abr 30 2007

Debe invertirse en nuevo sistema de justicia penal

                                                Ciudad Obregón, Son. 28 de abril de 2007. - La implementación de los juicios orales en el sistema de justicia penal del Estado de Sonora contribuiría a mejorar la administración de justicia, que actualmente es deficiente, y a mediano plazo generaría un ahorro considerable y mayor prestigio al Poder Judicial.

Esa fue la conclusión a la que llegaron durante la cuarta mesa de análisis realizada en esta ciudad, los diputados federales Felipe Borrego Estrada y Carlos Navarro Sugich, quienes expusieron con base a los datos que en el ámbito federal existen y que hablan de una justicia penal anacrónica.

?No se tiene confianza en la administración de justicia, se le tiene miedo en algunas ocasiones a invertir en ella?, expresó Borrego Estrada.

Agregó que cada interno le cuesta al Estado 130 pesos diarios, lo que representa más de 800 millones de pesos al mes, ya que el 42% de los recluidos en los centros de readaptación social no han recibido sentencia y eso genera mayor costo.

En cambio, si se insiste en la justicia alternativa, si se invierte en la administración de justicia, dijo, no saldrá tan caro y eso generaría además un gran prestigio para el Poder Judicial ante la sociedad.

Con este tipo de sistemas los juicios serían públicos, se llevarían en un día todas las pruebas, con lo cual, aparte de
                                            
                                                darle celeridad al proceso, la actuación de los jueces estaría a la vista de la sociedad, sean medios de comunicación y público en general, sostuvo el diputado federal Felipe Borrego Estrada.

Consideró que el hecho de que el Poder Legislativo del Estado de Sonora se haya dado a la tarea de iniciar un proceso de reforma al sistema de justicia penal representa un avance en la búsqueda de modernizar la administración de justicia, como lo han hecho los estados de Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca y el Estado de México.

?A mediano plazo se verá que el ahorro es considerable, ya que en los juicios orales invertir es ganar?, aseveró el conferencista, quien fungió como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas.

El diputado Carlos Navarro Sugich expuso por su parte que el sistema de justicia en México está desfasado y no es vista como un poder, ni como una alternativa real de solución.






Agregó que la justicia penal en el Estado de Sonora corre la misma suerte del resto del país, ya que no sirve el transistor que enlaza la confianza del ciudadano con el estado de Derecho.

?Debemos transitar hacia un modelo de corte acusatorio donde se prohíba la confesional ante el Ministerio Público, que rija el principio de transversalidad, de justicia restaurativa y capacitarnos como sociedad para
                                            
insertar a ambos?, afirmó.

Sonora está condenado a la mediocridad si no se trabaja rápido en el tema de los juicios orales, sostuvo, pero en un sentido más amplio, que no sólo abarque el ámbito penal, sino también el familiar, el laboral y el civil.

Es urgente que el Congreso del Estado entre al estudio sobre la reforma al sistema de justicia, pero no sólo en lo relativo a los juicios orales, sino expandir el horizonte con una reforma que tenga respeto a la persona humana, señaló, en lo cual coincidió el diputado Borrego Estrada.

El diputado Carlos Amaya Rivera, presidente de la Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, indicó que el sistema de justicia en el Estado de Sonora está atrasado.

?Nos hemos dado cuenta los diputados que en otros estados se estaba trabajando en el tema desde hace tiempo y en Sonora tenemos el problema de una justicia que no hace justicia.

?Todavía no se ven resultados numéricos pero ya sabemos lo que se necesita; que el Ejecutivo entienda que en Sonora estamos atrasados y que el Poder Judicial entienda que no es un sistema acusatorio sino una justicia regenerativa la que necesitamos?, concluyó.

En la cuarta mesa de análisis estuvieron presentes los diputados Rogelio Díaz Brown, Emmanuel López Medrano, Fernando Morales Flores y Juan Manuel Sauceda Morales.