Hermosillo, Son. 15 de diciembre de 2011.- Con la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, que contiene los principios derivados del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, además de reformas al Código Penal para agravar el delito de abandono de menores y el de fraude, falsificación y robo de vales, fue clausurado el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.
En la misma sesión se llevó a cabo la elección de la mesa directiva de la Diputación Permanente y se aprobaron dos iniciativas: una del diputado Vicente Javier Solís Granados, la que resuelve exhortar al Congreso de la Unión a fin de que reforme el marco normativo relativo a las percepciones de los trabajadores, y la otra presentada por la mesa directiva, con Acuerdo en relación al cómputo de votos de la aprobación de la Ley 169 que reforma el párrafo tercero del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
En el desarrollo de la sesión, el presidente de la mesa directiva, diputado Roberto Ruibal Astiazarán, informó que como fue aprobado en la plenaria del pasado martes, este día sería sometido a discusión el dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de Código de Procedimientos Penales, asunto que fue aprobado por unanimidad del Pleno.
El nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Sonora surge del estudio y análisis de la propuesta que fue presentada como trabajo final de los tres poderes del Estado y que engloba la visión de operadores del Derecho, legisladores, miembros de órganos jurisdiccionales e investigadores, mismo que fue presentado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Incorpora al marco jurídico estatal, los principios, derechos e innovaciones derivadas de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, la cual abrió un nuevo capítulo en la vida jurídica de la Nación, mediante un proceso penal de carácter acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad, igualdad de las partes y concentración.
“Estos principios previstos en el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son fundamentales para la realización del nuevo proceso, que tiene por objeto proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, destaca el dictamen.
Las nuevas disposiciones constitucionales y en las cuales se basó este Código establecen el derecho de toda persona imputada a un juicio previo, con acceso inmediato a la justicia como requisito para imponer una pena o medida de seguridad, lo cual implica lo siguiente:
• Respeto irrestricto a los derechos procesales, como la imparcialidad e independencia del Juez o Tribunal;
• Presunción de inocencia;
• Esclarecimiento judicial de los hechos con inmediación
procesal;
• Concentración y continuidad en el desahogo de la prueba;
• Resolución del juicio dentro de un plazo razonable;
• Derecho irrenunciable a la defensa;
• Igualdad de oportunidad entre las partes para demostrar sus respectivas posturas en juicio y la contradicción de éstas.
Se deja establecido que la inobservancia de una garantía regulada a favor del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio, además el nuevo Código de Procedimientos Penales también se fundamenta en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Senado de la República, la aplicación supletoria de los principios generales del Derecho y, en su caso, las normas relacionadas del Código Civil y Procesal Civil del Estado.
El documento plantea la autonomía del Ministerio Público y, bajo su conducción y mando, la Policía, en la investigación técnica y científica de los delitos; exige la intervención de un Juez de control que tutele los derechos constitucionales y procesales del imputado y la víctima, con igualdad, imparcialidad y prontitud.
“Para ello, el imputado, como sujeto de derechos, requiere el de defensa y, consecuentemente, los de presunción de inocencia, libertad, dignidad, participación, protección de su intimidad y privacidad, tutelados por este Código”, dice el dictamen que también destaca que el nuevo Código Procesal Penal facilitará el derecho de acceso a la justicia, en particular, el derecho de las víctimas, al instaurarse la posibilidad de que en ciertos delitos puedan ejercitar acción penal directamente ante el Juez, sin descuidar el derecho a la tutela judicial que asiste a las personas imputadas.
El nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora consta de 552 artículos y entrará en vigor el 18 de junio de 2016.
A nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la misma, afirmó ante el Pleno que este esfuerzo de los tres poderes del Estado es un ejemplo de reformas importantes para impulsar un tema de Estado en materia del nuevo Sistema de Justicia Penal.
El diputado Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, secretario de la Comisión, reconoció que a través de estas reformas, el Estado de Sonora ha dado un paso enorme en la materia y se adapta al nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en vigor en 2016, por lo que propuso que para iniciar la difusión del Código, la administración de este Poder Legislativo emita una edición impresa.
Sancionarán falsificación y robo de vales, y abandono de menores
En la misma sesión se aprobaron dos dictámenes con proyecto de decreto para reformar y adicionar el Código Penal para el Estado de Sonora, el primero con base a una iniciativa presentada por los diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PANAL y PVEM, a fin de castigar las conductas derivadas de la falsificación y robo de vales canjeables por bienes y servicios,
