Hermosillo, Son. 15 de diciembre de 2015.- La LXI Legislatura clausuró el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de su ejercicio constitucional, con la aprobación del Decreto para crear el Centro de Investigaciones Parlamentarias y de Fiscalización del Estado de Sonora, el exhorto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que reconsidere el incremento aplicable en 2016, el lema de la correspondencia para el próximo año, la aprobación de la Ley de la Maternidad y reformas a la Ley de Transparencia, entre otros asuntos.
El diputado Luis Gerardo Serrato Castell presidirá los trabajos de la Diputación Permanente durante el primer periodo extraordinario de sesiones enero-febrero de 2016, aprobó el Pleno por unanimidad, y en la mesa directiva le acompañarán los diputados Teresa María Olivares Ochoa, como vicepresidenta; Rodrigo Acuña Arredondo, como secretario; Brenda Elizabeth Jaime Montoya y Angélica María Payán García, como suplentes.
El exhorto dirigido a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fue propuesto por el diputado Javier Villarreal Gámez, para que se reconsidere la resolución del 11 de diciembre de 2015, mediante la cual se determinó un incremento del 4.2 por ciento aplicable sobre el salario mínimo general, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Expuso que se trata de una determinación completamente incongruente y contradictoria a lo que establece el párrafo segundo de la fracción VI del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese monto de salario no es suficiente para que un trabajador, en calidad de jefe de familia, pueda tener acceso a satisfacer las necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación y esparcimiento de él, su esposa y sus hijos.
Villarreal Gámez consideró que dicha resolución también es violatoria del Derecho Humano al Trabajo, así como a los derechos humanos, de los que se derivan el Derecho a la Educación, a la Salud y a la Vivienda, entre otros. El exhorto también será remitido a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que se sumen y manifiesten su apoyo al mismo.
El exhorto fue aprobado por unanimidad, al igual que el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, con el objeto de crear el Centro de Investigaciones Parlamentarias y de Fiscalización del Estado de Sonora, al que dio lectura el diputado Moisés Gómez Reyna, a nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Es necesario que el Congreso del Estado cuente con un centro de esa índole, para que a partir de ahí se lleven a cabo estudios profundos, análisis técnicos, investigaciones comparativas, propuestas de innovación, atención de solicitudes de investigación, entre otras actividades, que en suma fortalezcan el quehacer parlamentario de Sonora, sostuvo.
“Es necesario que los diputados y los grupos parlamentarios cuenten con apoyos más enfocados al análisis y creación de instrumentos, permitiendo que otras áreas del Congreso se dediquen a labores propiamente del quehacer parlamentario. Esto desahogaría la labor legislativa permitiendo una especialización y desarrollo eficaz y eficiente de productos”, aseveró Gómez
Reyna.
Agregó que como la creación de instancias o áreas necesariamente implican un gasto, es importante buscar soluciones integrales para evitar que la propuesta de creación del Centro de Investigaciones Parlamentarias y de Fiscalización quede en plano de un mero deseo, por la falta de recursos.
El Pleno aprobó entonces modificar el Artículo 2° y añadió un capítulo XV a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, con la aclaración de que dicho centro no implicará una invasión a la esfera competencial constitucional del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que conserva para sí, de manera exclusiva, las facultades de fiscalización de los entes públicos.
Enseguida se aprobó por mayoría la Ley que aprueba el lema para toda la correspondencia oficial en el Estado durante 2016, propuesta presentada por la CRICP y a la que dio lectura la diputada María Cristina Gutiérrez Mazón, misma que será: “2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción”.
Dicho lema se colocará en toda la correspondencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los 72 ayuntamientos.
Otro Decreto aprobado es el que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, que le permitirá al Gobierno impulsar una gestión con base en la configuración de un gobierno debidamente coordinado, eficaz y orientado a resultados satisfactorios para todos los sonorenses, que traiga consigo una debida atención de las necesidades de la población, mediante una aplicación racional y austera de los recursos.
Entre las propuestas que establece la iniciativa presentada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, destacan la creación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal, así como la reestructura de la Oficina del Ejecutivo, y como mejora sustancial se propone que estén adscritos directamente a la Gobernadora del Estado la Secretaría Particular, el Jefe de Oficina del Ejecutivo, la Secretaría Técnica del Ejecutivo y la Coordinación Ejecutiva de Administración.
La Secretaría Técnica del Ejecutivo será responsable de las actividades de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Gubernamental, de la Coordinación de Atención Ciudadana, así como de estudios y proyectos estratégicos, y se fusiona la Oficialía Mayor a la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de racionalizar el gasto, reducir la burocracia y realizar sus funciones con mayor eficiencia, establece el Decreto.
En el desarrollo de la última sesión del periodo ordinario, la asamblea aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Transparencia que, con base a una iniciativa de los diputados Jesús Epifanio Salido Pavlovich, Moisés Gómez Reyna y Fermín Trujillo Fuentes, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de armonizarla con la Constitución Federal en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
También para que sea acorde a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información pública, y la obligación de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, incluyendo a los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.
La Ley que reforma la Constitución local establece la facultad para que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados se nombre a los integrantes del órgano garante de acceso a la información, así como para nombrar a los miembros del consejo consultivo del mismo, y legislar en la materia de acceso a la información y protección de datos personales.
“Con las reformas propuestas, este Poder Legislativo cumple su compromiso social con la transparencia, esperando facilitar al ciudadano el uso de esta herramienta, sin que podamos considerar que el trabajo ha culminado en esta materia, pues somos conscientes, como parte integrante de la sociedad, que sólo es un paso más en este camino que logrará que en Sonora tengamos gobiernos transparentes”, destaca el dictamen.
La Ley será remitida a los 72 ayuntamientos para su aprobación por sus respectivos cabildos, y una vez aprobada por la mitad más uno de éstos, se enviará a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente se aprobó la Ley de Maternidad para el Estado de Sonora, mediante la cual se garantizarán condiciones legales para que se brinden programas de apoyo a la maternidad, así como fijar estrategias para salvaguardar los derechos de las mujeres embarazadas, el resguardo de su salud, la del producto en su gestación y la infancia temprana.
Dispone que la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la secretarías de Educación, de Salud y el DIF Sonora, promoverán el diseño, elaboración e implementación de programas de apoyo que beneficien a las mujeres embarazadas, además de que la Secretaría de Desarrollo Social llevará a cabo un estudio socioeconómico a las madres embarazadas, para acreditar su situación de desventaja socioeconómica para poder acceder a los apoyos.
Éstos serán: consultas médicas, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, atención ginecológica gratuita, orientación psicológica y psiquiátrica hasta el posparto, así como orientación y vigilancia en material de nutrición, a través de instituciones públicas de salud, establece la Ley con base a una iniciativa de la diputada Rosario Carolina Lara Moreno.
En el mismo sentido se aprobaron dos dictámenes, el primero presentado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Salud, en forma unida, con Acuerdo que resuelve crear la Comisión Especial contra las Adicciones, iniciativa promovida por la diputada Ana Luisa Valdés Avilés.
El segundo dictamen fue presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que aprueba la renuncia presentada por el ciudadano Edgar Iván Rodríguez López al cargo de Regidor propietario del Ayuntamiento de Cananea, Sonora, en virtud de que éste ha calificado la causa como procedente.
Una vez desahogado el orden del día, los integrantes de la LXI Legislatura aprobaron el Decreto que clausura el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional y acto seguido se entonó el Himno Nacional.