jun 11 2013

Escucharán a menores en juicios de familia

                                                Hermosillo, Son. 11 de junio de 2013.- Por primera vez en la historia del Congreso del Estado, una propuesta presentada por los diputados infantiles es retomada y aprobada por este Poder, a fin de establecer en el Código de Familia que todo niño tiene derecho a ser escuchado en cualquier causa administrativa o judicial que le afecte.

Aprobado por unanimidad del Pleno e impulsado por el diputado Samuel Moreno Terán, quien el pasado 2 de mayo propuso a la asamblea crear un grupo de trabajo para analizar, estudiar, discutir y, en su caso, determinar la viabilidad de la propuesta que el Congreso Infantil presentó el pasado 30 de abril, dio lectura a la iniciativa que adiciona un Artículo 8 Bis al Código de Familia para el Estado de Sonora.

“Todo niño tiene derecho a ser escuchado en cualquier causa administrativa o judicial que le afecte, en forma directa y libre cuando su desarrollo le permita expresarse en forma razonada, a juicio de la autoridad que conozca del asunto, o por medio de representante. Su opinión será tomada en cuenta en razón de su edad y madurez, atendiendo siempre al interés superior del mismo”, establece la adición.

Moreno Terán expuso ante el Pleno que los 33 diputados infantiles resolvieron exhortar a los tres poderes de gobierno para que analizaran la viabilidad de sus intervenciones en el proceso de otorgamiento de la patria potestad y custodia en los procesos de divorcio, razón por la cual se integró un grupo de trabajo con la participación de legisladores para dar seguimiento a la propuesta.

El grupo de trabajo estuvo integrado por él mismo y por los diputados Abraham Montijo Cervantes, Mónica Paola Robles Manzanedo, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, Karina García Gutiérrez, Ismael Valdez López y Carlos Ernesto Navarro López, y se contó con el análisis de diversos expertos y académicos en materia familiar, y con ayuda de la Dirección de Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora.

Este grupo acordó el pasado 5 de junio adicionar un Artículo 8 Bis al Código de Familia, en los términos arriba referidos, y también para que a fin de
                                            
                                                preservar su estabilidad emocional, el menor será escuchado en privado por el Juez, apoyado por un psicólogo en áreas especiales para este propósito y mediante conversaciones informales, y para evitar conflictos de lealtades, no se dejará constancia de la opinión del menor cuando se trate de conflictos que involucren a sus padres.

Por unanimidad también fue aprobada la iniciativa con punto de Acuerdo para que este Poder Legislativo resuelva citar a comparecer ante el Pleno al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con el objeto de que explique a esta Soberanía la situación que guarda actualmente el Sistema Estatal de Salud.

A nombre de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, el diputado José Luis Marcos León Perea, dio lectura a la propuesta en la que recordó que el pasado 28 de mayo presentaron un posicionamiento referente a la situación de los servicios de Salud del Estado de Sonora, en el cual solicitaron la comparecencia del titular de Salud.
El Acuerdo resuelve, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXVII Bis del Artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Sonora, citar a comparecer a las 12:00 horas del martes 18 de junio del presente, al Secretario de Salud con el objeto de que explique la situación que guarda actualmente el Sistema Estatal de Salud.

Iniciativas a comisiones
El presidente de la mesa directiva, Humberto Jesús Robles Pompa, dio turno a comisiones a cuatro iniciativas presentadas durante la sesión plenaria de hoy, siendo la primera de éstas la que dio a conocer el diputado José Abraham Mendivil López, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 64, fracción XLIII Bis de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Explicó que el objetivo es que entre las facultades del Congreso para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten en la administración pública estatal y los particulares, se le agregue imponer sanciones a los servidores públicos por su
                                            
responsabilidad administrativa que determine la Ley.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que a la de Justicia y Derechos Humanos se envió otra presentada por el diputado Carlos Enrique Gómez Cota, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

El legislador consideró como impostergable que este Poder Legislativo atienda la problemática que representa el riesgo al que se exponen los menores en el uso del Internet, actualizando las normas jurídicas necesarias para hacerla una herramienta que propicie políticas públicas de prevención del delito y genere condiciones más favorables para un desarrollo sano e integral de las niñas, niños y adolescentes.

A las comisiones Primera y Segunda de Hacienda turnó la Presidencia una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al Artículo 212-M de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, presentada por el diputado Gildardo Real Ramírez, a fin de que los establecimientos conocidos como casinos otorguen una contribución especial por posesión de máquina de juego de azar electrónica y cuyo monto se destine en un 30% para la planeación y ejecución de programas orientados a la atención de la ludopatía en el Estado.

La  cuarta iniciativa fue presentada por la diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo, a fin de adicionar los artículos 193 Bis y 193 Ter en el título octavo del Capítulo Único de Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia del Código Penal para el Estado de Sonora, misma que se envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Sostuvo se debe dotar al Estado de herramientas eficaces que den suficiencia legal para sancionar la conducta conocida como “halconeo”, que implica el apoyo y la colaboración a las células relacionadas con la delincuencia organizada y las asociaciones delictuosas, ya que ponen en riesgo la integridad física de los miembros de los cuerpos de seguridad y de la sociedad misma.