Hermosillo, Son. 29 de noviembre de 2016.- En concordancia con la realidad social que vive el Estado de Sonora, y con total respeto a los derechos humanos de los sonorenses, los cuales los dignifican como personas, los diputados de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad regular los delitos de estupro y de rapto, y se crearon dos tipos penales: la discriminación y el acoso sexual.
Estas modificaciones al Código sustantivo Penal tienen por objeto evitar la discriminación normativa y, por otra parte, proteger los derechos de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, de acuerdo al dictamen presentado en forma unida por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.
Fueron las diputadas Karmen Aída Díaz Brown Ojeda y Lina Acosta Cid quienes presentaron por separado iniciativas sobre dicha temática, la primera con el objeto de regular, proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en los ámbitos público y privado, mediante lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado de Sonora y al sector privado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva.
También propuso armonizar la legislación local en materia de violencia, con los instrumentos internacionales; transformar los marcos normativos en medidas prácticas a través de la elaboración y adopción de políticas públicas; lograr una efectiva operación interinstitucional y multisectorial, así como promover la participación ciudadana y de los medios de comunicación en su promoción, vigilancia y seguimiento.
La diputada Acosta Cid propuso por su parte establecer, dentro de los elementos constitutivos del delito de estupro, que se realice la configuración del mismo sin importar las cuestiones de género; que dicho delito se actualice cuando la víctima tenga un rango de edad mayor a doce años pero menor a 18 años y aumentar la pena con que se castigará a quien lo comete, con tres meses más, tratándose de la pena mínima, y un año más para la pena máxima.
El Decreto establece que se procederá contra el estuprador, por queja de la persona ofendida o de alguno de sus padres o, a falta de éstos, de sus representantes legítimos, eliminando el matrimonio como excluyente de responsabilidad para este delito
que atenta contra los derechos de niños y adolescentes.
El delito de estupro se castigará con prisión de dos a cuatro años y multa de 100 a 300 unidades de medida y actualización, mientras que la sanción para el delito de discriminación será de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y multa de hasta 200 unidades de medida de actualización.
Además se eleva el rango de edad de la víctima, tratándose del delito de estupro, para quedar: “de mayor a doce años y menor de 18 años”, y se elimina el matrimonio como una forma de exonerar a la persona que cometa dicha conducta; se establece que existe daño moral tratándose del delito de acoso sexual y aumenta la edad para efectos de determinar la presunción de seducción en delito de rapto de una mujer.
Aprueban dos acuerdos y turnan iniciativas
En esta última sesión del mes de noviembre, la Presidencia turnó a la Comisión de Educación y Cultura una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del Artículo 24 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, con el objeto de apoyar el aprendizaje de los jóvenes sonorenses mediante el uso responsable y seguro de Internet y de las redes sociales digitales.
Las diputadas María Cristina Gutiérrez Mazón y Karmen Aída Díaz Brown Ojeda presentaron la propuesta al Pleno, como seguimiento al exhorto que el pasado mes de abril presentaron los diputados infantiles, por considerar que es necesario hacer las adecuaciones que permitan a las autoridades educativas contar con herramientas legales necesarias para lograr que se imparta una educación integral a las nuevas generaciones.
También se aprobaron dos acuerdos con exhortos, el primero presentado por el grupo parlamentario del PAN, que está dirigido a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección General del Registro Civil, para que en el presupuesto de egresos de 2017 se destinen recursos que permitan simplificar los trámites que otorga la Dirección del Registro Civil.
El diputado José Armando Gutiérrez Jiménez leyó la iniciativa, la que entre otros puntos destaca la necesidad de mejorar la calidad del servicio, reorganizar el recurso humano y la digitalización de bases de datos, además de hacer más segura y expedita la emisión del acta de nacimiento; beneficiar la economía familiar al eliminar costos de
traslado y tiempo, prevenir el robo y fraude de identidad, y mejorar la recaudación y gasto de los recursos públicos.
Y para que en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 2017 se establezca una partida específica referente al cumplimiento que mandata la Ley de Protección a Madres Jefas de Familia, el Pleno aprobó enviar un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo estatal.
El diputado Juan José Lam Angulo fue quien presentó la propuesta, en la que expuso una realidad que lastima social y humanamente a las mujeres jefas de familia, quienes después de quedar solas con hijos y al frente de la responsabilidad de alimentar, educar, fomentar los valores para los futuros adultos, siguen desprotegidas y sin ningún apoyo, sostuvo.
Agregó que es necesario garantizarles servicios médicos, asesoría jurídica, educación básica, becas educativas, ser sujetas a programas de asistencia social, y recibir apoyo económico otorgado por el Gobierno del Estado, ya que “como Legislativo y Ejecutivo no podemos aspirar a que continúe esta falta de atención a las madres jefas de familia sin pareja”, expresó.
Y a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático se turnó la iniciativa que presentó la diputada Rosario Carolina Lara Moreno, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIX al Artículo 144 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
Esta se refiere al control de la contaminación por residuos en oficinas públicas, a través de un protocolo que promueve la reutilización, reducción y reciclaje en el área de trabajo, lo que ayudaría a crear mayor concientización, indicó.
Antes de clausurar la sesión, el diputado Carlos Manuel Fu Salcido, en su calidad de presidente de la mesa directiva, dio a conocer, con base al Acuerdo aprobado al inicio de este periodo y previa comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que la mesa directiva para el mes de diciembre estará integrada de la siguiente manera:
Presidenta, Iris Fernanda Sánchez Chiu; vicepresidenta, Lina Acosta Cid; primera secretaria, Karmen Aída Díaz Brown Ojeda; segunda secretaria, Teresa María Olivares Ochoa y suplente, Carlos Alberto León García.
La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 1° de diciembre, a las 10:00 horas.