Hermosillo, Son. 19 de noviembre de 2013.- Un marco jurídico que tiene por objeto garantizar y promover el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, así como reformas a disposiciones para erradicar la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco a menores de edad, aprobó el Pleno este día, que también atendió la comparecencia del titular de la SIDUR.
Se trata, en primer término, de la Ley de Salud Mental para el Estado de Sonora, la que con base a una iniciativa del diputado Raúl Augusto Silva Vela, establece la implementación de políticas, planes y programas que les permitan a estas personas gozar de mejores servicios, dio a conocer en su dictamen la Comisión de Salud.
El legislador presentó su iniciativa el pasado 27 de junio, en la cual estableció que la salud mental es el estado de bienestar, de la integración de la persona y su ambiente, que engloba un sinnúmero de factores tanto de necesidades biológicas como psíquicas, mentales y espirituales, así como la capacidad para disfrutar de lo que la vida ofrece. Incluyó también reformas a diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Sonora.
“Las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, los profesionales, las instituciones y otros interesados debemos unir fuerzas para educar a la población y cambiar sus actitudes hacia las enfermedades mentales, además de abogar por los derechos de estos enfermos”, expresó.
Esta nueva Ley, que consta de 57 artículos y seis transitorios, establece mecanismos y niveles adecuados para la sensibilización hacia la persona, el fomento de la salud mental en las instituciones correspondientes y la garantía en el acceso al tratamiento de todas las personas con trastornos mentales en el Estado, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación.
Se cumple así con lo dispuesto en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno del derecho a la salud.
Los integrantes de la dictaminadora calificaron como viables los argumentos expuestos en la iniciativa y su correspondiente aprobación por parte del Pleno de esta Soberanía, en virtud de que se proporciona un marco jurídico que tiene por objeto garantizar y promover el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales.
Además por considerar a la salud mental como una cuenta pendiente para la salud pública del País, la cual ha quedado relegada frente a otros padecimientos que las políticas públicas consideran prioritarios, ya que a pesar de que los datos muestran una creciente morbilidad y mortalidad por trastornos mentales y de la personalidad, se carece de un amplio y comprensivo programa que permita dar atención y rehabilitación integral a las
personas.
El segundo dictamen aprobado también fue presentado por la Comisión de Salud, con base a una iniciativa del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, a fin de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley que Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación Venta y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora.
Además de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Protección Ciudadana contra los Efectos Nocivos del Tabaco, con el objeto de combatir, entre los menores de edad, el consumo de bebidas con contenido alcohólico y el tabaco, las cuales en el País son consideradas como lícitas.
En su iniciativa, el legislador expuso que las estrategias preventivas, pese a los esfuerzos de distintos organismos, resultan escasas frente a la insistencia al consumo donde asocian sus objetivos las corporaciones, que legitimadas jurídicamente, se despreocupan del daño que produce el consumo de sus productos, tales como alcohol o el tabaco, alentados por la arrasadora producción de estímulo al consumo.
La comisión dictaminadora coincidió con el autor de la iniciativa en el sentido de que, tanto padres de familia como autoridades, hagan un frente común para erradicar dicha problemática, por lo que aprobaron aumentar multas y, en su caso, cerrar establecimientos de personas que fomenten la venta de esos productos dañinos a menores de edad.
A quien venda o permita el consumo de bebidas con contenido alcohólico a menores de edad o incapacitados legales se le clausurará el establecimiento, además de que se impondrá multa equivalente de mil a 3 mil 100 veces el salario mínimo general vigente en la zona geográfica “A” o arresto hasta 36 horas a los que contravengan lo que dispone la Ley, y en caso de reincidencia, con el triple de la sanción impuesta y con la cancelación de la licencia y clausura del establecimiento.
Además de que las infracciones a la Ley de Protección Ciudadana contra los Efectos Nocivos del Tabaco aumentarán hasta 3 mil salarios mínimos y serán impuestas cuando se induzca, permita o tolere, pasivamente o por omisión, que menores de edad obtengan cigarros de las máquinas expendedoras, así como en los casos de gravedad especial a juicio de la autoridad que decida, la que deberá razonar cuidadosa y exhaustivamente la aplicación correspondiente.
Reconoce titular de SIDUR a la LX Legislatura
Posterior a la aprobación de los dictámenes, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Enrique Torres Delgado, compareció ante el Pleno para dar cuenta del estado que guarda la administración estatal en el rubro de infraestructura, como se acordó por unanimidad el pasado 14 de noviembre.
El funcionario reconoció el trabajo que esta Soberanía realiza en el ámbito de fiscalización, por
lo que consideró oportunidad aclarar que un supuesto acto de corrupción que hace poco se le atribuyó a la dependencia a su cargo, no fue tal sino que en la relatoría de la licitación de una obra que se construye en esta capital, se manejó una duplicidad.
“Ésta (la licitación) se sube en tiempo y forma a Compranet, y estamos obligados por Ley a hacer una relatoría de las licitaciones dentro de los convenios que estamos celebrando con la Federación, y en esa relatoría se manejó de manera duplicada: pavimento, guarniciones y banquetas en San Luis Río Colorado. Eso fue corregido, se hizo una fe de erratas y lo pusimos a disposición de los entes de fiscalización”, aseveró.
La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que no es causa de ilegalidad ni invalidante para reponer el procedimiento, ya que la licitación se hizo en tiempo y forma, dijo Torres Delgado, sólo el error en la relatoría por el cual se la aplicará una sanción al funcionario que firmó la solicitud, en este caso el Subsecretario de Obra Pública, a quien se le fincará responsabilidad que consiste en una amonestación por haber suscrito la solicitud con una duplicidad.
El titular de la SIDUR dio a conocer los recursos ejercidos en obras para los municipios de Guaymas, Cajeme, Huatabampo, Santa Ana, Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado y Navojoa, conforme los legisladores hicieron sus cuestionamientos.
Dentro del resumen que presentó agregó que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización les hizo 53 observaciones de las cuales se han atendido 49 y cuatro están en proceso, además de que se le ha dado prioridad a un área de oportunidad como lo es la participación de la sociedad a través del sector público y privado, en torno a un ejercicio colegiado.
Se trata, dijo, de cerrarle el paso a la opacidad y dárselo a la participación social para que tome parte en los procesos de las obras, mediante la implementación de un sistema de certificación humana para tener mejores ciudades.
Participaron con sus preguntas los diputados Próspero Manuel Ibarra Otero, Marco Antonio Flores Durazo, Humberto Jesús Robles Pompa, José Luis Marcos León Perea, Luis Alejandro García Rosas, José Lorenzo Villegas Vázquez, José Abraham Mendivil López, José Everardo López Córdova, Karina García Gutiérrez, Hilda Alcira Chang Valenzuela, Abel Murrieta Gutiérrez, Ignacio García Fierros, Rossana Coboj García y Abraham Montijo Cervantes.
Los legisladores solicitaron al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano sean concluidas las obras que se programaron para este ejercicio fiscal, así como claridad y transparencia en el manejo de los recursos, por existir casos en los que algunas obras que ya fueron concluidas, se presupuestaron nuevamente.
Además de que se les dé prioridad a aquellas que son urgentes, y en caso de que tengan que aplicarse sanciones por incumplimiento o desvío de recursos, se haga.