Hermosillo, Son., febrero 21 de 2019.- La LXII Legislatura de Sonora aprobó la minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, que será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción.
También por casos de encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La minuta, remitida a esta Soberanía por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, establece que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal, de acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con la aprobación del proyecto de Decreto este día, el Congreso del Estado se convierte en la doceava Legislatura que aprueba dicha minuta, la cual para su entrada en vigor requiere el voto a favor de la mitad más uno de los congresos locales. Hasta el pasado 19 de febrero, la Cámara de Diputados reportaba un total de once votos de legislaturas estatales.
El Decreto establece en un Artículo Tercero Transitorio, que la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las legislaciones del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio que ordena.
En el ámbito local, el 24 de noviembre de 2015, la LXI Legislatura aprobó, como parte del andamiaje jurídico del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor el 18 de diciembre del mismo año. Tiene por objeto atacar concretamente el producto obtenido de la participación en la comisión de delitos, al otorgar al Estado nuevas herramientas jurídicas para alcanzar bienes mal habidos y utilizarlos en beneficio de la sociedad.
Los legisladores consideraron una necesidad impostergable establecer un novedoso procedimiento que abriera la puerta al combate a la delincuencia organizada desde un nuevo ángulo, por lo cual con su entrada en vigor quedó abrogada la anterior legislación en la materia, vigente desde el 1° de enero de 2013.
En esta sesión ordinaria, la cual debido a la ausencia del diputado Francisco Javier Duarte Flores fue presidida por el vicepresidente de la mesa directiva, diputado Martín Matrecitos Flores, la asamblea aprobó acuerdos con exhortos dirigidos a diversas autoridades, en materia de salud mental y adicciones, turismo social y protección de mujeres indígenas.
Asimismo fueron turnados a comisiones dictaminadoras proyectos de decreto para modificar las leyes de Hacienda, de Tránsito, de
Servicio Civil y de Desarrollo Social para el Estado de Sonora, así como un proyecto de ley que reforma la Constitución local.
La diputada Diana Platt Salazar presentó iniciativa con punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal a que agilice la instalación del Instituto de Salud Mental y Adicciones, el cual debió haber entrado en vigor el 1° de enero del presente, por Decreto aprobado el año pasado por los integrantes de la LXI Legislatura.
“Es prioritario atender el problema de adicciones en Sonora y trabajar en la reconstrucción del tejido social para garantizar la salud física y mental. El problema de las adicciones es fácilmente palpable en nuestro entorno; gran número de noticias que se encuentran a diario en los medios de comunicación tienen correlación con el consumo y abuso de sustancias nocivas para la salud”, expresó.
Enseguida el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, para que informe cuáles son los programas de turismo social existentes en la entidad.
También para que informe sobre los acuerdos con prestadores de servicios en los que se determinen precios, tarifas y paquetes que favorezcan el desarrollo del turismo social, el padrón de beneficiarios, incluido el origen de cada uno y los lugares que visitaron, y cuáles son las instalaciones destinadas al turismo social y su ubicación, así como las empresas que participan para apoyar este tipo de actividad.
Un tercer Acuerdo aprobó el Pleno, éste para exhortar a los titulares del Ejecutivo estatal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objeto de que rindan puntual informe a esta Soberanía sobre diversos temas relacionados con la protección de las mujeres integrantes de las etnias sonorenses.
En su iniciativa, la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada hace algunos cuestionamientos para conocer cuántos agentes del Ministerio Público hablan algún dialecto o lengua indígena, cuántas denuncias y carpetas de investigación por cualquier abuso o acoso en contra de mujeres indígenas existen; de existir, cuántas se han integrado y qué resultados se han obtenido.
A la titular del Ejecutivo solicita conocer las acciones, proyectos y programas conjuntos que realiza a favor de las etnias sonorenses, en campañas encaminadas a informar y dar orientación sobre la importancia de presentar y denunciar todo aquel acto que afecte y vulnere sus derechos humanos.
Comisiones dictaminadoras estudiarán proyectos de decreto
Durante el desarrollo de esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras diversas iniciativas con proyectos de decreto, la primera presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, a fin de modificar las leyes de Hacienda y de Tránsito del Estado de Sonora.
La iniciativa, que se turnó para estudio a la Segunda Comisión de Hacienda, plantea que el seguro vehicular sea un beneficio otorgado
