Hermosillo, Son., diciembre 12 de 2017.- Un presupuesto austero, acorde a la realidad ciudadana y que prioriza inversión en la gente, sin la creación de nuevos impuestos ni aumento a los ya existentes, aprobó el Congreso del Estado dentro del paquete económico que contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por 64 mil 17 millones 94 mil 424 pesos, de los cuales la mitad se destinará a gasto social.
En una sesión que duró seis horas con 20 minutos, los legisladores locales aprobaron la propuesta presupuestal que es cinco por ciento más a lo ejercido en 2017, y que en términos reales corresponde a un dos por ciento de incremento comparado a este año, misma que establece que el 50 por ciento será para gasto en los renglones de educación, salud, desarrollo social y seguridad.
De acuerdo a la postura manifestada por el grupo parlamentario del PRI, el Gobierno del Estado logrará la consecución de metas trazadas para un Sonora con rumbo, ya que se busca mantener la disciplina financiera, fortalecer la inversión y construir las bases para atender, no sólo las necesidades de las generaciones presentes, sino también generar condiciones sostenibles para las generaciones futuras.
El diputado Rafael Buelna Clark destacó a nombre de su grupo parlamentario los programas del eje rector: gobierno promotor de los derechos humanos e igualdad de género; protección y defensa de los derechos humanos; evaluación y profesionalización de los cuerpos de seguridad pública; coordinación de las policías públicas para la igualdad de género y atención a mujeres.
Con la representación del grupo parlamentario del PAN, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell aseguró que su posición sería del lado de los ciudadanos, de las organizaciones, de la gente que les ha manifestado distintos puntos, y celebró que en la reestructura de la deuda se haya tomado el modelo del gobierno panista de Veracruz.
“Como grupo también sabemos ser responsables y vamos a ir (aprobar) en los temas que son para bien de la ciudadanía”, expresó tras manifestar su desacuerdo con el tema de ingresos, específicamente lo relativo al sector primario, cuyas posibilidades de tener incentivos fiscales se limitan; el endeudamiento del Estado, y en egresos, el aumento de sueldo a funcionarios, a la nómina y la disminución de la inversión pública.
A nombre de Nueva Alianza, el diputado Fermín Trujillo Fuentes destacó los 488 millones de pesos que se destinarán al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON, para atender una parte del tema de pensiones y otra la parte médica, hospitalaria y farmacéutica, así como 2 mil 970 millones para la Secretaría de Educación y Cultura, y mil 197 millones para la Secretaría de Salud Pública.
Agregó que el Estado y esta Legislatura han previsto una aportación de 612 millones de pesos que permitirán que el Seguro Popular funcione porque es la cobija que atiende al sector más desprotegido que no tiene una relación obrero-patronal, y se estableció un piso para beneficiar a productores de la zona económica Río Sonora mediante las disposiciones aprobadas en materia fiscal.
Con la representación parlamentaria del PRD, el diputado Juan José Lam Angulo hizo algunas observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, como la disminución de recursos a los pueblos y comunidades indígenas, que pasará de 40 millones en 2017 a 26 millones el próximo año, cuando se trata de poblaciones que requieren agua potable, drenaje y redes de energía eléctrica.
Afirmó que si se aplicara la Ley como debe de ser, al menos se deberían destinar 100 millones de pesos para dichas comunidades, ya que se trataría del 50 por ciento de lo destinado en materia de infraestructura social a la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, que será de 200 millones de pesos.
El diputado Carlos Alberto León García presentó su posicionamiento a nombre de Movimiento Ciudadano, en el que destacó la socialización del paquete económico que llevó a cabo la semana pasada, ejercicio en el cual, dijo, se obtuvieron valiosas aportaciones, mismas que puso a consideración del Pleno para que fueran incluidas en el presupuesto.
“No demos la espalda a los ciudadanos que se dieron el tiempo y la oportunidad de participar en las decisiones de su gobierno”, expresó,
para después presentar una serie de observaciones en materia de cultura, salud, con falta de recursos para combatir la diabetes y la obesidad; y transporte público, entre otros temas.
