Hermosillo, Son. 2 de agosto de 2016.- Por considerar que los motivos por los cuales se instituyó el fuero como una prerrogativa para los servidores públicos del Estado y de los organismos autónomos han dejado de tener vigencia en el país, el presidente del Congreso del Estado, diputado Omar Alberto Guillén Partida, informó que analizarán dicha figura y, de estimarse procedente, la eliminarán del marco constitucional local.
“Por ende, en nuestro Estado constituye un obstáculo en el desempeño de la tarea funcional de quienes ocupamos cargos públicos, al impedir potenciar el recto desempeño de la labor pública. La realidad sonorense y muy seguramente la de la mayoría de las entidades federativas del país, están preparadas desde hace tiempo para entender que las instituciones valen por lo que son, no por quienes las ocupan”, expresó.
Agregó que hoy en día, los sonorenses han comprobado que el verdadero balance entre los poderes radica en la fuerza de las instituciones y en el respaldo democrático, y por consiguiente, es mínimo el riesgo que sobre la buena marcha del Estado implica la separación del cargo público de un alto funcionario, en razón de encontrarse sujeto a un proceso penal.
Guillén Partida aseguró que el privilegio de servir a la ciudadanía exige un alto grado de compromiso y sensibilidad social de todos y cada uno de sus miembros, por lo que ante esa perspectiva, el desempeño de un cargo implica, para el servidor público, el inexcusable deber de hacer cumplir, pero sobre todo de cumplir las leyes aplicables.
Ante los integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente, el Presidente del Congreso del Estado expuso que “la no procesabilidad” de que gozan los funcionarios públicos a los que se refieren diversos artículos de la Constitución Federal y de la Constitución local, establece una distancia entre los servidores y los ciudadanos, puesto que confiere un privilegio no sólo innecesario, sino injusto ante los ojos de la ciudadanía.
“Se insiste: el Estado de Sonora y muchas entidades federativas se encuentran preparadas para tener autoridades que puedan ser sujetas a proceso penal con la misma facilidad que cualquier otro ciudadano. Justo es recordar que la
figura del fuero ha sido utilizada de manera abusiva en el país”, aseveró.
Guillén Partida sostuvo que los integrantes del grupo parlamentario del PRI están convencidos de que la figura del fuero constitucional debe ser analizada y, de estimarse procedente, eliminada del marco constitucional local, y recordó que el Estado de Jalisco es el pionero en tal situación, con base al consenso de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de aquella entidad.
“Creemos que Sonora no será la excepción. Estamos convencidos de que la Gobernadora ha marcado una postura firme y decidida respecto al necesario combate a la corrupción y el hecho de poder eliminar este privilegio no es sino un acto de congruencia de un gobierno transparente y sensible al sentir de los sonorenses”, exteriorizó.
Dijo confiar que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado habrán de coincidir en que el fuero constitucional no debe ser un amparo para los servidores públicos que traicionen la confianza de la ciudadanía, para que en Sonora no exista impunidad.
En correspondencia se recibió este día una iniciativa presentada por el diputado David Homero Palafox Celaya, con proyecto de ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, encaminada a eliminar el fuero constitucional, la cual se turnó a las comisiones de Gobernación y Anticorrupción, en forma unida.
También sobre el tema del combate a la corrupción, el diputado Carlos Alberto León García presentó una iniciativa de ley que reforma y deroga diversas disposiciones de la fracción XXI-A del Artículo 64; el inciso D) de la fracción VII BIS del Artículo 66; los artículos 146 y 148-A de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Explicó que para proceder penalmente contra un Diputado, Magistrado, Consejero, Presidente Municipal, Regidor, Auditor Superior, Fiscal y demás, no debería ser necesario previamente el procedimiento de declaración de procedencia que tenga que realizar el Poder Legislativo y sean directamente los jueces los que tengan que conocer conforme a la legislación penal correspondiente.
“Para Movimiento Ciudadano Sonora es un compromiso con la
ciudadanía y sus principios. Cabe destacar que para que tengamos un auténtico estado de derecho, la Ley se debe aplicar a todos por igual, sin distinciones ni privilegios. La función pública debe constituir un mandato de servicio a la comunidad y no una fuente de privilegio personal o de grupo”, afirmó.
La iniciativa se turnó para su estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Anticorrupción, en forma unida.
Aprueban acuerdos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, los integrantes de la Diputación Permanente aprobaron un Acuerdo por medio del cual manifiestan su conformidad para que la localidad de Cócorit, Sonora, sea considerada como aspirante para formar parte del Programa de Pueblos Mágicos, dependiente de la Secretaría de Turismo Federal.
La propuesta la presentó el diputado Rafael Buelna Clark, misma que establece exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, a efecto de que, en el marco de discusión y análisis del paquete fiscal para el ejercicio 2017, considere las partidas que resulten necesarias para los fines expresados en la parte expositiva.
Además se resuelve comunicar el contenido del Acuerdo al Ayuntamiento de Cajeme y al titular de la Secretaría de Turismo Federal, con el objeto de que den cumplimiento al requisito que establecen los lineamientos en materia de incorporación y permanencia de Pueblos Mágicos.
El segundo Acuerdo aprobado por la Permanente se refiere a un exhorto dirigido al titular de la Comisión Estatal del Agua y demás autoridades estatales y federales competentes en la materia, para que lleven a cabo, de manera inmediata, las acciones necesarias dentro de sus facultades, para la programación y construcción de una planta tratadora de aguas residuales en el municipio de Ímuris, Sonora.
La diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas planteó que con la puesta en marcha de una planta tratadora de aguas residuales en Ímuris se pretende, primeramente, prevenir y controlar la contaminación del Río Magdalena, mediante la protección del ecosistema de la región, así como el tratamiento para su re uso, y posteriormente para su descarga, a efecto de reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades.