Hermosillo, Son. 5 de noviembre de 2015.- Una nueva legislación que establece las bases jurídicas que regirán el servicio de defensoría pública y asesoría jurídica en el Estado, y que además podrá utilizar esquemas de colaboración con instituciones educativas, colegios de abogados y profesionistas del Derecho para coadyuvar en el ejercicio de sus funciones, fue aprobada por el Pleno en su sesión ordinaria.
Se trata de la Ley de la Defensoría Pública, que forma parte de los ordenamientos jurídicos relacionados con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la entidad y cuya entrada en vigor dará paso a la abrogación de la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 28 de julio de 1973.
Este dictamen fue presentado al Pleno por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y se fundamenta en una iniciativa remitida a esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal. La lectura estuvo a cargo de los diputados Iris Fernanda Sánchez Chiu y Manuel Villegas Rodríguez.
La Gobernadora del Estado fundamentó en su iniciativa que las disposiciones de la Ley de la Defensoría Pública son de orden público y de interés social, y tienen por objeto regular la prestación del servicio de la defensoría pública, a fin de garantizar el derecho a la asesoría, patrocinio y defensa técnica, así como la estructura, funcionamiento y atribuciones del órgano especializado en materia penal.
Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consideraron imperiosa la creación de esta norma, ya que permitirá a los imputados recibir una defensa adecuada, ante la gran carga de trabajo permanente con que cuenta la institución.
Destaca de esta nueva legislación la eliminación de la figura del pasante de Derecho, que en anteriores casos suplían las faltas temporales o absolutas del defensor, con el fin de que toda defensa pública sea realizada por profesionales del Derecho, y se adiciona el servicio profesional de carrera para la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones a los defensores auxiliares.
La Ley de Defensoría Pública consta de 49 artículos y once capítulos, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Los capítulos son: Disposiciones generales; Organización y funcionamiento de la Defensoría Pública; De las subdirecciones; De la visitaduría de la
Defensoría Pública; De la unidad de investigadores y peritos; De los defensores; De las prohibiciones; De la prestación del servicio de la defensoría; Servicio profesional de carrera; Impedimentos y excusas de los defensores públicos; y De la responsabilidad.
Enviarán exhortos a autoridades
En la plenaria de hoy se aprobaron tres acuerdos con exhortos dirigidos a diversas autoridades de los ámbitos estatal y federal. El primero fue propuesto por el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, con el objeto de que se fomente el acceso y la permanencia en la educación pública o privada, a las personas sordas o con discapacidad.
Está dirigido a los titulares de la Secretaría de Educación y Cultura, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Universidad de Sonora, para que incluyan intérpretes de lenguas de señas, entrega de becas e incentivos para que dichas personas continúen con su educación, además para que promuevan las medidas de inclusión para prevenir la discriminación en los centros escolares.
Serrato Castell expuso que en México es preocupante que, de las personas con discapacidad auditiva de 15 años y más, apenas el 5.9 por ciento ha completado su educación básica; el 4.4 por ciento terminan la educación media superior y sólo 3.2 por ciento lograron estudios superiores o de posgrado.
Hicieron comentarios a favor de esta iniciativa y se sumaron a la misma los diputados Iris Fernanda Sánchez Chiu, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Manuel Villegas Rodríguez, María Cristina Gutiérrez Mazón y Rodrigo Acuña Arredondo.
El segundo Acuerdo aprobado resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, conforme a sus atribuciones, integre en el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2016, los recursos necesarios a favor de las jefas madres de familia sonorenses.
“En estos tiempos es ya una realidad, que sigue lastimando socialmente y humanamente a las mujeres como jefas de familia, que después de quedar solas con hijos y al frente de la responsabilidad de alimentar, educar, fomentar los valores para los futuros adultos, ellas siguen desprotegidas, sin ningún apoyo por más mínimo que sea”, externó el diputado Juan José Lam Angulo en su propuesta.
Conforme a las disposiciones de la Ley de Protección a Madres Jefas de Familia del Estado de Sonora es que deben mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos menores, sostuvo, para que se integren a plenitud a la sociedad y reciban los
beneficios del desarrollo social.
La iniciativa fue apoyada con comentarios por parte de los diputados Brenda Elizabeth Jaime Montoya, Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, Javier Villarreal Gámez, Fermín Trujillo Fuentes, Célida Teresa López Cárdenas, Rosario Carolina Lara Moreno, Angélica María Payán García, Carlos Alberto León García y Manuel Villegas Rodríguez.
La tercera iniciativa con punto de Acuerdo fue presentada por el diputado Carlos Manuel Fu Salcido, quien solicitó a este Poder resuelva exhortar a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para que se vuelva a constituir en el Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo para Fronteras y que el municipio de Agua Prieta sea incluido en éste.
Informó que en 2014 se acordó la creación de un Fondo para Fronteras en el ejercicio de ese año, que tuviera como objetivo el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas, en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del Norte y del Sur del país.
Se destinaron 3 mil millones de pesos, recursos que se distribuyeron entre las entidades fronterizas y, en el caso de Sonora, fueron Caborca, Cananea, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, Santa Cruz y Naco, por lo que la entidad recibió el 6.1 por ciento de los recursos, que equivalieron a 183 millones de pesos, sin embargo quedó en un artículo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2014, pero no se incluyó para 2015.
Fu Salcido agregó que su propuesta busca que se fortalezca el desarrollo económico y la generación de nuevos empleos en la región. El Acuerdo se aprobó por unanimidad.
Como penúltimo punto del orden del día, la asamblea aprobó el Acuerdo presentado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, que resuelve improcedente la iniciativa contenida en el folio número 2744-60.
La diputada Rosario Carolina Lara Moreno indicó que la solicitud fue presentada por la anterior administración municipal de Agua Prieta y quedó desfasada porque su objetivo consistía en la implementación de un programa de descuentos en el pago de contribuciones municipales con fines recaudatorios para un periodo de tiempo determinado, plazo que ya fue rebasado y de ahí su improcedencia.
Antes de clausurar la sesión, la Presidencia citó al Pleno a la siguiente que será el martes 10 de noviembre, a las 11:00 horas.