupuestales a fin de considerarlas de cara al análisis del “paquete económico 2012”, el Procurador dijo que el actual presupuesto resultó insuficiente al igual que el personal ante el volumen de casos a atender.
Precisó que en la dependencia están adscritas 2 mil 125 personas mientras en 2004 eran 2 mil 174. Respecto al recurso económico indicó en 2009 ejercieron alrededor de 679 millones de pesos debido a recursos del fondo de apoyo para la seguridad pública del estado de Sonora, Foseg y en este año el presupuesto aprobado fue de 685 millones 803 mil pesos.
Para ejemplificar la carga de trabajo del personal de la Procuraduría, precisó que al año son atendidas unas 20 mil averiguaciones previas, un total de 85 servidores públicos atienden el área de víctimas del delito y se emiten más de 7 mil dictámenes periciales. En el estado de Sonora las agencias del ministerio público son las que mayor volumen de trabajo atienden en todo el país, puntualizó.
Murrieta Gutiérrez señaló como los principales retos:
ampliar la capacidad de atención en las diferentes áreas de la PGJE, brindar especial interés a narcomenudeo así como impulsar la ley de extinción de dominio para desalentar la comisión de estos ilícitos y los que están relacionados.
El diputado Daniel Córdova Bon pidió le explicara cuáles acciones puede mejorarse la procuración de justicia y específicamente qué se realiza para atender a mujeres afectadas por la delincuencia.
El Procurador precisó que en Sonora prevalece un rezago de 20% en la atención de casos, al reiterar que de las 100 agencias del ministerio público sólo 65 son investigadoras y el resto especializadas o adscritas. Señaló que diseñaron los centros de atención integral a mujeres víctimas del delito, pero la limitación presupuestal ha impedido su operación adecuada.
La diputada Sara Martínez de Teresa abordó el aspecto de profesionalización policiaca y los exámenes de control y confianza a los elementos. El funcionario resaltó que la convocatoria es abierta para la selección de nuevos elementos, quienes son capacitados en el Instituto de Seguridad Pública del Estado, ISPE así como mediante convenios con diversas instituciones nacionales y de Estados Unidos. Asimismo, resaltó que personal de la dependencia cursa su maestría en diferentes áreas.
El diputado Roberto Ruibal Astiazarán solicitó datos sobre los delitos de alta incidencia y alto impacto social así como la coordinación existente entre la Policía Estatal Investigadora y la de Seguridad Pública, derivada de la ley en la materia aprobada en junio pasado.
Murrieta Gutiérrez aseguró que en la entidad los ilícitos como el secuestro y el homicidio muestran una reducción respecto a años anteriores y comparativamente a datos de entidades como Sinaloa, Chihuahua o Nuevo León.
Reconoció que en Ciudad Obregón aumentó la tasa de homicidios en 78% y en Nogales y Hermosillo persisten el robo en casa habitación y de vehículos. Reconoció que está en marcha el proceso de operación coordinada de las corporaciones policiacas en Sonora.
El legislador Moisés Ignacio Casal Díaz solicitó conocer el proyecto de inversión en espacios de la PGJE a fin de otorgar a los ciudadanos una justicia pronta y expedita. El funcionario estatal mencionó que en Ciudad Obregón opera un centro integral de procuración de justicia con agencias de ministerios públicos, servicios periciales, cámara de identificación y celdas, donde las condiciones de las instalaciones mejoran en 40% la eficiencia de operación del personal.
Citó que requieren una inversión cercana a los 40 millones de pesos para la habilitación de edificios similares en Hermosillo y Cajeme.
El diputado Faustino
