abr 14 2016

Cuenta Sonora con nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

                                                Hermosillo, Son. 14 de abril de 2016.- A 21 días de que venza el plazo establecido en la Ley General de Transparencia para que los congresos locales adecuen sus leyes en la materia, el Poder Legislativo de Sonora aprobó por unanimidad el nuevo ordenamiento denominado: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Esta nueva legislación sustituirá a la actual Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, publicada el 25 de febrero de 2005 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 16, sección II, misma que será abrogada una vez que entre en vigor la aprobada en la sesión de hoy.

El diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, a nombre de la Comisión de Transparencia, inició la lectura del dictamen con el proyecto de Ley, elaborado con base a la iniciativa que el pasado 23 de febrero presentaron los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, así como de las propuestas presentadas por el diputado Juan José Lam Angulo, diversas organizaciones ciudadanas y el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.

“Con este nuevo proyecto normativo se dota de un marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, acorde a las modificaciones que en la materia se han realizado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y diversas normas federales”, leyó.

Ambas iniciativas buscan dar cumplimiento a lo ordenado por las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poner a la entidad a la vanguardia en la protección del derecho humano al acceso a la información pública, en beneficio de sus habitantes, mediante la promoción de un gobierno de puertas abiertas y un acercamiento con la sociedad sonorense, establece la exposición de motivos del dictamen.

Díaz Nieblas una hizo relatoría del proceso que se llevó a cabo para arribar a la presentación del dictamen, incluidas dos audiencias públicas con expertos en la materia, que se celebraron en los municipios de Hermosillo y de Cajeme.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora establece como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder, quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber:

El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; el Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y dependencias, así como el resto de los entes públicos, cualquiera que sea su denominación o estructura.

El Poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y sus órganos y dependencias; los ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada; los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en las leyes estatales; los sindicatos que reciben recursos públicos y las instituciones y entidades de interés público; los organismos electorales.

También los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los organismos semejantes reconocidos por la Ley; las
                                            
                                                personas privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y de cualquier modo, reciban recursos públicos para su ejercicio con ese carácter, o ejerzan actos de autoridad.

Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos; los fideicomisos, empresas paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo que se refiere a los recursos públicos involucrados, así como aquellas empresas de participación estatal.

La lectura del dictamen estuvo a cargo además por los diputados María Cristina Gutiérrez Mazón, Manuel Villegas Rodríguez, Omar Alberto Guillén Partida, José Armando Gutiérrez Jiménez y Célida Teresa López Cárdenas.

Y con relación a la nueva Ley hicieron comentarios en sentido positivo los diputados Ana Luisa Valdés Avilés, Célida Teresa López Cárdenas, Omar Alberto Guillén Partida, Lisette López Godínez, Carlos Alberto León García y Fermín Trujillo Fuentes.

Aprueban acuerdos y Decreto
En el desarrollo de la sesión, la asamblea aprobó tres acuerdos presentados por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el primero para modificar la integración de las comisiones de Presupuestos y Asuntos Municipales; de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático; y de Ciencia y Tecnología, con el objeto de sustituir diputados de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y otros diputados.

La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales será presidida por la diputada Angélica María Payán García, en sustitución de Rosario Carolina Lara Moreno; la de Ciencia y Tecnología por la diputada Lina Acosta Cid en sustitución de Sandra Mercedes Hernández Barajas; esta última encabezará la de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático en lugar de la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya.

El diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich dijo a nombre de la CRICP que con esta propuesta de modificación no se altera de ninguna manera el principio de proporcionalidad y el esquema de participación de cada grupo parlamentario.

Enseguida el diputado Fermín Trujillo Fuentes dio lectura al Acuerdo que modifica la integración de la Comisión Especial contra las Adicciones, en la cual queda como presidenta la diputada Rosario Carolina Lara Moreno en sustitución de la diputada Ana Luisa Valdés Avilés, quien fungirá como secretaria.

