Hermosillo, Son., marzo 14 de 2019.- Como integrante del Constituyente Permanente Federal, el Poder Legislativo de Sonora aprobó la Minuta con proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, al
Los delitos que se adicionan al catálogo de los considerados como graves son: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento mediante actos de corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, abuso sexual contra menores, robo a casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El Congreso del Estado de Sonora se une a las legislaturas de Campeche, Chiapas, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Guanajuato, Veracruz y Guerrero que hasta hoy habían aprobado la Minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó al Pleno el dictamen con el Acuerdo que contempla en todas y cada una de sus partes la reforma al Artículo 19 de la Constitución Federal, la cual se aprobó por mayoría. En contra votaron los diputados que integran los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Nueva Alianza.
Los argumentos en general en pro de la minuta presentada por la dictaminadora establecen que la prisión preventiva oficiosa no es una medida punitiva, sino una medida cautelar, que tiene como objetivo evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la detención.
El diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero manifestó que su voto sería en contra y presentó una serie de argumentaciones con fundamento en lo que establecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y Amnistía Internacional, en sus posturas en contra de la prisión preventiva oficiosa.
“Lo que se está discutiendo aquí es el apego al estado de derecho o no apego al estado de derecho. Defender la prisión preventiva oficiosa es
defender la afectación a los derechos humanos, es defender que el debido proceso no sea llevado a cabo y que la presunción de inocencia sea olvidada”, aseveró.
En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se incluya al municipio de Pitiquito, Sonora, en el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018.
La diputada María Dolores Del Río Sánchez expuso que en dicho Decreto se establece que la zona libre de la frontera Norte, en concreto el Estado de Sonora, se integra por los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, a quienes les serán aplicables los beneficios en materia de IVA y del Impuesto Sobre la Renta, ISR, pero deja fuera a Pitiquito, Sonora.
También se aprobó el Acuerdo mediante el cual esta Soberanía resuelve aprobar en sus términos las renuncias presentadas por los ciudadanos Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal, Álvaro Bracamonte Sierra y Guillermo Alejandro Noriega Esparza, al cargo de integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, SEA.
Y para que se implemente el Sistema Estatal de Control y Fiscalización dentro de la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, el diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a dicha legislación, el cual se turnó a la Comisión Anticorrupción.
Expuso que los órganos de control y fiscalización son los pilares que sostienen el principio de legalidad en cada uno de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, por lo que su ausencia o debilidad está directamente relacionada con la discrecionalidad, opacidad y corrupción de un gobierno.
La Presidencia turnó a las comisiones de Educación y Cultura, y de Ciencia y Tecnología, la iniciativa presentada por la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas