Hermosillo, Son. 27 de octubre de 2015.- Un avance en el camino de un nuevo orden que deberá generar las condiciones para que el Estado pueda obsequiar a los gobernados un sistema de justicia penal justo, profesional e imparcial, que venga a dar cumplimiento a los anhelos que demandan miles de sonorenses, representa el Decreto aprobado por unanimidad del Pleno, que reforma, deroga y adiciona la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.
De esta forma se le dará cumplimiento a las obligaciones que la Constitución Federal impone a las entidades federativas respecto al Sistema de Justicia Penal, de ahí la necesaria y urgente aprobación del dictamen que fue presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con base a una iniciativa enviada a esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal.
Se plantea una reordenación de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, además de que se redefinen los conceptos para alinearlos al Sistema de Justicia Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales; se eliminan conceptos del anterior sistema, como los términos de indiciado o averiguación previa.
Además de que se asignan nuevas competencias y responsabilidades en forma clara y precisa a las diversas dependencias que integran la estructura del sistema de seguridad pública estatal, y a la vez se incluyen reglas generales para la operación y funcionamiento del sistema de justicia penal.
“Es innegable que la percepción de la sociedad mexicana es que la delincuencia en el país ha alcanzado niveles alarmantes, pues no se deja de escuchar sobre acontecimientos violentos, consecuencia del crimen organizado en el territorio nacional. Nuestra entidad no es una excepción a dicha percepción nacional”, establece el Decreto en su parte expositiva.
Refiere que, ante la notoria incapacidad de los cuerpos de seguridad de los diversos niveles de gobierno, de garantizar a los ciudadanos ese derecho inalienable, se hace imperioso que el marco normativo que regula lo relativo a la seguridad pública, sea modificado y actualizado a los tiempos actuales.
Aunado a lo anterior, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, consideró que los reiterados reclamos sociales en el sentido de que el sistema procesal penal imperante en el país es lento y obstaculiza una rápida atención a los derechos de la víctima u ofendido, la inexistencia de una defensa adecuada y la necesidad de cumplir con los instrumentos internacionales suscritos por el país, hicieron más persistente no sólo la necesidad de lograr un cambio estructural del procedimiento penal en México.
Los integrantes de la dictaminadora coincidieron con los argumentos planteados por la titular del Poder Ejecutivo estatal, ya que conocen la necesidad de llevar a cabo los actos legislativos tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al dictamen le dieron lectura los diputados Brenda Elizabeth Jaime Montoya y Omar Alberto Guillén Partida, integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En la plenaria de hoy se aprobaron tres acuerdos con exhorto. El primero presentado por el diputado Javier Villarreal Gámez, con el objeto de que el Poder
Legislativo resuelva exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, para que realice las acciones legales y administrativas que sean necesarias para instalar el Consejo Estatal, en cumplimiento a la Ley de Fomento a la Cultura de la Legalidad, Civilidad y Valores del Estado de Sonora.
Asimismo a los 72 ayuntamientos de la entidad, para que realicen las acciones necesarias a fin de instalar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, el Consejo Municipal, en cumplimiento a la referida legislación aprobada el 23 de mayo de 2013.
El segundo exhorto está dirigido al titular de la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a efecto de que, en el marco de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias para incluir a los municipios de Álamos y Rosario, Sonora, en el Programa de Apoyo Emergente a los Productores de Ajonjolí afectados por la plaga del gusano telarañero.
La propuesta la hizo el diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, quien argumentó que en los últimos años, la producción de ajonjolí ha presentado altibajos en México, y en Sonora no es la excepción, tal como sucedió en días pasados en dichos municipios, en los que se presentó una contingencia derivada de la referida plaga.
Y a propuesta del diputado Rafael Buelna Clark, al Acuerdo se le adicionó se considere a los municipios de Quiriego y Rosario, en cuyas regiones se presenta la afectación de siembra para el ganado, a consecuencia de otro tipo de plagas.
El tercer Acuerdo aprobado también resuelve exhortar a la Gobernadora del Estado de Sonora, a fin de que incremente el número de unidades de transporte colectivo que estén adecuadas para permitir el libre ascenso y descenso, y que se adopten las medidas necesarias, como rampas hidráulicas para quienes utilizan sillas de ruedas, expuso el diputado José Ángel Rochín López.
Agregó que es necesario que se cuente con unidades de transporte colectivo suficientes, adaptadas a las personas discapacitadas que se deslizan en sillas de ruedas, y que por lo menos sean dos unidades por línea de transporte y en un horario fijo, a fin de que la persona ubique el lugar y la hora en que puede abordar la unidad.
Con relación a este punto, la diputada Lisette López Godínez consideró acertado enviar el exhorto a la autoridad estatal, para que a su vez ésta impulse en el plan estatal de desarrollo este tema y lo incluya en el proyecto de presupuesto de egresos, de manera que exista una vinculación con los programas operativos anuales.
La diputada María Cristina Gutiérrez Mazón opinó que poner en funcionamiento la Ley es la obligación que tienen como legisladores, sobre todo ante las peticiones que reciben de los ciudadanos en torno a iniciativas como esta, en tanto la diputada Lina Acosta Cid afirmó que parte del compromiso que tienen en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es que las políticas públicas se puedan dar en un margen de calidad de los servicios.
El diputado Juan José Lam Angulo dijo que el Gobierno del Estado debería pensar en implementar unidades especiales para personas con discapacidad, como ocurre en otras ciudades del país.
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