Hermosillo, Son. 29 de mayo de 2014.- Una Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora, adiciones al Código Penal a fin de que no se dilate la puesta a disposición de indiciados ante el Ministerio Público del Fuero Común y para crear la figura de usurpación de personalidad o identidad, así como acuerdos en materia de Transporte, aprobó el Pleno de la LX Legislatura.
Durante la última sesión ordinaria del mes de mayo, el diputado Carlos Samuel Moreno Terán presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 55 del Decreto número 92, de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2014.
El objeto de la iniciativa, expuso, es que de los recursos provenientes de la línea de crédito por mil 500 millones de pesos, previsto en el Artículo 13 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado, así como en el Artículo 51 del referido Decreto, se etiqueten 435 millones de pesos, de los cuales 10 millones se destinen para el subsidio de las casas de estudiantes del Estado de Sonora. El asunto se turnó a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda.
De los asuntos aprobados por el Pleno, la Ley de Entrega-Recepción, cuya iniciativa fue presentada meses atrás por el diputado Abraham Montijo Cervantes, representa un gran avance para mantener al Estado de Sonora como de avanzada respecto la regulación del tema del ejercicio de funciones de la administración pública, establece el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La segunda lectura correspondió al diputado Luis Alejandro García Rosas, quien expuso la nueva legislación también permitirá agilizar, transparentar e imponer responsabilidades para dar continuidad al ejercicio, conocimiento y aprovechamiento de los recursos, por resultar de interés público.
“La iniciativa advierte que, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica, indica el debido procedimiento que se llevará a cabo para tal efecto, los términos para su realización, indica el contenido que deberá formar parte de dicha entrega-recepción, cómo se llevará a cabo dicho acto, así como las sanciones que se impondrán a quienes incurran en alguna de las omisiones que dispone la Ley”, expresó García Rosas.
Con la misma se estaría llevando a cabo una nueva acción afirmativa a favor de implementar las bases y disposiciones legales que regulen, de manera transparente, eficaz y responsable, el acto de entrega-recepción de los recursos financieros, humanos y materiales, entre los que se encuentren, entre otros, documentos, valores, programas, estudios y proyectos existentes en la administración pública y paraestatal.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó dos dictámenes que adicionan el Código Penal para el Estado de Sonora, mismos que se aprobaron por unanimidad. El primero de éstos se basa en una iniciativa de las diputadas Guadalupe Adela Gracia Benítez y Karina García Gutiérrez, con el objeto de que la puesta a disposición de personas indiciadas ante el Ministerio Público sea sin demora.
García Gutiérrez explicó lo que se busca es omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente la acción de poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente.
El otro dictamen de la misma comisión, que se sustenta en una iniciativa del diputado José Lorenzo Villegas
Vázquez, crea la figura de la “usurpación de personalidad o identidad” como un nuevo tipo penal.
Se trata de una conducta nociva de reciente aparición y que, por lo tanto, difícilmente puede encuadrarse en los tipos penales ya existentes, sostuvo el propio Villegas Vázquez, para después dar a conocer que la pena iría de dos a seis años de prisión y de 400 a 600 días multa, misma sanción para quien otorgue su consentimiento para ser suplantado por un tercero en su persona o identidad, con fines ilícitos.
Acuerdos en materia de Transporte
El primer Acuerdo aprobado por el Pleno establece que este Poder Legislativo resuelva exhortar al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para que, en uso de sus atribuciones, realice sus funciones de revisión, auditoría y fiscalización a los concesionarios de Transporte Público del Estado de Sonora.
El promotor de la iniciativa, diputado José Carlos Serrato Castell, sostuvo es de vital importancia que el Estado, por medio del ISAF, ejerza sus facultades sobre las concesiones del Transporte, ya que éstos perciben recursos públicos en forma de subsidios, además de cobrar una tarifa que fija el Consejo Ciudadano de Transporte Público.
Por lo tanto propuso, a la par del Acuerdo, un proyecto de decreto que adicione las fracciones I BIS y I TER al Artículo 102 de la Ley de Transporte del Estado de Sonora, en la que se estipule como una obligación de los concesionarios, presentar en tiempo y forma los documentos que sean necesarios para su fiscalización y publicación a las autoridades competentes. Se turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad.
El segundo Acuerdo aprobado se refiere a enviar un exhorto a los titulares de la Dirección General de Transporte y del Fondo para la Modernización del Transporte, con el objeto de que lleven a cabo las acciones y gestiones necesarias a fin de implementar un plan de modernización de dicho servicio en el municipio de Nogales, Sonora. Fue presentado por el diputado Humberto Jesús Robles Pompa.
“En diciembre pasado modificamos la Ley de Transporte para beneficio de todos los sonorenses, no únicamente de una parte de ellos. En Nogales no hay camiones nuevos, ni hay estudiante gratuito; se ha escuchado por años de programas para la modernización del Transporte en Hermosillo, Navojoa o Cajeme, y Nogales parece olvidada a pesar de ser un gran motor de la economía de nuestro Estado”, expresó.
A propuesta de la diputada Mireya de Lourdes Almada Beltrán, al exhorto se le adicionó hacer extensivo el exhorto al Ayuntamiento de Nogales.
A comisiones iniciativas
En iniciativas turnadas a comisiones, los diputados Próspero Manuel Ibarra Otero, Carlos Samuel Moreno Terán y Guadalupe Adela Gracia Benítez, presentaron un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil y del Código Electoral, ambos para el Estado de Sonora.
Ibarra Otero leyó ante el Pleno que el objeto es crear un marco legal que desestimule el surgimiento de fundaciones o asociaciones “patito”, de manera que se prohíba que su razón social o denominación pública sea el nombre, apellido o alguna combinación de éstos.
Además de fortalecer el papel de las organizaciones en el bienestar colectivo; que cumplan con la legalidad y la corresponsabilidad de un verdadero servicio social sin intereses electorales, dijo, así como salvaguardar el principio de igualdad y de equidad en la contienda electoral,