Hermosillo, Son. 14 de septiembre de 2016.- Acuerdos con exhortos dirigidos al Presidente de la República, a los secretarios de Hacienda, Gobernación y Seguridad Pública del Gobierno Federal, así como a la titular del Poder Ejecutivo estatal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó enviar el Pleno del Congreso del Estado durante su sesión ordinaria.
En el mismo sentido fue aprobado el Decreto que reforma diversas disposiciones del Artículo Primero del Decreto número 56, por el que se autoriza al municipio de Empalme para que refinancie o reestructure su deuda pública y/o contrate uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos adicionales destinados a inversiones públicas productivas.
El primer Acuerdo aprobado fue propuesto por la diputada Lina Acosta Cid, a efecto de que el Presidente de la República y los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Gobernación y Seguridad Pública, reconsideren la propuesta de paquete fiscal 2017 y la consecuente omisión del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PRONAPRED.
Además para que el Congreso de la Unión etiquete la misma cantidad de recursos asignados en el ejercicio 2016 a los estados y sus municipios que operan dicho programa, por considerar que el Gobierno de la República desapareció el mismo de forma opaca, a espaldas de los estados, de los municipios y, en consecuencia, de los ciudadanos, sostuvo.
“En general se habla que el recorte para varios programas relacionados con la seguridad que maneja la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, asciende a los 9 mil 278 millones de pesos, afectando la prevención del delito, el combate a la inseguridad, el combate a las adicciones, el rescate de espacios públicos y la promoción de proyectos”, expresó Acosta Cid.
El segundo Acuerdo con exhorto aprobado está dirigido a la titular del Ejecutivo estatal y al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, para que lleven a cabo las acciones que sean necesarias a fin de implementar alertas en materia de protección civil, a través de la telefonía móvil, ante la llegada de la temporada de fenómenos meteorológicos que amenazan con llegar al Estado.
El diputado José Luis Castillo Godínez presentó la propuesta y recordó que la obligación del gobierno es velar por los intereses de la sociedad, por lo que presentar el exhorto va encaminado a que se realicen las acciones necesarias ante las distintas compañías de telefonía móvil existentes en la región.
La idea es que de manera coordinada se puedan brindar alertas oportunas a los sonorenses y, de esta manera, pueda salvaguardarse la integridad de las personas que se encuentren en la zona de riesgo, con el objeto de evitar o disminuir las consecuencias del fenómeno,
indicó.
A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está dirigido el tercer Acuerdo aprobado por el Pleno, a fin de que analice la figura del amparo previsto y regulado en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta presentada por el diputado David Homero Palafox Celaya y que fue aprobada por mayoría.
Expuso que se busca que, en caso de ser necesario, la Cámara Baja reforme, derogue o adicione disposiciones a dicho ordenamiento, ante el abuso desmedido que se hace de dicha institución por parte de ex servidores públicos de los tres niveles de gobierno, con el objeto de evitar que sean sancionados penal o administrativamente por faltas graves cometidas durante el ejercicio de sus funciones en agravio de los propios sonorenses y del erario público.
“Dicha institución jurídica tan noble ha sido empleada de manera abusiva por parte de los ex servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno al terminar un cargo público, buscando evitar que sean investigados o sancionados por la probable comisión de delitos e infracciones administrativas de las cuales recae una sanción administrativa o penal”, aseveró Palafox Celaya.
La propuesta generó un extenso debate por más de una hora y media en el Pleno, al registrarse la participación de una decena de legisladores que dieron sus puntos de vista a favor o en contra del Acuerdo.
El diputado Javier Dagnino Escoboza consideró que el hecho de que un ciudadano o ex funcionario recurra a la figura del amparo no es más que la clara y notoria forma de agredir y trasgredir las leyes que protegen a los individuos.
“Nosotros presentamos este argumento desde la tribuna. En la medida que se esté amparando un individuo, un ex funcionario, en esa medida se está evidenciando el reiterado y constante abuso de la Ley, porque cuando hablamos del amparo, no encontramos a ningún jurista que hable mal de esta figura”, agregó, tras calificar como absurda y ridícula la propuesta.
El diputado Carlos Alberto León García se sumó a la iniciativa para que se analice la Ley de Amparo y se evite siga siendo un herramienta para eludir la Ley, sobre todo cuando se trata de casos en los que se ha dañado el patrimonio de los ciudadanos.
“Los sonorenses requerimos acciones y no discursos, instituciones ministeriales y judiciales que no litiguen en los medios de comunicación, sino que representen al Estado y a los ciudadanos, y que se castigue a los culpables”, expresó.
También de acuerdo con la propuesta se manifestó a nombre de Nueva Alianza, el diputado Fermín Trujillo Fuentes, quien consideró que este punto de Acuerdo no tiene por qué ruborizar a nadie, ya que si el sistema funciona bien no tiene por qué hacer daño algo que propone un partido.
“¿Tiene o no la razón?, lo decidirá la
