Hermosillo, Son. 7 de marzo de 2017.- Como parte de la transformación del Ministerio Público y su organización, que tiene por objeto el fortalecimiento de las autoridades que intervienen en el sistema penal acusatorio, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentó una iniciativa que reforma la Constitución local y que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Este proyecto se sustenta en las modificaciones que se hicieron, tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a la Constitución Política del Estado de Sonora, las cuales implican un cambio respecto a la armonización de diversos cuerpos normativos, con el fin de impactar en la consolidación y cumplimiento del debido proceso, la adecuada investigación de los hechos delictivos y la observancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
A nombre de la CRICP, el diputado David Homero Palafox Celaya presentó al Pleno la iniciativa que contiene los dos resolutivos y en cuya exposición de motivos destaca que se busca consolidar el sistema procesal de corte acusatorio penal, que tiene por objeto regular la organización del Ministerio Público (MP) y la función de la investigación de los delitos, para lo cual se sustituirá la Policía Estatal Investigadora por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
Para el cambio de dicha denominación se propone modificar el Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como el 101 para establecer sus funciones como auxiliar del Ministerio Público, en tanto que en el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora se establece la regulación del MP, así como la de los servicios periciales y de la policía auxiliar, en este caso la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
Palafox Celaya expuso que el proyecto de ley orgánica elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se realizó con base a las reformas aprobadas en materia procesal penal, tanto en la Constitución federal como en la local, y en la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En cuanto a las reformas y la adición que se proponen dentro de la Constitución local, además del cambio de nombre a la PEI, se establece que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial; la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel.
“Compete a la Autoridad Administrativa del Gobierno Estatal y a los Ayuntamientos, la aplicación de sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, que consistirán únicamente en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. La multa impuesta a los trabajadores no asalariados no excederá del equivalente a un día de su ingreso”, establece la adición de un artículo 105-B.
La iniciativa se turnó para su estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Enseguida el Pleno aprobó un Acuerdo para exhortar al Secretario de Economía del Gobierno del Estado, a fin de que se cree una bolsa de trabajo con empresarios de la entidad, que permita atender el incremento en la demanda de fuentes de empleo, ante la posibilidad de una repatriación
masiva de connacionales en el Estado.
La diputada María Cristina Gutiérrez Mazón hizo la propuesta a la asamblea, bajo el argumento de que una deportación masiva en territorio sonorense, aun y cuando el Gobierno de México logre rechazar la deportación de aquellas personas que no sean connacionales, incrementaría de manera importante el número de población flotante desempleada que existe en los municipios fronterizos.
Lo anterior afectaría no sólo la economía, dijo, sino que pondría en riesgo la seguridad pública, al haber una enorme cantidad de personas recién llegadas, sin arraigo en las poblaciones a las que fueron deportadas y sin contar con recursos económicos para su sostenimiento o, en su caso, el de su familia, ni manera lícita de conseguirlo.
Otro Acuerdo aprobado por el Pleno es el que resuelve exhortar al Gobierno Federal, a través de la SEMARNAT, PROFEPA y CONAPESCA, para que de manera inmediata se permita a los pescadores del Alto Golfo a reanudar la pesca de curvina golfina, y al Gobierno del Estado, para que la titular del Ejecutivo estatal encabece las gestiones ante las autoridades federales.
La propuesta la hizo la diputada Célida Teresa López Cárdenas, por considerar, sostuvo, que la suspensión temporal de la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el Golfo de Santa Clara, prohibición decretada por el Gobierno Federal el 10 de abril de 2015, generó incertidumbre entre los pescadores durante los casi dos años de emitida dicha prohibición.
Agregó que a escasos 35 días de cumplirse el plazo establecido por la Federación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió un decreto adicional, para prohibir todo tipo de pesca en el Alto Golfo, incluyendo la pesca de escamas, como la curvina golfina, que es la única especie cuya captura estaba permitida, pero que de manera sorpresiva y sin mediar aviso alguno, se enviaron inspectores de la PROFEPA, infantes de Marina, personal de la Gendarmería Nacional y del Ejército Mexicano, así como elementos de la fuerza pública, a vigilar y resguardar.
Lejos de vislumbrarse una solución se presentan nuevos retos para la autoridad y problemas para la comunidad sonorense que depende de la actividad pesquera para sostener a sus familias, expuso la legisladora, quien también pidió la destitución del titular de la SEMARNAT.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Comisión Especial Río Sonora presentó un punto de Acuerdo para exhortar, de nueva cuenta, a Grupo México y al Presidente del Fideicomiso Río Sonora, a efecto de que se cumplan los acuerdos referentes a la construcción y operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, UVEAS.
También para la instalación y operación de las 28 plantas potabilizadoras equipadas con alta tecnología para suministrar agua potable a la población afectada de dicha zona, dio a conocer el diputado Fermín Trujillo Fuentes, así como a los titulares de los poderes ejecutivos Federal y estatal, para que a través del Delegado de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Gobierno, intensifiquen el cabildeo para que se cumplan dichos acuerdos.
Incluyeron en la propuesta la elaboración de un plan regional de desarrollo que pueda ser empatado al que exige el contenido en la Ley que crea la zona económica especial Río Sonora y, a propuesta del diputado Javier Dagnino Escobosa, se le adicionó
