Hermosillo, Son. 19 de agosto de 2014.- Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia del ISAF, el titular de la Sagarhpa, Héctor Ortiz Ciscomani, informó que parte de las observaciones que el órgano técnico le hizo por un daño patrimonial de 55 millones de pesos, fueron cargos hechos a la dependencia que encabeza por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda.
Expuso que la Secretaría de Hacienda tiene esa facultad de hacer cargos a quien considere, estén o no de acuerdo.
Durante su comparecencia, Ortiz Ciscomani explicó que las pólizas fueron cargadas por la referida Dirección General de Contabilidad Gubernamental y agregó que en ningún momento ningún funcionario ni él firmaron, lo cual se le dio a conocer al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización en la contestación que se le envió.
Aseguró que dichas observaciones ya están aclaradas y solventadas, por lo tanto el proceso terminó.
El titular de la Sagarhpa indicó que el procedimiento de responsabilidad resarcitoria que inició el ISAF, tuvo por objeto hacer efectiva la indemnización resarcitoria por daño patrimonial al Estado por un total de 55 millones 819 mil 283 pesos, sin embargo, sostuvo, las pruebas ofrecidas no se encontraban en la dependencia a su cargo, por lo que solicitó al ISAF llevara a cabo la diligencia de inspección y cotejo necesaria, a efecto de allegarse información aclaratoria.
Fue el pasado 22 de abril cuando el órgano técnico consideró procedente su defensa y dejar sin efecto el procedimiento resarcitorio, dijo, en lo correspondiente a una supuesta póliza de diario por un importe de 48 millones 481 mil 980 pesos de transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras; otra por 7 millones 236 mil 578 pesos por gastos ceremoniales y 100 mil 725 pesos de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.
“En ningún momento significó la existencia de alguna erogación o gasto alguno por parte de le dependencia, aclarándose que dicha póliza, según es de mi conocimiento, se encuentra debidamente cancelada, tal como se demostró en la etapa probatoria del procedimiento resarcitorio a cargo del ISAF”, exteriorizó.
El diputado José Luis Marcos León
Perea, presidente de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, le dijo al funcionario estatal que con base en los artículos 10, 12, 14, 15 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como 3, 5, 12, 13, 25, 28 y 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, resulta responsable de la causación del daño patrimonial del caso.
Agregó que es obligación del titular de la SAGARHPA coordinar la presupuestación de la dependencia, así como autorizar el ejercicio del presupuesto a las autoridades administrativas a su cargo, y coordinador su correcta aplicación, por lo tanto sí tiene autoridad para hacer una demanda.
La explicación de León Perea fue después de que el Secretario de Agricultura del Gobierno del Estado dijo desconocer la facultad que tiene y que sólo conoce todo lo que de alguna manera corresponde a su función, por lo que no descartó que se trate de una información distorsionada con un trasfondo político.
El diputado Luis Ernesto Nieves Robinson Bours cuestionó la ausencia del Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Eugenio Pablos Antillón, y propuso al Presidente de la comisión se cite a comparecer a funcionarios del Ayuntamiento de Nogales, encargados de administrar los recursos estatales y federales de una obra en la avenida Obregón.
Tener al Auditor Mayor del ISAF en las comparecencias sería desviar el curso de las mismas, contestó León Perea, razón por la cual no estimó pertinente invitarlo, además de que el funcionario ya hizo su trabajo y entregó los resultados de cuentas de años anteriores a la comisión, además de que en estos momentos se encuentra ocupado en la revisión de las cuentas del ejerció de 2013 que deberá presentar al Congreso a más tardar el 30 de agosto del presente.
Por su parte el diputado Luis Alejandro García Rosas sostuvo que el procedimiento resarcitorio iniciado por el ISAF y al que hizo referencia el funcionario estatal quedó sin efecto por un error procesal, pero no fue resuelto de fondo y por esa situación se interpuso una denuncia penal, además de solicitar a Ortiz Ciscomani “no ser tapadera de gente que mal administra el recurso”.
En tanto el diputado Abel Murrieta Gutiérrez cuestionó por qué