Hermosillo, Son., octubre 12 de 2018.- Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la convocatoria para los interesados en participar en el proceso de designación de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora.
La convocatoria estará abierta del 16 al 20 de octubre, mientras el 22 del mismo mes se publicará en la página electrónica del Congreso del Estado el listado de los aspirantes registrados, y a más tardar el 25 de octubre deberá integrarse una lista con al menos cinco nombres que será presentada al Comité Ciudadano de Seguridad Pública, previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la LXII Legislatura.
El diputado Jesús Alonzo Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sometió a votación el documento en lo general, sin que se presentara alguna objeción, y en la votación en lo particular se presentaron varias propuestas de adición, la primera por el diputado Eduardo Urbina Lucero, a fin de que se agregara a los requisitos la evaluación del examen de control y confianza.
“Me parece importante de origen marcarlo bien como un requisito fundamental, porque si no lo dejamos claro en las bases iniciales, lo que puede pasar es que una vez que nosotros decidamos que se termina el proceso, vaya al comité ciudadano y vaya al Ejecutivo estatal y nos lo regresen, si va a ser una limitante para que ingrese al registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, aseveró.
El diputado Montes Piña dijo que ese tema, por su relevancia,
lo debería de tomar el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, de manera que lo tomen como requisito para los aspirantes al cargo, ya que plasmarlo en la convocatoria sería ir en contra de la Constitución, mientras que el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño consideró que, independientemente de las leyes y los reglamentos, debían hacer posible lo propuesto por Urbina Lucero.
Propuso no regatear a que llegue un Fiscal fortalecido, ni a la sociedad, en este caso a las barras y colegios de abogados, y a los académicos, de darles la oportunidad del acercamiento para contar con un Fiscal legitimado en un proceso transparente y no a modo o que se haya elegido en el marco de la partidocracia, como ha sido la costumbre, sostuvo.
“Le recuerdo que este es un proceso marcado por la Constitución; no seremos nosotros en esta comisión, los que al final tendremos la última palabra. Los filtros son tres: nosotros, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y el Ejecutivo, luego entonces, nos tocará a nosotros decidir de entre la terna que nos envíen”, aseveró el Presidente de la dictaminadora en relación a la propuesta del diputado Urbina Lucero.
La diputada María Dolores del Río Sánchez opinó que debían ser cuidadosos y buscar un esquema paralelo, ya que agregar el requisito del examen de control y confianza sería inconstitucional, y coincidió con el diputado Castelo Montaño en establecer el principio de máxima publicidad para que este proceso llegue a todos los sectores que deseen participar.
A favor de que sí se estableciera un acuerdo
que, aunque no fuese en la convocatoria, por cuidar lo que marca la Constitución local, permitiera socializarla con las barras y los colegios para su mayor difusión, se pronunció el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, en tanto la diputada Gricelda Soto Almada, consideró que una persona puede tener el mejor perfil y currículum, pero habría que recordar lo que ha pasado en el país con la designación de algunos funcionarios.
Finalmente a la convocatoria se le adicionó que los aspirantes incluyan manifiesto de que no se cuenta con conflicto de interés, el principio de máxima publicidad y que en la carta donde manifiesten su voluntad expresa de participar en el proceso de designación, se incluya que tenga énfasis en materia de derechos humanos.
Los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación y poseer una antigüedad mínima de diez años, así como título profesional de Licenciado en Derecho expedido por institución legalmente facultada para ello.
No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, y en caso de que haya incurrido en los delitos como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama pública, quedará inhabilitado para el cargo.
Los documentos serán recibidos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, sito en calles Tehuantepec y Allende, colonia Las Palmas de esta ciudad de Hermosillo, Sonora.