La diputada Valdés Avilés recibió el reconocimiento de sus compañeros diputados por el trabajo realizado en esta comisión, la cual quedó integrada el pasado 15 de diciembre con base a una iniciativa de la legisladora.

El tercer Acuerdo, al que dio lectura la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, establece la designación de las personas que habrán de ocupar diversos cargos en este Poder Legislativo, cuya protesta de Ley está prevista para la sesión del 3 de mayo del presente.
 
Ellos son: de la Oficialía Mayor, en la Subdirección de Apoyo Legislativo, Raúl Rolando Yeomans Macías; y en la Subdirección de Estudios Legislativos, José Antonio Contreras Hermosillo.

De la Dirección General de Administración, en la Subdirección de Atención Ciudadana, Moisés Abraham Navarro Gómez; en la Subdirección de Proveeduría y Servicios Generales, Sylvia Isela Matrecitos Maldonado; en la Subdirección de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Elia Margarita Bustamante Pérez; y en la Subdirección de Informática, Ramón Hunab Ku Morales Delgado.

Como Director General Jurídico se designó a Carlos Felipe Lugo
                                            
Grijalva, y como Subdirector General Jurídico, a Tonatiuh Granados Samaniego; mientras que de la Dirección General de Comunicación Social, se nombró en la Subdirección de Cobertura y Difusión a Jorge Humberto Angulo Parra.

Otro Acuerdo aprobado en la sesión, éste presentado por el diputado Javier Villarreal Gámez, resuelve exhortar a las autoridades laborales del Estado, las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, y a las organizaciones sindicales del Estado, para que antepongan sus mejores esfuerzos en beneficio de la paz y estabilidad laboral en el Estado.

“Para generar un clima de armonía laboral en el Estado es necesaria la participación de todos los actores que intervienen en la relación laboral, como lo son los empleadores y los trabajadores, pero también es indispensable que los gobiernos estatal y municipal, en el ámbito de sus atribuciones competenciales, generen las condiciones políticas y sociales necesarias para que esta estabilidad laboral sea una realidad”, expresó.

De acuerdo al orden del día aprobado, el diputado Javier Dagnino Escoboza presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, con el objeto de establecer nuevas atribuciones a los comités ciudadanos de seguridad pública.

Agregó que el Observatorio Ciudadano deberá promover la denuncia de los delitos, ya que en su función se dedica a recopilar, generar, sistematizar, analizar y validar información de la incidencia delictiva en materia de seguridad pública, con una visión integral y con el fin de incidir en la toma de decisiones y las políticas públicas en materia de prevención de la violencia y la delincuencia. Se turnó para su estudio a la Comisión de Seguridad Pública.

Posterior a este punto, el Pleno aprobó el Decreto que reforma el Artículo 43 de la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora, para que cuenten con instalaciones hidráulicas, eléctricas, equipos portátiles y fijos contra incendios; intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación y el Estado.

A nombre de la Comisión de Protección Civil, el diputado Carlos Alberto León García dio lectura al dictamen que establece que deberá observarse en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en las normas oficiales mexicanas para tal efecto, además de contar con dictamen de unidades verificadoras.

Bajo ninguna circunstancia, los Centros de Desarrollo Integral Infantil contarán con instalaciones o equipamiento que utilicen o empleen cualquier tipo de gas, y ningún establecimiento, que por su naturaleza, giro o actividad, o por el material que maneja ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas, niños y demás personas que concurran a éstos, podrá estar ubicado a una distancia a la redonda menor a 100 metros, expuso.

El Decreto también establece que los ayuntamientos deberán contemplar las distancias a que se refiere el Artículo 43, en la determinación de sus respectivos programas de desarrollo urbano y autorizaciones de licencias de funcionamiento o construcción que a su efecto autoricen.

Antes de clausurar la sesión, el diputado Juan José Lam Angulo presentó un posicionamiento con relación a empleos y justicia laboral en Sonora. La próxima plenaria se citó para el martes 19 de abril, a las 11:00 horas.