Hermosillo, Son. agosto 15 de 2012.- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó este miércoles por unanimidad el dictamen con proyecto de ley de ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad del Estado de Sonora, con lo que concluye con el análisis de las iniciativas que le han sido turnadas para cumplir con la reforma al Sistema de Justicia Penal.
Este dictamen continuará su proceso legislativo y pasará a la Comisión de Seguridad Pública, a donde también fue turnada la iniciativa, a fin de que sea analizada y, en su caso, aprobada para posteriormente ser discutida en el Pleno.
El diputado Damián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hizo una exposición general de las principales observaciones que recibió la iniciativa enviada por el Ejecutivo y adicionada con las presentadas por los diputados Daniel Córdova Bon y Vicente Javier Solís Granados.
Asimismo dio a conocer el resultado del análisis de la mesa técnica integrada
por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han analizado y acordado todos los dictámenes relativos a la reforma integral al sistema de justicia penal y que el lunes pasado revisó y observó la iniciativa.
El diputado Zepeda Vidales explicó que la esencia de esta Ley es cambiar al Poder Judicial la facultad para conocer de los procedimientos en materia de modificación y duración de penas privativas de la libertad y medidas de seguridad, impuestas a sentenciados que se encuentren internos en centros dentro y fuera del Estado, que actualmente ejerce el Ejecutivo, y que sean los jueces de Ejecución quienes tengan competencia.
Además de que con esta nueva Ley, “la figura del Juez de Ejecución de Sentencias deberá observar la legalidad de la ejecución de las sanciones penales, su modificación y duración, control y vigilancia del cumplimiento adecuado del régimen penitenciario y que se dé solución a las controversias que se susciten entre la autoridad penitenciaria local y
los particulares”, expuso.
Con las iniciativas de los diputados Córdova Bon y Solís Granados se busca, por una parte, una consideración a los reos adultos mayores que hayan cumplido la mayor parte de su sentencia y siempre que no hayan sido sentenciados por delitos graves como homicidio, secuestro, asociación delictuosa, entre otros, para que culminen su pena en su domicilio, cuando no representen peligro para la sociedad y hayan pasado por una etapa de reinserción social y, por otra parte, que dicha reinserción sea un proceso de capacitación y formación integral que implique una evaluación clínica, legal y psicológica.
En la reunión estuvieron además los diputados Bulmaro Pacheco Moreno, Moisés Casal Díaz, Jorge Antonio Valdez Villanueva, César Augusto Marcor Ramírez y Faustino Félix Chávez, quienes coincidieron en la urgencia de discutir esta iniciativa en el Pleno antes de que finalice la 59 Legislatura, para dejar concluido el tema de la reforma al sistema de justicia penal.