Hermosillo, Son. 22 de octubre de 2015.- Con la aprobación este día de diversas reformas del Código Penal, el Estado de Sonora se pondrá a la vanguardia en materia penal a nivel nacional, al contar con una legislación congruente con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que la sociedad demanda.
A esta conclusión llegó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos al presentar el dictamen al Pleno, el cual se basa en una iniciativa enviada por la titular del Poder Ejecutivo estatal, quien fundamentó su pretensión en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, con relación a la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país.
De acuerdo a la lectura del Decreto, que estuvo a cargo del diputado Luis Gerardo Serrato Castell, es imprescindible realizar las modificaciones propuestas en el Código Penal local en los términos propuestos por la iniciativa, homologando con esto los términos y criterios con los del Código Nacional Procesal, así como el resto de los ordenamientos que rigen la materia.
“De manera que todos ellos (los ordenamientos) puedan convertirse en herramientas afines dentro de los procesos penales que se desarrollen en el Estado, llevando a buen término un proceso de transformación que en Sonora inició hace siete años, con la finalidad de dar certidumbre en la impartición de justicia sonorense a favor del gobernado”, expresó.
Este nuevo sistema de justicia penal tiene como uno de sus principales fines el de establecer los juicios orales, cuyo funcionamiento se basa en los principios de oralidad, publicidad, concentración, inmediación, continuidad y contradicción, con lo que se logra darle mayor transparencia a los procesos, incrementar la calidad de las investigaciones, combatir la impunidad, garantizando una mayor certeza jurídica y respeto a los derechos humanos en la impartición de justicia.
Entre las principales reformas al Código Penal para el Estado de Sonora destacan las siguientes:
1. Se homologa el Capítulo Sexto del Título Octavo del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la Deliberación, Fallo y Sentencia. Se precisó el concepto de delito en orden al resultado, al establecer en el Código punitivo el concepto de delito instantáneo, permanente, continuo y continuado.
2. Se deroga en todo el Código Penal la figura de preterintencionalidad, en razón de que el Código Nacional de Procedimientos Penales se refiere a que la naturaleza de la conducta típica, debe ser únicamente dolosa o culposa.
3. Con relación a la tentativa, se precisa la tentativa punible, el desistimiento y la tentativa cualificada, y para su punición se toma en cuenta a los partícipes y coautores.
4. En cuanto a la reparación del daño, se eliminan del Código Penal los perjuicios, quedando únicamente la reparación del daño.
5. Se crea el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas, para dar una mayor aplicabilidad a los recursos que se obtengan.
6. Se
delimitan las funciones del Tribunal de Enjuiciamiento, se precisa la actuación del juez de ejecución, en cuanto a la modificación y duración de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad, además se modifica el nombre del título “Rehabilitación” por el de “Reinserción”.
En la plenaria de hoy también se aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud, de la Ley del Servicio Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas para el Estado de Sonora.
Se trata de una iniciativa del grupo parlamentario del PRI, al retomar un escrito enviado a esta Soberanía por la Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Hermosillo, Martha Antúnez de Acosta, con el objeto de garantizar y promover la lactancia materna en la entidad.
La diputada Flor Ayala Robles Linares dio lectura al dictamen, a nombre de la Comisión de Salud, en el que destaca que la ausencia y/o reducción de la lactancia materna es un problema central de salud, que incluye diversos factores que se deben de atender de manera integral, desde dedicar los recursos humanos y financieros necesarios para lograr su impulso, hasta informar, sensibilizar y concientizar a la población.
Además de crear grupos de apoyo para lograr su implementación en conexión con el sistema de salud e impulsar el cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral se observan sobre el tema de la lactancia: respeto a los horarios para la lactancia, contar con sitios adecuados y cómodos en los lugares de trabajo, incentivos en el ámbito laboral y oportunidades para favorecer la lactancia, indicó.
“Con la presente reforma proporcionaremos un marco jurídico que tiene como objeto garantizar y promover la lactancia materna, incrementando el porcentaje de niñas y niños sonorenses alimentados al seno materno, logrando los mayores niveles posibles de lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida”, expresó la legisladora.
Sonora tiene un índice de lactancia materna por debajo del 20%, lo que ocasiona problemas de salud recurrentes, agregó, por lo que es necesario otorgar a los infantes un verdadero derecho humano en relación a la lactancia materna, el cual no sería en contra del derecho de la madre, que como dueña de su cuerpo puede decidir dar o no lactancia, tampoco se pretende hacerle objeto de sanciones, aclaró Ayala Robles Linares.
Aprueba el Pleno dos acuerdos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad dos puntos de Acuerdo, el primero para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la titular del Poder Ejecutivo estatal y a los ayuntamientos con comunidades indígenas, que conforme a sus atribuciones, integren en sus proyectos de presupuestos para el ejercicio fiscal de 2016, recursos necesarios a
favor de esas comunidades.
El segundo Acuerdo es para que el Secretario de la Defensa Nacional ordene la eliminación del puesto de revisión militar ubicado a 500 metros del entronque a Querobabi, en el kilómetro 110 de la carretera federal número 15, tramo Hermosillo-Nogales.
A nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, el diputado Juan José Lam Angulo sostuvo que la discriminación y la exclusión social, así como la pobreza que padecen las comunidades indígenas, tienen determinantes históricos, como es la falta de servicios de agua potable, drenaje, electricidad, caminos, acceso a la salud, educación, y justicia pronta y expedita, entre otros rezagos históricos.
Agregó que en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, para la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sonora, se destinaron 31 millones 240 mil 334 pesos, lo que representa el 0.06% de la partida presupuestal del total del presupuesto anual.
Lam Angulo refirió que el Artículo 58 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora establece que a la Comisión se le deberá destinar una cantidad equivalente por lo menos al 50 por ciento del monto que anualmente se le asigne al concepto de inversiones en infraestructura para el desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social.
Esto indica que el actual presupuesto no cumple con dicha disposición, de ahí la importancia de que en el proyecto de egresos para el ejercicio fiscal de 2016, se atienda esta situación en beneficio irrestricto de las etnias sonorenses, dijo.
El diputado Carlos Manuel Fu Salcido dio lectura, a nombre del grupo parlamentario del PAN, a la propuesta con punto de Acuerdo que resuelve exhortar al Secretario de la Defensa Nacional, con la finalidad de que sea eliminado el punto de revisión carretero ubicado en la comunidad de Querobabi, Sonora.
Expuso que para los productores agropecuarios, dicho punto es un dolor de cabeza debido a que las revisiones de la SEDENA en ocasiones incluyen la apertura de trailers y de mercancía, lo que afecta la inocuidad y sanidad de los productos, y rompe la cadena de frío.
Enumeró las largas filas de camiones que se presentan en el lugar, tanto con mercancía como pasaje, así como las pérdidas que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la SAGARPA calculaba hasta en 52 millones de dólares al año, debido a estas revisiones, y los pocos resultados en la lucha contra el tráfico de drogas, entre otros.
Resulta evidente, dijo, que los esfuerzos de modernización han sido infructuosos y las afectaciones a la economía de las personas y las empresas se mantienen, lo que trae consecuencias negativas en el flujo de inversiones, ingresos y derrama económica para el Estado de Sonora, lo que hace necesario tomar medidas de fondo para resolver los problemas que afectan a todos.
Los dos acuerdos fueron aprobados por unanimidad del Pleno. La siguiente sesión ordinaria se citó para el martes 27 de octubre, a las 11:00 horas.