Hermosillo, Son. 30 de junio de 2016.- Una nueva Ley de Educación para el Estado de Sonora, decretos que reforman las leyes del Registro Civil, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de Vivienda, el Código Civil y el de Procedimientos Civiles, así como la Ley que declara el Día Estatal del Pescador, aprobó la LXI Legislatura durante la última sesión del Segundo Periodo Ordinario.
A nombre de la Comisión de Educación y Cultura, el diputado Rodrigo Acuña Arredondo dio lectura al dictamen con proyecto de Ley de Educación para el Estado de Sonora, que se fundamenta en una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la controversia constitucional 40/2014 en materia educativa.
Expuso que una de las finalidades de la educación es la construcción vocacional, de ahí la necesidad de promover el desarrollo de las aptitudes, las capacidades, las destrezas, las habilidades y los valores de los individuos, que permitan construir sus vocaciones, lo cual es el sentido que contiene la nueva legislación.
Esta nueva herramienta busca perfilar un futuro profesional con mayores oportunidades para los educandos, dándole facultades al Poder Ejecutivo de realizar acciones de orientación, desde el nivel básico hasta la media superior, para que estén en condiciones de elegir una carrera profesional.
Acuña Arredondo agregó que el segundo tema es dotar de facultades al Poder Ejecutivo para efectuar programas que permitan estimular a los niños y jóvenes en alguna ciencia, además de que evita la transcripción de textos que forman parte y se encuentran regulados por la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la propia Ley General de Educación, respetando así las esferas de competencia marcadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Derivado del proceso de armonización del marco jurídico en relación a las leyes generales en materia educativa, se contempla la inclusión de un capítulo sobre el servicio profesional docente, el cual señala que en todo lo que tiene que ver con ingresos, promoción, reconocimiento y permanencia, se sujetarán a lo que marcan las leyes generales en la materia.
El proyecto contempla, en su gran mayoría, artículos vigentes de la Ley de Educación, además de que se le da un orden al articulado y se eliminan todos los artículos Bis y Ter, así como los capítulos que se encontraban en esa misma situación.
La Ley consta de 86 artículos distribuidos en trece capítulos: De las disposiciones generales; De las finalidades de la educación; De las facultades y obligaciones del Estado en materia educativa; Del expediente único del estudiante; Del sistema educativo estatal; De la educación que imparten los particulares; De la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos; De la coordinación de la educación superior; De la participación social en la educación; Del financiamiento en la educación; De la equidad educativa e inclusión social; Del servicio profesional docente y De las infracciones y sanciones.
Con esta
nueva Ley quedará abrogada la legislación vigente en la materia. El proyecto se aprobó por mayoría.
Reforman diversas leyes
En el desarrollo de la plenaria fue aprobado el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Decreto número 09, que autoriza al Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco a contratar financiamientos con una o varias instituciones de crédito o financieras que ofrezcan las mejores condiciones, hasta por 360 millones 424 mil 655 pesos, aprobado el 15 de diciembre de 2012.
A nombre de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, la diputada Célida Teresa López Cárdenas leyó el dictamen que establece que de los 360 millones 424 mil 655 pesos, en aquella ocasión sólo pudieron ejercerse 98 millones de pesos para el pago de la deuda pública contratada y dispuesta por el Ayuntamiento en esa fecha, quedando pendiente por aplicar, ejercer y contratar, 262 millones 424 mil 655 pesos.
De acuerdo al Decreto, el planteamiento consiste en corregir el destino de dicha cantidad, para destinar 98 millones de pesos para la reestructura de deuda con el Banco Interacciones S.A. y los 144 millones de pesos restantes serían destinados a inversión pública productiva.
Posteriormente se aprobaron los dictámenes con decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Sonora y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Sonora. Los dictámenes fueron leídos por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Ana Luisa Valdés Avilés, respectivamente.
El primero establece la figura jurídica de la hipoteca inversa, como una opción alterna que brinde la posibilidad legal a los adultos mayores de que puedan disfrutar en esta etapa de la vida del fruto del esfuerzo que han desarrollado durante su etapa productiva, que generalmente se refleja en su patrimonio inmobiliario.
De esta manera se constituiría una forma de pensión, a través de recursos económicos provenientes de un crédito, garantizando su pago con un bien inmueble propiedad del beneficiario, para lo cual el deudor será el beneficiario del crédito como pensionista y el acreedor será el pensionario, como propuso en su iniciativa el diputado Trujillo Fuentes.
El dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Sonora contiene novedosas disposiciones jurídicas protectoras de las viviendas de interés social, las cuales están enfocadas a aquellos bienes inmuebles provenientes de las autoridades estatales y municipales en la materia, al abrir la posibilidad de que su escrituración se realice sin la participación de Notario Público.
Como lo planteó la diputada Valdés Avilés en su iniciativa, tampoco será necesario llevar a cabo trámite judicial alguno para establecer el patrimonio familiar respectivo, con lo que será de fácil realización sacar del comercio dichos bienes inmuebles, al no ser susceptibles de ser enajenados, ni poder embargarse o afectarse mediante algún otro tipo de gravamen.
Otro dictamen aprobado por el Pleno es el que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el