En la discusión del Decreto de Egresos, el diputado Javier Dagnino Escobosa reservó dos artículos, uno relativo al tabulador de sueldos de mandos medios y superiores de gobierno, y otro sobre la distribución de la plantilla por tipo de plaza y dependencia, con el fin de que dichas disposiciones no fueran modificadas. Ambas quedaron aprobadas como las presentó el dictamen, así como la propuesta por el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez con relación a la inversión en obra pública.
De acuerdo al Decreto de Egresos, el Poder Legislativo ejercerá 688 millones 944 mil pesos; el Poder Judicial, mil 128 millones 827 mil 970 pesos; los órganos autónomos recibirán 4 mil 354 millones 759 mil 176 pesos, de los cuales se destinarán 68 millones 827 mil 300 pesos al Tribunal de Justicia Administrativa; 44 millones 464 mil pesos al Tribunal Estatal Electoral; y 36 millones 650 mil 200 pesos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales recibirá 30 millones 482 mil 481 pesos; el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 464 millones; la Universidad de Sonora, 2 mil 72 millones 882 mil 685 pesos; el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable, 10 millones de pesos; el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 191 millones 907 mil 640 pesos; la Fiscalía General de Justicia del Estado, mil 435 millones 544 mil 870 pesos.
El Poder Ejecutivo erogará 57 mil 844 millones 563 mil 278 pesos, recursos que se destinarán a sus diversas secretarías y dependencias, y en cumplimiento de lo que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, los partidos tendrán derecho al financiamiento público tanto para sus actividades permanentes, como para campañas electorales. Las prerrogativas ascienden a la cantidad de 138 millones de pesos.
Aprueban reestructuración
En el tema de la reestructura de la deuda, el dictamen presentado por las comisiones de Hacienda establece que tiene como objetivo destinar menos recursos para el pago de la misma, lo cual se logrará al obtener mejores tasas de interés, mayor plazo para el pago de los créditos y tener un esquema de pago de amortizaciones que libere flujo para destinarlo a otras actividades prioritarias del Estado y sus organismos.
Se tiene estimado que con las condiciones actuales de la deuda, el Estado pagaría durante 2018 un total de 2 mil 11 millones de pesos por concepto de capital e interés de los créditos, además de que se lograría un ahorro estimado de 262 millones de pesos durante el próximo año, y de mil 77 millones de pesos a lo largo de esta administración estatal, más mil 712 millones de pesos en la siguiente.
Los financiamientos que el Estado y/o los fiduciarios de los fideicomisos contraten serán hasta por la cantidad de 20 mil 613 millones 263 mil 370 pesos, lo que la diputada Flor Ayala Robles Linares calificó como una oportunidad de brindar más certeza jurídica a quienes generan derrama económica en el Estado, pero sobre todo el saneamiento continuo y sostenible de las finanzas, indicó.
“Hoy por hoy tenemos una recaudación que pasamos de estar en el lugar número 29 a estar hoy en el 17 en menos de un año, y con proyección de pasar al cuarto lugar. Esa confianza y credibilidad se traduce en los más de 40 mil empleos que ha generado el Estado de Sonora, en las más de 400 empresas que se han venido a instalar; en un sector inmobiliario pujante, un sector comercial con crecimiento y en aumentar los indicadores de confianza más de cinco puntos”, aseveró.
Con la representación de MORENA, la diputada Célida Teresa López Cárdenas aseguró que austeridad no es un discurso sino que debe ser un sacrificio diario, por lo tanto no aprobaría la reestructuración de la deuda cuando no existe transparencia.
Puso como ejemplo el presupuesto que se destinará al Supremo Tribunal de Justicia, de poco más de mil millones de pesos o lo que se destinará al Instituto de Transparencia, recursos que no son suficientes, señaló, mientras que en asesorías jurídicas y en gasto para alimentos se destinarán