Hermosillo, Son. 26 de noviembre de 2013.- La LX Legislatura del Estado de Sonora dará cabal cumplimiento a la exigencia mundial de proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la violencia, el maltrato, la discriminación, el abuso, el secuestro y la privación de sus derechos fundamentales, mediante la aprobación de dos decretos que reforman la Ley que los rige, además citó de nuevo a comparecer ante el Pleno al Secretario de Salud del Gobierno del Estado.
El primer Decreto se fundamenta en la iniciativa presentada por los diputados Karina García Gutiérrez y Carlos Enrique Gómez Cota, y establece el derecho de los menores a una vida libre de violencia, ya sea física o psíquica, así como a no ser sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el diputado Gómez Cota expuso es necesario, desde el ámbito legislativo, contribuir en la medida de lo posible para perfeccionar lo relativo a los aspectos más importantes de la vida social en la entidad, como en esta ocasión representa la protección a las niñas, niños y adolescentes.
Agregó que si bien actualmente gozan de una legislación que los dota de los derechos básicos que tienen como individuos en pleno proceso de desarrollo físico y mental, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también es necesario que se les proporcione un contexto adecuado para la protección y salvaguarda de su vida.
El espíritu de este Decreto, dijo, es el de reflejar los resultados de personas en pleno goce y ejercicio de derechos y obligaciones, capaces de interactuar en todos los aspectos para coadyuvar en la conformación de una mejor sociedad, para lo cual se adiciona un Capítulo XI denominado “del derecho a una vida libre de violencia”, y un Artículo 33 Bis 3 al Título Primero de la Ley en la materia, que es el siguiente:
Artículo 33 Bis 3.- Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, ya sea física o psíquica, así como a no ser sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las autoridades del Estado y los municipios deberán establecer los mecanismos para prevenir y erradicar la violencia.
El segundo Decreto aprobado se basa en una iniciativa presentada por la diputada Mireya de Lourdes Almada Beltrán, quien planteó la necesidad de establecer mecanismos de seguridad eficaces que permitan disminuir la incidencia delictiva del secuestro de menores de edad.
Después de estudiar la iniciativa, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad elaboró el dictamen de Decreto, al que dio lectura la legisladora promovente y que destaca la importancia de que en Sonora sea prevenido el secuestro de menores de edad, para lo cual es fundamental la coordinación de esfuerzos entre las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación, para combatir este delito que cada vez afecta más a la sociedad.
La dictaminadora coincidió con Almada Beltrán en el sentido de que, en la mayoría de los casos de secuestros de menores, las primeras horas son fundamentales para localizarlos, por lo cual la alerta “Ámber” es uno de los recursos de eficacia probada que emplean las autoridades procuradoras de justicia, como parte de una estrategia más amplia de recuperación de niños.
El Decreto aprobado adiciona el Artículo 38 Bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el marco de sus respectivas atribuciones, implementen de forma coordinada con la Federación, programas, mecanismos y protocolos de seguridad que tengan por objeto la búsqueda inmediata de menores de edad desaparecidos.
Podrán además solicitar la participación de la sociedad y de los medios masivos de comunicación para atender este tipo de casos y darles la