Hermosillo, Son. 11 de septiembre de 2012.-Con la aprobación de las reformas y adiciones a diversas disposiciones del orden jurídico estatal, y de una nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, la LIX Legislatura del Estado de Sonora concluyó la homologación al nuevo sistema de justicia penal que parte de la reforma constitucional federal obligatoria para los estados.
Las leyes de Atención y Protección a Víctimas del delito, Orgánica de la Defensoría de Oficio, de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el Código Penal para el Estado de Sonora, forman parte de esta adecuación normativa, cuyos dictámenes fueron presentados al Pleno en sesión extraordinaria por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Además se aprobó otro dictamen presentado por diversas comisiones de dictamen legislativo, con punto de Acuerdo mediante el cual se desechan diversos asuntos que les fueron turnados, mismo que fue leído por el diputado Daniel Córdova Bon, y se votó a favor de tres decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Educación, de la Que Determina las Bases de Operación de las Casas de Empeño y de Integración Social para las Personas con Discapacidad del Estado de Sonora.
Y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el presidente de la mesa directiva para esta sesión extraordinaria, diputado David Secundino Galván Cázares, turnó una iniciativa de decreto que reforma el Artículo 64 de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentada por el diputado Jorge Antonio Valdez Villanueva.
En la mesa directiva participaron también los diputados Reginaldo Duarte Íñigo, como vicepresidente; Jesús Alberto López Quiroz, como primer secretario; José Guadalupe Curiel, como segundo secretario y Pedro Guillermo Mar Hernández, como suplente.
Los dictámenes que adecuan diversas disposiciones al nuevo sistema de justicia penal fueron leídos por los diputados María del Refugio Velázquez Quijada, Pedro Guillermo Mar Hernández, Blanca Luz Saldaña López, Lydia Moroyoqui Barreras y Madeleine Bonnafoux Alcaraz.
El primer dictamen, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito, modifica la terminología y establece nuevas figuras jurídicas para su correcta implementación, además de generar en la norma los dispositivos que garanticen a las víctimas u ofendidos la asesoría y auxilio necesario, inclusive empleando nuevos procedimientos diferentes al juicio.
Además establece mecanismos que velan por el respeto a la dignidad de la persona, el respeto a la intimidad y protección de la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, la restricción de la publicidad de las audiencias por motivos de
protección, a contar con un asesor jurídico, de Oficio cuando no pueda designar uno en particular, entre otras.
El dictamen que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio modifica dispositivos que van desde su denominación, su estructura administrativa, requisitos para su ingreso y permanencia, atribuciones, obligaciones y sanciones de los servidores públicos que prestan sus servicios en esa institución, aspectos en la gratuidad de su función y otros.
El establecimiento en la norma del deber de los jueces, ministerios públicos y policía, de facilitar la solución de conflictos a través de estos medios, es lo que establece el dictamen que reforma y adiciona la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Sonora.
También modifica la organización y estructura de los centros de justicia alternativa y los requisitos legales que se necesitan para el desempeño de algún cargo en estas instituciones, así como las formas anticipadas de terminación de proceso penal, ya que este tipo de herramientas coadyuvarán a despresurizar el nuevo sistema y evitar que todos los asuntos tengan que llegar a juicio y a una sentencia.
Por su parte el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora adopta un sistema acusatorio adversarial que tiene como base la igualdad entre las partes, contempla un nuevo sistema acusatorio y oral de avanzada, amplía los derechos fundamentales de los que intervienen en este proceso y ratifica la inclusión de mecanismos alternativos de solución de controversias, con aseguramiento de la reparación del daño.
Respecto a la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, incluye lo relativo a las atribuciones correspondientes al Juez de Ejecución de Sentencias, quien tiene la encomienda de la vigilancia del tratamiento penitenciario, para efectuar las modificaciones a las penas impuestas y quien atenderá las necesidades que el concepto de reinserción social implica.
Establece las figuras del Defensor de Oficio o Privado y el Ministerio Público, garantizando que en el proceso de ejecución de sentencias se respeten los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, además se priorizan los regímenes ocupacional, de capacitación para el trabajo, educativo, de asistencia tanto médica, psicológica como psiquiátrica y las actividades deportivas como herramientas para mejorar el nivel cultural.
Incluye los aspectos relativos a las bases de clasificación para todos aquellos que ingresan a prisión, atendiendo fundamentalmente a su situación jurídica y características tanto personales como económicas, los lineamientos que deberán observarse, así como los estudios que deberán efectuarse a los internos de
