Hermosillo, Son. febrero 3 de 2012.- La Diputación Permanente emitió este viernes un exhorto dirigido al Presidente Municipal de Hermosillo y al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que instruyan a quienes laboran en dicha Dirección, a que en el ejercicio de sus funciones respeten los derechos humanos y las garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, a solicitud del diputado César Augusto Marcor Ramírez, quien presentó en la sesión de este día una iniciativa con punto de acuerdo para exhortar, además, a las mismas autoridades a que instruyan al personal a su cargo a fin de que implementen programas de capacitación sobre límites y alcances de su actuación en la detención de personas, sensibilización, manejo de emociones, responsabilidad en el ejercicio de la función pública y todo aquello que sirva para lograr un mejor manejo en el trato con los detenidos y un mejor servicio.
El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputado Otto Guillermo Claussen Iberri, cedió el uso de la voz al diputado Marcor Ramírez quien expuso su preocupación por las constantes
denuncias que ciudadanos han interpuesto contra elementos de la Policía Municipal y que han merecido recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin que se conozca si éstas han sido atendidas por el Ayuntamiento capitalino.
En virtud de ello pidió emitir un exhorto para tratar de frenar las conductas inapropiadas y el abuso de autoridad que varios elementos han venido cometiendo en perjuicio del ciudadano. El exhorto fue aprobado por unanimidad.
Presenta iniciativa contra discriminación
Como segundo punto del orden del día, el Presidente de esta Soberanía dio el uso de la voz al diputado Damián Zepeda Vidales, quien presentó una “iniciativa con proyecto de ley que previene y combate los actos de discriminación en el Estado de Sonora”.
Esta iniciativa, señaló, busca prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
En su exposición de motivos, la propuesta establece que “los poderes públicos deberán eliminar aquellos obstáculos que
limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural, social y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.
La iniciativa con proyecto de ley dicta que los poderes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo acciones para la igualdad de oportunidades en favor de mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas indígenas.
La propuesta incluye incentivos fiscales para las empresas que mantengan el empleo o promuevan la contratación de personas adultas mayores, eleva a 5% la cantidad de plazas que las instituciones deberán ocupar con personas con discapacidad en contrataciones nuevas, fomentar el uso de un lenguaje no sexista; preferir, en los casos en que exista igualdad de condición, a las mujeres en la contratación, formación y ascenso cuando se encuentren subrepresentadas en categorías concretas de trabajo, entre otras.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.