oct 24 2016

Atestiguan presentación de Protocolo para atender violencia política contra mujeres

                                                Hermosillo, Son. 24 de octubre de 2016.- Diputadas de la LXI Legislatura atestiguaron esta mañana la presentación del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, a cargo de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa.

Asistieron las legisladoras Lina Acosta Cid, Célida Teresa López Cárdenas, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Rosario Carolina Lara Moreno, María Cristina Gutiérrez Mazón, Flor Ayala Robles Linares, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, Ana Luisa Valdés Avilés, Angélica María Payán García y Lisette López Godínez. También asistió el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Jesús Epifanio Salido Pavlovich.

La presentación del protocolo, evento organizado por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y la Red de Mujeres en Plural de Sonora, que fue inaugurado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura.

Ante los integrantes de la LXI Legislatura y demás público asistente, la magistrada Alanís Figueroa expuso que Sonora es una de las doce entidades en las que aún no se ha presentado iniciativa de ley específica que proteja a las mujeres de la violencia política.

“Por lo que se refiere a los estados de la República, seis la conceptualizan (la violencia política) en sus leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia: Baja California, Campeche, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. Catorce estados más tienen iniciativas, mientras que otros doce no tienen ninguna, entre ellos Sonora, para que lo anoten dentro de los pendientes de la agenda legislativa”, aseveró.

La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las
                                            
                                                Mujeres que actualmente se elabora y mediante la cual se podrán impulsar legislaciones dentro de los parlamentos, con el objeto de garantizar la participación política de las mujeres, sería de gran ayuda al Congreso del Estado de Sonora, consideró. 

La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación explicó que en México han sido presentadas doce iniciativas, la primera de noviembre de 2012 y la última de octubre del presente, las cuales provienen de todos los partidos e incluso hay conjuntas o de una Senadora independiente.

“Un dato interesante: ninguna iniciativa ha sido presentada por algún hombre, ni Diputado ni Senador, y seis iniciativas proponen tipificar la violencia política como delito”, afirmó.

La violencia política contra las mujeres es un problema que han enfrentado desde hace mucho tiempo, dijo, pero que apenas recientemente se ha nombrado y abordado en términos judiciales, legislativos y académicos, principalmente en América Latina.

Alanís Figueroa sostuvo que el llamado de acción establece que la violencia política no es el precio por ejercer sus derechos humanos y sus derechos político-electorales; ni la integridad física y psicológica; ni el derecho al honor y a la imagen; ni la seguridad de las mujeres, sus familias y colaboradores; ni el acoso ni la discriminación por formar parte de los espacios donde se toman decisiones que definen el rumbo del país.

“La violencia política de género constituye una manifestación más de la violación a los derechos humanos de las mujeres, que les impide, por lo menos, el ejercicio de sus derechos político-electorales”, expresó la Magistrada del TEPJF.

Agregó que no es un problema privativo de México y ejemplificó con casos ocurridos en Estados Unidos, Perú, Bolivia,
                                            
Brasil, Inglaterra, Kenia, Afganistán e Italia, sin dejar de lado los ocurridos a Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, y Felícitas Muñiz, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero.

“Al día de hoy hemos emitido cuatro sentencias donde se declara la existencia de violencia política de género. La primera sobre acoso laboral en contra de la Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes; la segunda relativa a la renuncia forzada de Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó; la tercera de Agustina Castellanos Zaragoza, agente municipal y otras colegas de su agencia que fueron destituidas de su cargo”, exteriorizó.

La cuarta es la de Felícitas Muñiz, presidenta municipal del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, quien sufrió diversos actos de hostigamiento para que renunciara a su cargo.

El Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres surgió a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVIMTRA.

La Magistrada Alanís Rodríguez expuso que todo el trabajo que ha implicado el Protocolo constituye un importante legado de la integración de la Sala Superior, por lo que confió que las magistradas y magistrados que asuman próximamente le den continuidad y lo amplíen, ya que resta mucho por hacer y el ámbito jurisdiccional es fundamental para hacer que los derechos políticos de las mujeres avancen.