Hermosillo, Son., noviembre 22 de 2017.- Con la premisa de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; ayuntamientos, órganos autónomos, entre otros, este día se dictaminó en comisiones el proyecto de decreto que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Los integrantes de las comisiones de Transparencia y de Fiscalización aprobaron dicho proyecto en el que también se incluye a partidos políticos, instituciones de educación superior, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado y sus municipios.
Con base a una iniciativa que el pasado 21 de septiembre presentó el diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, las dictaminadoras se abocaron al estudio de la misma y consideraron positivas y jurídicamente viables las modificaciones propuestas, por lo que recomendaron su aprobación por parte del Pleno del Congreso del Estado.
“Con la entrada en vigor de la propuesta en
análisis podremos sumar una acción positiva en el plano legislativo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y garantizar el derecho humano de acceso a la información pública en nuestro Estado”, establece.
El proyecto destaca que, en virtud de las recientes modificaciones que se hicieron a la Constitución local y a diversas disposiciones legales en materia de combate a la corrupción, se establecieron varias obligaciones de manera específica a los sujetos obligados en la materia, una de éstas es hacer públicos los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que correspondan, que se realicen por parte de los entes encargados de auditar el ejercicio de los recursos públicos.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los informes de auditoría que deben hacerse públicos son los realizados por la Contraloría General del Estado, las contralorías internas, el órgano interno de control y evaluación gubernamental de cada Municipio, el órgano fiscalizador del Congreso y los auditores externos.
Sin embargo, al ser esta Ley
