Hermosillo, Son. 20 de septiembre de 2012.- Las comisiones de dictamen legislativo y las de Vigilancia y de Administración quedaron integradas conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en sesión en la que se aprobaron otros tres acuerdos dirigidos al titular del Ejecutivo Estatal y diversas autoridades; a la Procuraduría General de la República y al Director General del ISSSTE.
En la segunda sesión ordinaria de la LX Legislatura, el Orden del Día presentó en primer término una iniciativa de las diputadas Karina García Gutiérrez y Guadalupe Adela Gracia Benítez, para que este Poder Legislativo emita un atento exhorto al Ejecutivo del Estado, con el propósito de que aborde y dé solución a la problemática en torno al aumento del costo de la caseta de cobro de la autopista Santa Ana-Altar, cuyo costo anterior era de 66 pesos y hoy está en 93 pesos.
El Acuerdo también contiene otro exhorto al titular del Ejecutivo estatal, a efecto de que requiera a la empresa ZONALTA S.A. de C.V., la información necesaria para que informe a esta Soberanía de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que administra la concesión de la autopista Santa Ana-Altar, así como que dicha comisión haga entrega de todos los informes con relación a los aumentos de tarifa de la caseta de cobro de dicha autopista.
Al mismo Ejecutivo del Estado se le exhorta a que realice las acciones pertinentes orientadas a la creación de un programa de tarifa cero para los residentes del municipio de Trincheras, lugar de ubicación de la caseta, para que se implemente un programa permanente de descuento para todos los residentes de la región del Desierto del Altar y para la creación de un programa para la instalación de servicios a lo largo de la autopista.
Otros exhortos están dirigidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a propuesta del diputado Carlos Ernesto Navarro López, al Acuerdo se le adicionó un punto en el sentido de que este Poder instruya a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que retome los exhortos, reclamos y pronunciamiento, en diferentes momentos y legislaturas, acerca de la existencia misma de las casetas, la ausencia de libramientos en algunos casos y los abusos en los incrementos de tarifas.
Otra adición la propuso el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, a efecto de que el Congreso del Estado instruya a la Dirección General Jurídica de este Poder Legislativo, a que analice las violaciones legales o hechos que violen normatividad o Ley alguna, para que se les dé seguimiento con las acciones jurídicas correspondientes, y así evitar
responsabilidades de esta Legislatura.
Aprueban acuerdos por unanimidad
El siguiente punto fue la iniciativa con punto de Acuerdo que, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, leyó el diputado Abraham Montijo Cervantes, para que esta Soberanía solicite a la Procuraduría General de la República, PGR, ejerza y cumpla con sus atribuciones legales, en torno al arma utilizada en el homicidio del diputado electo, Eduardo Enrique Castro Luque.
Expuso que para privar injustamente de la vida a esta persona se utilizó un arma de las reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que derivado de lo establecido en diversas disposiciones de la referida norma federal, este tipo de arma tiene prohibida su posesión, portación y uso de los ciudadanos de la República Mexicana, salvo las excepciones que la misma Ley prevé.
Agregó que la posesión, portación y uso de un arma como las señaladas, le corresponde su investigación al representante social federal, por tratarse de la violación a una disposición federal y más cuando este tipo de armas son utilizadas para cometer una conducta que la Ley penal sanciona.
Para fundamentar la propuesta destacó el Artículo 10, segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, los artículos 8, 11 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el Artículo 4, fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
“En atención a lo anterior consideramos que la Procuraduría General de la República, en pleno uso de sus facultades legales, debe asumir su responsabilidad de actuar en este asunto, toda vez que conforme a las disposiciones invocadas, se viola una disposición legal federal y su participación será de gran ayuda para esclarecer el acto tan reprochable que nos ocupa”, establece el Acuerdo.
El tercer asunto aprobado fue la iniciativa presentada por los integrantes de la CRICP, en unión de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo a efecto de que el Congreso del Estado de Sonora resuelva exhortar al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como al Delegado en el Estado de dicha institución, con el fin de que lleven a cabo las acciones legales necesarias para que se inicie la construcción de un nuevo hospital al Poniente de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
A nombre de quienes firman la propuesta, el diputado Ismael Valdez López leyó ante el Pleno que debido al crecimiento constante de la