nov 15 2011

Aprueba el Pleno nueva Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural

                                                Hermosillo, Son. 15 de noviembre de 2011.- El patrimonio cultural sonorense quedará protegido y se destinarán recursos para la restauración y cuidado de los lugares y edificaciones que son de suma importancia para la historia de la entidad, al aprobarse este día por el Pleno la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora.

Además fue aprobada una iniciativa a fin de exhortar a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como al Presidente Municipal de Empalme, con el fin de que se realicen todas las acciones necesarias para evitar daños a la salud de la población por la operación, a cielo abierto, del denominado “Basurón” ubicado en la comunidad de Maytorena de dicho municipio, misma que fue promovida por el diputado César Augusto Marcor Ramírez.

En la misma sesión, el presidente de la mesa directiva, Carlos Heberto Rodríguez Freaner, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora presentada por el grupo parlamentario del PAN, a la que dio lectura el diputado Félix Rafael Silva López.

Por su parte el diputado Alberto Natanael Guerrero López presentó, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PANAL y PVEM, un posicionamiento con relación al programa Creser del Gobierno del Estado.

Es Ley respuesta a vacío legal
Correspondió al diputado Daniel Córdova Bon, a nombre de la Comisión de Educación y Cultura, dar lectura al dictamen con proyecto de Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora, la cual retoma lo que ya se encuentra funcionando en la materia y lo refuerza, además de reconocer la garantía constitucional de derecho de acceso a la cultura.

Otros puntos que contiene la nueva Ley son los siguientes:

•	Toma en consideración lo que marca la legislación en materia indígena, reconociendo los derechos indígenas y estableciendo apoyos para la promoción de la cultura;
•	Privilegia la participación ciudadana aumentando el número de integrantes representantes de artistas e intelectuales del ámbito cultural, en el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, de uno a cinco;
•	Reconoce y refuerza el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, que
                                            
                                                funciona desde 1993;
•	Da fuerza legal al Cronista Municipal, figura básica y necesaria para la promoción de la historia y legado cultural de los municipios;
•	Establece la obligatoriedad del Estado de fomentar la lectura entre los sonorenses.

El diputado Córdova Bon explicó que esta Ley es una respuesta al vacío legal que existe a nivel estatal y que no puede ser cubierto por lo que marca la legislación federal en la materia.

“En la actualidad vemos que nuestro patrimonio cultural compuesto por lugares y edificaciones que son de suma importancia para nuestra historia son descuidados y dejados a su suerte porque no se destinan recursos para su restauración y cuidado”, expresó.

El Presidente de la Comisión de Educación y Cultura agregó que recibieron y tomaron en cuenta observaciones por parte de personalidades del ámbito cultural, como la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Poly Coronel Gándara; de los periodistas Carlos Moncada Ochoa y Mario Munguía, así como de la Asociación de Cronistas de Sonora, entre otros.

El otro punto aprobado del Orden del Día fue la iniciativa que resuelve emitir un exhorto a los titulares de la Delegación en Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Empalme, para que realicen las acciones necesarias con relación a la operación del denominado “Basurón”.

El diputado César Augusto Marcor Ramírez expuso que con esto se busca evitar daños en la salud de la población de la comunidad Maytorena, en el ejido del mismo nombre, municipio de Empalme, por la contaminación del aire, el suelo, el subsuelo y los acuíferos de la zona, provocados por la operación del tiradero a cielo abierto.

Sostuvo que la iniciativa es motivada por diversas denuncias presentadas por la asociación “México, Comunicación y Ambiente, A.C.”, ya que “los hechos que se registran diariamente en el  lugar muestran cómo la combinación de ignorancia y corrupción de los funcionarios municipales llega a generar grandes daños, no sólo a los recursos naturales como el suelo, el subsuelo y probablemente el acuífero superficial de la zona”.

Necesario relleno sanitario en Empalme
Se tiene conocimiento que la empresa privada denominada “Reciclados Integrales S.A.
                                            
de C.V.”, que se encarga de recolectar aproximadamente 300 toneladas al mes de residuos de manejo especial de empresas públicas y privadas asentadas en el municipio de Guaymas,  dispone de dichos residuos en el tiradero a cielo abierto, dijo, en lugar de disponerlos en un relleno sanitario, violando la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

En la discusión de este tema participaron los diputados Héctor Moisés Laguna Torres, Marcor Ramírez, David Cuauhtémoc Galindo Delgado y Eloísa Flores García. El diputado Marco Antonio Ramírez Wakamatzu propuso y fue aceptado adicionar en el exhorto a la Comisión de Salud del Estado de Sonora.

Enseguida el diputado Félix Rafael Silva López presentó, a nombre del grupo parlamentario del PAN, la iniciativa de decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con el propósito de agravar los delitos de homicidio y lesiones cometidos en perjuicio de servidores públicos al servicio de la seguridad pública.

Propuso la adición del artículo 244 Bis y una modificación al Artículo 258 del Código Penal en los capítulos I y II, a fin de establecer como agravantes para tales delitos, cuando el sujeto pasivo tenga la calidad específica de servidor público al servicio de las tareas de seguridad pública y administración de justicia, así como aumentar en cinco años la pena mínima que corresponda por el delito de lesiones cometidas en agravio de dichos servidores públicos, y para el delito de homicidio se propone aumentar la pena mínima en la misma cantidad de años para quedar de 30 a 50 años, respectivamente.

Como último punto del Orden del Día, el diputado Alberto Natanael Guerrero López presentó un posicionamiento por medio del cual los grupos parlamentarios del PRI, PANAL y PVEM, hacen un llamado al titular del Ejecutivo estatal para que realice las acciones necesarias a fin de que los servidores públicos de las distintas dependencias a su cargo se apeguen a lo que establecen las leyes, y para que tome las medidas legales para castigar a los responsables de la presunta comisión de delitos.

Esto con relación a la detención, el pasado domingo en el Estado de Michoacán, de varias personas que laboran en diversas dependencias del Gobierno del Estado y a quienes presuntamente se les acusa de incurrir en delitos electorales.