nov 15 2016

Propone adicionar la Ley de Fiscalización Superior

                                                Hermosillo, Son. 15 de noviembre de 2016.- Una iniciativa para dejar de forma explícita las obligaciones y los tiempos que se deberán cumplir, una vez que se haya examinado y calificado la Cuenta Pública por parte del Congreso del Estado, que permitirá dar certidumbre a las partes involucradas, fue presentada ante el Pleno durante la sesión ordinaria.

La diputada Lina Acosta Cid dio a conocer a la asamblea el proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al Artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en lo que calificó como una etapa de adecuaciones al marco legal y en consonancia con la recién promulgada Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
 
“La fiscalización y la rendición de cuentas son parte de los nuevos rasgos de la gestión pública en todos los niveles. Las recientes reformas en el ámbito federal y estatal están poniendo bases más sólidas para lograr un servicio público más eficiente en beneficio de la ciudadanía”, expresó.
 
Esta mejora y actualización normativa busca dar certeza a todos los involucrados, sobre todo porque se trata de la fiscalización de los recursos públicos, dijo la diputada Acosta Cid.
 
La adición establece que el Congreso del Estado, en un plazo no mayor a tres días hábiles, instruirá al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, a más tardar, contados a partir de la recepción de la citada instrucción, notifique a cada ente fiscalizado el pliego de observaciones pendientes de solventación.
 
Para tal efecto les concederá los plazos y condiciones previstos en el Artículo 45 de la Ley en la materia, y vencido el plazo de 30 días hábiles a que hace alusión dicha disposición, el ISAF deberá informar a los entes fiscalizados, a través de su portal web, el estado que guarda cada una de las observaciones, y hará de su conocimiento aquellas que se hayan solventado parcialmente y las que no fueron solventadas, dice la propuesta.
 
“El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presentará semestralmente al Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia del ISAF, a partir de la fecha en que hayan sido presentados a su vez al Pleno los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales, un informe donde dará a conocer el estado que guardan las mismas a esa fecha”, agrega la iniciativa que se turnó para su estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
 
La asamblea también aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar al Congreso de la Unión, para solicitarle que se incluya en la Ley General en materia de delitos electorales, una disposición que sancione con pena privativa de libertad las conductas que afecten a mujeres dentro
                                            
                                                del ámbito del ejercicio de sus derechos político-electorales, que sean constitutivas de violencia política contra la mujer.
 
La iniciativa fue presentada por la diputada Rosario Carolina Lara Moreno, quien consideró que a pesar de los grandes esfuerzos realizados para lograr una democracia con paridad de género, en el trayecto se han presentado episodios de violencia contra la mujer en diferentes ámbitos.
 
La violencia política contra la mujer, dijo, afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, así como su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en algún partido político, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos o en el ejercicio de un cargo público.
 
Refirió que durante los procesos electorales 2014-2015, celebrados en diversos estados, se presentaron casos de asesinatos, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con armas de fuego, a personas que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de campañas, coordinadoras de campaña, colaboradoras y hasta familiares de candidatas.
 
A este Acuerdo se sumaron los diputados Karmen Aída Díaz Brown Ojeda y Manuel Villegas Rodríguez. La diputada Angélica María Payán García indicó por su parte que a nivel federal ya están puestas las discusiones para reformar y adicionar las leyes generales de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre de Violencia, de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos.
 
“Es necesario solidificar estos esfuerzos contenidos a nivel federal y armonizar para que la violencia política sea reconocida y sancionada en el país”, aseveró.
 
A la par de la iniciativa con exhorto, la diputada Lara Moreno presentó una propuesta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la cual se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género. Lo que busca es que quede establecida la violencia política en la Ley, sostuvo.
 
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el diputado Carlos Alberto León García presentó una iniciativa para exhortar a la titular del Ejecutivo estatal, a que dentro del ámbito de sus funciones gestione los recursos suficientes para la apertura de centros de convivencia familiar para el Estado de Sonora.
 
Expuso que esta iniciativa le fue presentada por la Asociación Civil denominada “Creo en ti Sonora”, para pronunciarse tajantemente en contra de las rupturas de familia. Pretende que en todo momento prevalezca el interés superior del menor, y se genere la menor afectación
                                            
posible en los niños y niñas que se ven envueltos en un proceso de divorcio en el Estado de Sonora.
 
El diputado León García destacó la importancia de que el Estado aporte todo lo necesario para que el desarrollo del menor se vea lo menos afectado posible cuando se presente un proceso de separación, de manera que durante un proceso de divorcio se prevean todos aquellos escenarios que alteren de manera negativa el desarrollo psico-emocional de los menores, y en su lugar se impongan mecanismos e instituciones que promuevan una correcta relación afectiva entre padre e hijo.
 
También para que se generen espacios en los que prevalezca la neutralidad, el amor, la paz y la sana convivencia entre los miembros de una familia que pase por un proceso de separación o divorcio, sostuvo el legislador.
 
El Acuerdo se aprobó por unanimidad y a éste se sumó la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda.
 
Iniciativas a estudio en comisiones
El presidente de la mesa directiva, Carlos Manuel Fu Salcido, turnó a comisiones de trabajo dos iniciativas con proyectos de decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado y el Código Penal para el Estado de Sonora, presentadas por los diputados Karmen Aída Díaz Ojeda, y Rodrigo Acuña Arredondo en unión con Rafael Buelna Clark, respectivamente.
 
Díaz Brown Ojeda propuso que los adultos mayores de 60 años y más, en condición vulnerable, puedan recibir un acta del Registro Civil de cualquier tipo en forma gratuita, para lo cual se reformaría el numeral 1.3 de la fracción II del Artículo 325 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
 
“Esto posibilitaría la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, defunción o de cualquier otro tipo sin ningún costo, por una única ocasión, a las personas mayores de sesenta años que no puedan cubrir el importe, por encontrarse en situación de calle, vulnerabilidad o abandono sin seguridad social o pensión”, externó la legisladora.
 
La iniciativa se turnó a la Primera Comisión de Hacienda, en tanto que a la de Justicia y Derechos Humanos se envió la presentada por los diputados Acuña Arredondo y Buelna Clark, que tiene por objeto endurecer las penas contra el delito de abigeato en Sonora, para lo cual proponen reformar el Código Penal.
 
El diputado Acuña Arredondo informó al Pleno que la propuesta pretende homologar e incrementar las penas consideradas por la comisión del delito de abigeato, contra quien se apodere de una o más cabezas de ganado bovino, porcino, equino, ovino o caprino, sin distinción.
 
“La idea es que se castigue igual a quien se robe varias cabezas de ganado como a quien se robe una vaca, un puerco o una cabra”, expresó.
 
La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 17 de noviembre, a las 10:00 horas.