Hermosillo, Son. 16 de junio de 2016.- Los municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes quedarán exceptuados de la obligación de tener estados de ingresos y egresos dictaminados y publicados, lo que les permitirá contar con mayores facilidades de acceder a recursos económicos extraordinarios para invertir en su desarrollo en general.
Se trata de la aprobación del Decreto que adiciona un quinto párrafo al Artículo 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, propuesta hecha tiempo atrás por la diputada Flor Ayala Robles Linares y cuyo dictamen presentó la Primera Comisión de Hacienda, mismo que la asamblea aprobó por unanimidad.
“Tiene por objeto facilitar la contratación de financiamientos por parte de municipios pequeños, para que estén en posibilidad de ejecutar mayor obra pública, agilizar el proceso de autorización por parte del Congreso y evitar los elevados costos por la dictaminación de sus estados de ingresos y egresos”, establece en una de sus partes la exposición de motivos.
Agrega que, si bien es cierto, la creación de la Ley de Deuda Pública data del 6 de julio de 1995, la exigencia de los estados financieros dictaminados para contraer obligaciones o empréstitos fue introducida al Artículo 19 a partir del Decreto número 78, publicado el 3 de julio de 2006.
El Decreto establece que se harán merecedores a este beneficio los municipios cuya población sea menor a cien mil habitantes, según el último censo del INEGI, y que tengan presupuestadas cantidades iguales o menores a 50 millones de pesos en sus leyes de ingresos del año en el cual soliciten la autorización ante el Congreso del Estado.
Además de que el monto de la obligación o empréstito solicitado no supere el 20 por ciento de sus ingresos totales presupuestados para ese mismo año, dio a conocer el diputado Rodrigo Acuña Arredondo, al dar lectura al dictamen.
Actualmente la Ley de Deuda Pública, en el referido Artículo 19, obliga a que todos los entes públicos que deseen contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos, cuenten con estados de ingresos y egresos de tres ejercicios fiscales consecutivos dictaminados por un contador público independiente que cuente con capacidad técnica certificada por algún órgano colegiado de contadores públicos reconocidos a nivel nacional.
Cuando entre en vigor el Decreto, dicha obligación ya no será
necesaria, por considerar la comisión, de acuerdo al estudio de la iniciativa, que contar con estados financieros dictaminados supone un obstáculo importante para los ayuntamientos pequeños, ya que la dictaminación de sus finanzas por parte de despachos contables, representa una erogación de una buena parte de sus recursos.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones de dictamen iniciativas con proyectos de decreto para reformar el Código Penal para el Estado de Sonora, a cargo de los diputados Flor Ayala Robles Linares y David Homero Palafox Celaya, y con proyecto de ley, presentado por la diputada Célida Teresa López Cárdenas.
Ayala Robles Linares propuso reformas y adiciones al Código punitivo, con el objeto de que se apliquen penas más severas a quienes incurran en el delito de robo, por considerar que cuenta con una pena mínima, la cual es inferior a las aplicables en la Ciudad de México, Chihuahua y Sinaloa. La propuesta es que las penalidades sean de seis a doce años de prisión.
Expuso que mientras en el Estado, la penalidad es de un mes a nueve años de prisión, en la Ciudad de México y en Chihuahua va de seis meses a diez años, mientras que en Sinaloa es de tres meses a ocho años, y con base a un análisis general, Sonora está por arriba de la tasa delictiva en comparación de los otros estados, a pesar de contar con menor población.
Además propuso castigos mayores para quienes hayan sido o sean miembros de algún cuerpo de seguridad pública, personal operativo de empresas de seguridad privada, así como a quienes roben accesorios automotrices o artículos al interior de un vehículo.
A esta iniciativa se sumó el grupo parlamentario del PRI y se turnó a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, para su estudio y dictaminación.
Enseguida la diputada Célida Teresa López Cárdenas presentó una iniciativa con proyecto de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado de Sonora.
Expuso ante el Pleno que la ley tendría por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas, para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia
de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el Periodismo en la entidad.
Se crearía el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, agregó, para que el Gobierno del Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
La legisladora hizo mención de que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, en la que prevalece sobre cualquier principio del Derecho, los derechos humanos, que son en esencia los derechos fundamentales del hombre y la mujer, el 25 de junio de 2012, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley Nacional para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Esta iniciativa se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que también estudiará el proyecto de decreto presentado por el diputado David Homero Palafox Celaya, que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora.
Propuso aumentar la pena que corresponda hasta en una tercera parte a quienes incurran en el maltrato a un adulto mayor, el cual se da de muchas formas y se configuran dentro de esas acciones, al menos, los delitos de violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar equiparada, lesiones y auxilio o inducción al suicidio, indicó.
Además mencionó el abandono como otra causal, ya sea en el hogar, en asilo de ancianos, en hospitales y en la calle, ya que en ese tipo de situaciones los adultos mayores suelen deprimirse mucho y, en consecuencia, no quieren comer ni recibir ayuda de personas o instituciones.
Y como penúltimo punto del orden del día, el diputado José Ángel Rochín López presentó un posicionamiento con relación a la detención y encarcelamiento de los dirigentes magisteriales de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La exigencia de MORENA al Gobierno Federal es que cese la represión en contra de los maestros opositores en toda la República, incluido el Estado de Sonora; la liberación inmediata de los maestros Rubén Núñez Ginés y Francisco Manuel Villalobos, entre otros; y la instalación de una mesa de diálogo nacional, no sólo entre las partes en conflicto, sino con todas las fuerzas políticas y sociales del país, sostuvo.
El Pleno sesionará de nuevo el martes 21 de junio, a las 11:00 horas.