Hermosillo, Son. 12 de noviembre de 2015.- Por ser violatorio al principio de previsión social que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado aprobó derogar el Artículo 60 Bis 2 contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, lo que permitirá que a los pensionados no se les descuente el 10 por ciento de su pensión y en adelante reciban íntegro su sueldo.
Se trata del Decreto que deroga dicha disposición de la Ley del ISSSTESON, mejor conocida como Ley 38, cuyo dictamen presentó la Comisión de Salud, en voz de la diputada María Cristina Gutiérrez Mazón y con base a una iniciativa enviada a esta Soberanía el pasado 5 de noviembre, por la titular del Poder Ejecutivo estatal.
En esta ordinaria, la asamblea aprobó por unanimidad cuatro acuerdos con exhortos dirigidos a autoridades de los ámbitos federal y estatal, además de que la Presidencia turnó a comisiones de dictamen legislativo dos iniciativas con proyectos de decreto.
En la exposición del dictamen, la diputada Gutiérrez Mazón dio a conocer que, al obligar a los pensionados a aportar el 10 por ciento de su percepción al fondo de pensiones, se viola el principio de previsión social inmerso en el Artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Quienes integramos esta comisión nos encontramos convencidos de que la aprobación legal en cuestión se convertirá en un gran avance para mantener a nuestro Estado como de avanzada respecto al tema de equidad y proporcionalidad tributaria, con la finalidad de terminar de establecer en nuestro marco jurídico local en materia tributaria, sólo disposiciones que resultan constitucionalmente afines a ella”, afirmó.
Lo anterior en aras de preservar los derechos constitucionales de los pensionados en beneficio del pueblo, dijo, además que a través de esta iniciativa se estaría llevando una nueva acción afirmativa a favor del contribuyente, ya que lo dispuesto en el Artículo 60 Bis 2, resulta contrario a los derechos fundamentales de igualdad y equidad tributaria contenidos en el Artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal.
Por lo mismo, agregó, dicha disposición ha sido sujeta de una declaratoria general de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial de la Federación, lo cual ilustró con la lectura de diversas tesis y jurisprudencias en las que también descansaron las resoluciones de los tribunales federales en el conocimiento de los asuntos del tema que ocupa.
“Lo idóneo resulta ser procedente derogar el Artículo 60 Bis 2 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por resultar ser contrario al principio constitucional de equidad tributaria y derecho fundamental de igualdad, dado que los pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo, conforme a la finalidad que se persigue con el cobro de la aportación de seguridad social”, aseveró.
Acuerdos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el diputado Rodrigo Acuña Arredondo presentó una iniciativa con punto de Acuerdo dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Dirección
General de Aduanas, con la finalidad de que se eliminen los puntos de revisión, como la garita San Emeterio, ubicada en el kilómetro 27 de la carretera federal número 2, tramo Sonoyta-Caborca, en los límites de los municipios de General Plutarco Elías Calles y Caborca.
También la conocida como “Almejas”, ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, tramo Peñasco-Caborca, en el municipio de Puerto Peñasco, y “Caborca”, ubicada en el kilómetro 92 de la carretera federal número 2, tramo Caborca-Altar, municipio de Pitiquito Sonora. El Acuerdo con exhorto se aprobó por unanimidad.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes propuso por su parte se envíe un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, para que promueva, impulse y, en su caso, dé seguimiento a la celebración de convenios intersectoriales de desarrollo social, entre dependencias, entidades y ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes con los ayuntamientos menores a 100 mil habitantes.
Lo que busca es que se atienda a las personas de estos últimos municipios que necesiten atención en materia de adicciones, violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer y mediación familiar, así como en cualquier otra área que a su juicio requiera de atención, y al Poder Ejecutivo estatal, para que en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2016, destine recursos suficientes a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
Trujillo Fuentes agregó que la idea es que se impulse el deporte en los municipios menores a 10 mil habitantes, con el objeto de lograr una igualdad jurídica y equidad en materia social, en apoyo a la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de esas regiones. El Acuerdo se aprobó por unanimidad.
En el mismo sentido fue aprobado el Acuerdo por el cual se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al Secretario de Hacienda, con el fin de que en el presupuesto de egresos para 2016 se incluyan las partidas necesarias para la construcción, habilitación, equipamiento y operación de un centro de justicia laboral integral.
El exhorto, que fue presentado por la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, también está dirigido al Secretario del Trabajo, para que la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, y la Dirección General de Inspección e Higiene, coadyuven con la Secretaría del Trabajo Federal en la aplicación del Convenio de Coordinación Fiscal en materia de multas por violación a las normas del trabajo.
Al Acuerdo se le adicionó una propuesta que hizo el diputado Javier Villarreal Gámez, para que se considere a los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales para la creación de centros de justicia laboral integral, y que se dignifiquen los tribunales laborales.
El diputado José Ángel Rochín López solicitó al Pleno resolviera enviar un exhorto a la Gobernadora del Estado, con el fin de que dentro del proyecto de egresos para el ejercicio fiscal de 2016, prevea recursos suficientes para otorgar apoyos económicos a las personas de 65 años o más que habiten en centros de población de más de 5 mil habitantes y a las de 60 años o más que habiten en comunidades de 5 mil habitantes o menos, que se encuentren en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad social.
El Acuerdo se aprobó por unanimidad y
