Hermosillo, Son. 14 de mayo de 2013.- La obligatoriedad de la Educación Preescolar y la Media Superior quedó establecida en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, al aprobar el Pleno por unanimidad el Decreto de reforma, con lo cual se adecua a lo que establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General de Educación.
Con esto se da cumplimiento a lo que establece el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Sonora: “La Educación en Sonora se ajustará a los principios y términos que se consignen en la Constitución General de la República”.
De esta manera, el sistema educativo local será manejado bajo directrices actualizadas, congruentes con los tiempos que se viven, tanto a nivel nacional como internacional, y a la vanguardia, que le permitirán al Estado no quedar rezagado y en desventaja con la Educación que se imparte en otras entidades del País, destaca el dictamen presentado por la Comisión de Educación y Cultura, al que dio lectura el diputado Ismael Valdez López.
El documento establece que la Educación debe cumplir con varios requisitos para ser considerada de calidad, entre los que se encuentran que sea actual, incluyente e integral, de manera que cuente con contenidos que sean acordes a la realidad; debe estar disponible y ser de fácil acceso para todos, y debe desarrollarse de manera general dentro del marco de las necesidades de la sociedad a la que va dirigida.
Valdez López expuso de manera general ante el Pleno algunas de las reformas y adiciones que se le hicieron a la Ley de Educación para el Estado de Sonora, entre las que destacó, además de la obligatoriedad de la Educación Preescolar y la Media Superior, la introducción de los conceptos de calidad y eficiencia en la prestación del servicio educativo, la inclusión de la cultura de la legalidad, de la paz y de la no violencia; la protección y conservación del medio ambiente.
Como nuevos derechos y obligaciones de los padres de familia mencionó: enviar a sus hijos, hijas o pupilos a cursar la Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como informar a las autoridades educativas los cambios de conducta y actitud de los alumnos, y las
irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico que ocasione perjuicios, daños o cambios ocasionados en los menores.
En cuanto a los docentes y autoridades educativas, deberán informar inmediatamente sobre la comisión de un delito en agravio de las o los estudiantes, además de la comisión de infracciones a quienes prestan servicios educativos, tanto en escuelas públicas como privadas.
Presentan acuerdos, iniciativas y posicionamientos
En la sesión ordinaria de hoy también fueron aprobados tres acuerdos: con relación a la operación de casinos en Sonora, las tarifas eléctricas y una obra de rehabilitación en el municipio de San Luis Río Colorado.
El primero fue presentado por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objeto de que ningún ente gubernamental autorice la instalación de más establecimientos de juego o centros de apuestas denominados “casinos” en el Estado de Sonora, con la finalidad de combatir la ludopatía.
A favor de la iniciativa hicieron uso de la voz los diputados Mireya Almada Beltrán, Humberto Jesús Robles Pompa, Raúl Augusto Silva Vela y Alejandro García Rosas, y propusieron adiciones a la propuesta, mismas que fueron aceptadas, los diputados Luis Ernesto Nieves Robinson Bours, Abraham Montijo Cervantes, Luis Alfredo Carrazco Agramón, Abel Murrieta Gutiérrez, José Carlos Serrato Castell y José Luis Marcos León Perea.
Las propuestas van en el sentido de atender el problema de salud que representa la ludopatía en el Estado; exhortar a los ayuntamientos a que exijan a los responsables de los casinos cumplan con los compromisos adquiridos con anterioridad a su arribo al gobierno municipal; que los legisladores se den a la tarea de estudiar la Ley de Salud, el Código Fiscal y la Ley de Protección Civil, así como establecer medidas de prevención en los centros de este tipo, entre otros.
El segundo Acuerdo fue propuesto por el diputado Baltazar Valenzuela Guerra, en el sentido de que este Poder Legislativo exhorte al titular del Poder Ejecutivo, al Secretario de Hacienda y Crédito Público de la Federación, y a los integrantes de la Junta de Gobierno de la
Comisión Federal de Electricidad para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, decreten una nueva tarifa 1F y 1E.
La propuesta fue apoyada por los diputados José Luis Marcos León Perea, José Abraham Mendivil López, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, Alejandro García Rosas, Mireya Almada Beltrán, Humberto Jesús Robles Pompa y Carlos Enrique Gómez Cota.
El tercer Acuerdo se refiere a que el Congreso exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que dispongan del recurso necesario para que, a la brevedad posible, sea finalizada la obra de rehabilitación de la avenida Obregón de San Luis Río Colorado, como inicialmente estaba planteada. Lo promovió el diputado José Everardo López Córdova.
En la misma sesión, la Presidencia turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, una iniciativa con proyecto de ley que adiciona un párrafo séptimo al Artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sonora. Fue presentada por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, a fin de elevar a rango constitucional el derecho al Deporte en Sonora.
El diputado Carlos Enrique Gómez Cota presentó otra iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo X y un artículo 33 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que los menores tengan derecho a una vida libre de violencia, ya sea física o psíquica, así como a no ser sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También propuso una reforma al Artículo 258 del Código Penal para el Estado de Sonora, con el fin de establecer que cuando un homicidio sea cometido a propósito de una violación, allanamiento de morada, asalto, secuestro o cuando sea cometido en contra de la víctima por condición de género, se sancione con prisión de 25 a 50 años. La iniciativa se envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Además se presentaron tres posicionamientos: del diputado José Luis Marcos León Perea, con relación al General Abelardo L. Rodríguez; de la diputada Hilda Alcira Chang Valenzuela, sobre la conmemoración del Día del Maestro, mismo tema del que habló el diputado Ismael Valdez López.