Hermosillo, Son. 9 de junio de 2016.- En una mayor disponibilidad de recursos públicos, que se destinarán a programas de corte social en beneficio de los que menos tienen y elevar con ello las expectativas de vida de la población sonorense en su conjunto, se traducirá la aprobación del Decreto para mejorar las condiciones financieras actuales de la deuda pública estatal.
Como lo dictaminaron los integrantes de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda el pasado 8 de junio, este día el Pleno votó de manera unánime por la reforma del Decreto número 19, aprobado el 10 de diciembre de 2015, relativo a la contratación de financiamiento, refinanciamiento y/o reestructuración de deuda pública del Estado, que envió a esta Soberanía la titular del Poder Ejecutivo estatal.
Se modificaron los párrafos primero de los artículos Quinto y Octavo del Decreto número 19, con la finalidad de incluir la contratación de la figura de Garantía de Pago Oportuno en la totalidad de las operaciones de crédito, en la búsqueda, en primera instancia, de la obtención de una calificación AAA por parte de las principales agencias de calificación de riesgo privadas.
El diputado Rafael Buelna Clark dio lectura al dictamen, a nombre de las comisiones unidas de Hacienda, del que destaca que dichas modificaciones generarían una mayor confianza frente al sistema financiero nacional y sentarían un precedente para futuras operaciones en la entidad.
Para llevar a cabo las operaciones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS, dicha institución financiera solicitó al Gobierno del Estado que se lleven a cabo las modificaciones al Decreto número 19, con relación a los fideicomisos, dar claridad a algunos conceptos y aspectos operativos contenidos en el primer párrafo del Artículo Quinto, establece.
También la modificación del primer párrafo del Artículo Octavo, con el objeto de incluir en el contenido del mismo la figura de la Garantía de Pago Oportuno para los créditos nuevos, lo que permitirá que tanto en las operaciones de reestructura y/o refinanciamiento, como en las de créditos nuevos, puedan ser contratadas dichas garantías, lo que a la postre significa un servicio de la deuda menos costoso para el Estado, expuso Buelna Clark.
La reestructuración y/o refinanciamiento de los saldos insolutos de créditos directos a cargo del Gobierno del Estado es hasta por la cantidad de 16 mil 993 millones 125 mil 345 pesos con 41 centavos, en tanto que la contratación de uno o varios financiamientos será hasta por la cantidad de 5 mil millones de pesos.
Los recursos que se obtengan del financiamiento autorizado deberán destinarse a inversión pública productiva, consistente en proyectos específicos de infraestructura, por mil 763 millones de pesos; red carretera estatal, mil 425 millones de pesos; programas y proyectos pari passu, 942
millones de pesos; infraestructura educativa contratada (ISIE), 580 millones de pesos y obras en proceso estatal de infraestructura, 290 millones de pesos.
De acuerdo al dictamen, el flujo del proceso de reestructura financiera generará al Estado ahorros por 2 mil 83 millones de pesos.
El diputado Moisés Gómez Reyna consideró que no sólo se reducirá la tasa a la cual se puede comprometer el financiamiento aprobado en diciembre pasado, sino que establece la posibilidad de mejorar las calificaciones ante las agencias, lo cual le da al Estado certidumbre de crecimiento y de mejora en las negociaciones futuras, además de que el mecanismo es congruente con la Ley de Disciplina Financiera federal y con la iniciativa que en la materia presentó recientemente su grupo parlamentario.
“Por ello nosotros estamos manifestándonos con el voto a favor. Queremos, como lo ha manifestado parte de los miembros de esta fracción que participan en las comisiones de Hacienda, celebrar el recibimiento de los proyectos productivos que pueden estar considerados como parte detonadora del desarrollo económico del Estado”, aseveró.
La diputada Flor Ayala Robles Linares reconoció que tener deuda garantizada para acceder a mejores calificaciones genera una gran responsabilidad, además de mayores posibilidades de reducir sus tasas, porque al pagar menos intereses se garantizan los ingresos liberados para poder hacer obras, programas y beneficios generales para la población.
De una deuda que heredó la actual administración por un monto aproximado a los 17 mil millones de pesos, al final del sexenio y con las acciones financieras implementadas, la deuda terminará en poco más de 19 mil millones de pesos, que traídos a valor neto, representarán una deuda menor a la heredada y eso se traducirá en beneficio para los ciudadanos y los municipios, aseguró.
La diputada Lisette López Godínez dijo que los legisladores serán informados sobre el destino de los recursos provenientes de esa contratación, como lo aseguró el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, quien al comparecer el pasado 8 de junio, dio a conocer que tenía contemplado implementar dicho plan.
Que los municipios también estén al pendiente del manejo de su deuda propuso el diputado Carlos Alberto León García, lo que sigue es cómo se va a desarrollar el destino final de la deuda pública.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes se manifestó a favor de que los gobiernos sean los que propicien la gobernabilidad y lleven la bandera de la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, como quedó de manifiesto en la exposición que les presentó el responsable de las finanzas del Estado.
“Tengo esperanza en que demos ese salto los políticos y podamos aprobar, como se está haciendo ahorita, para poder aspirar a acceder al poder en mejores condiciones, con gobiernos
