Hermosillo, Son., septiembre 10 de 2019.- Iniciativas para reformar las leyes Orgánica 4 de la Universidad de Sonora, del Notariado, del Servicio Civil, de Educación y de Seguridad Escolar, propusieron diputados durante la sesión ordinaria, además de la creación de nuevas leyes de transporte y movilidad, y de prevención, tratamiento y control de la diabetes, que serán estudiadas en las comisiones dictaminadoras respectivas.
En esta plenaria se aprobó una nueva Ley de Mejora Regulatoria y cuatro dictámenes con proyectos de Decreto que modifican la Ley de Cultura Física y Deporte, la Ley del Agua, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como una minuta que adiciona un Apartado C al Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas.
Asimismo se aprobaron dos acuerdos: el primero que resuelve declarar la actividad de cultivo de agave y producción del bacanora como industria estratégica para el desarrollo económico y social de Sonora, de acuerdo a la iniciativa presentada por el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, quien explicó que la declaratoria implica que el gobierno se compromete a desarrollar políticas públicas efectivas y coordinadas con los integrantes de la cadena productiva.
Además de establecer prioridad en las partidas presupuestales que puedan complementar los esquemas de impulso a la actividad, buscando el pleno desenvolvimiento de la industria y teniendo como objetivo que pueda aumentar su aportación a la economía del Estado de Sonora, y a propuesta del grupo parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Fermín Trujillo Fuentes propuso adicionar un punto que diga:
El Congreso del Estado velará en todo tiempo por el respeto y desarrollo económico y social de los 35 municipios rurales que cuentan con la denominación de origen en la declaratoria de hacer la industria del bacanora una industria estratégica.
El segundo Acuerdo resuelve que el Poder Legislativo envíe un exhorto a la Secretaría de Educación y Cultura, a fin de que por su conducto se intervenga ante las instituciones educativas a favor de los estudiantes, a efecto de que se revisen nuevamente sus expedientes y se les reasigne en escuelas próximas a sus domicilios, en beneficio de la estabilidad familiar y económica para el traslado a sus centros educativos, sin pasar por alto la seguridad de los estudiantes.
A nombre del grupo parlamentario del PT, la diputada María Magdalena Uribe Peña dio a conocer que es importante y urgente se atienda dicha problemática, en virtud de que las familias desisten en sus esfuerzos ante las instancias educativas, pierden credibilidad en las instituciones de gobierno, en los servidores públicos e incluso, no se sienten verdaderamente apoyados por los integrantes de esta asamblea legislativa.
Turnan iniciativas a comisiones dictaminadoras
La diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, por considerar, expuso, que requiere ser actualizada a casi tres décadas de haber entrado en funciones, para lo cual recibió la propuesta de un grupo diverso de universitarios que le expusieron la urgente necesidad de que la citada legislación responda y atienda las necesidades del Alma Máter.
“Los opacos y predecibles mecanismos de nombramiento de autoridades han generado un ambiente de anoxia política, dificultando la circulación de nuevos perfiles e ideas en los puestos administrativos, lo que, combinado con los escasos espacios de participación en los órganos colegiados, puede llevar al anquilosamiento y cerrazón de la Universidad ante los nuevos paradigmas de la educación y sociedad”, expresó.
Agregó que requiere contar con rotaciones efectivas en los cargos directivos en todos los niveles con el propósito de promover la alternancia que permita la mayor participación de docentes e investigadores, y ampliar el sentido de colaboración y responsabilidad, para lo cual las autoridades deberán elegirse bajo el principio de representatividad con voto universal, secreto y directo en todos los sectores de la comunidad. La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación y Cultura.
La Comisión de Transporte y Movilidad estudiará por su parte la iniciativa con proyecto de ley de transporte y movilidad para el Estado de Sonora, presentada por la diputada Leticia Calderón Fuentes, quien expuso es necesario implementar nuevas políticas de transporte enfocadas a garantizar el derecho a una movilidad sustentable, eficiente y segura, por lo que es de vital importancia establecer este derecho en un nuevo sistema normativo aplicable a nivel estatal y municipal.
“Con ese marco de referencia tenemos que ser parte del cambio estratégico cuya planeación y realización pretende erradicar los aspectos negativos de la gestión gubernamental que logre asegurar una firme y amplia participación ciudadana, una transparente administración de los recursos de cara a la población, y una eficiente y capacitada organización estatal y municipal en la prestación de los recursos de cara a la población”, aseveró.
Dentro de esta nueva propuesta de Ley se establece la figura del Consejo Directivo como el máximo órgano de dirección, autoridad y administración de la nueva autoridad en materia de transporte y movilidad. Este Consejo Directivo incorpora nuevos integrantes a fin de hacerlo más dinámico, y a través de él se podrán conciliar y equilibrar las opiniones y beneficios de los sectores público, social y privado
con la finalidad de atender y brindar una solución a la problemática relativa al servicio público de transporte, así como coordinar planes, programas y estudios de transporte y movilidad, indicó.
Junto con la iniciativa de nueva Ley, Calderón Fuentes presentó un proyecto de ley que deroga el Artículo 111 BIS de la Constitución Política del Estado de Sonora.
En el orden del día siguió la presentación de la iniciativa con proyecto de ley para la prevención, tratamiento y control de la diabetes en el Estado de Sonora, a cargo del grupo parlamentario de Acción Nacional, cuyos integrantes consideraron que actualmente constituye la principal causa de muerte en el mundo, además de ser la causa de la mayor parte de los costos evitables de la atención en salud.
En México se estima que existen doce millones de habitantes con diabetes; más de 106 mil personas fallecieron en 2017 por complicaciones por la diabetes mellitus y, según cifras del INEGI, de 2012 a 2018 se estima que el número de fallecimientos por dicho padecimiento fue cercano a 610 mil, que representa 20 por ciento de incremento respecto al sexenio anterior, informó la diputada Alejandra López Noriega.
La iniciativa, que será estudiada por la Comisión de Salud, busca fortalecer a las instituciones de salud, así como dejar asentado por Ley sobre los recursos, programas e instituciones que procuren la salud de los mexicanos, especialmente a los más vulnerables, los que necesitan atención para continuar con una vida digna.
En el desarrollo de la sesión, la Presidencia turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura, una iniciativa con proyecto de ley que adiciona un párrafo octavo al Artículo 1º de la Constitución local, para que el Estado fomente en el ser humano el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y promueva, a través de las autoridades correspondientes, la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
Ambas dictaminadoras también estudiarán el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a las leyes de Educación y de Seguridad Escolar, a propuesta de la diputada Rosa María Mancha Ornelas, quien planteó la necesidad de buscar, reencontrar y, sobre todo, practicar el respeto, la honradez, el patriotismo, la amistad, la lealtad y la honestidad, ya que existe una tendencia al desuso de la práctica de los valores.
“Hoy en día los valores humanos juegan un papel importante en el establecimiento de la paz y la protección de la sociedad. El respeto es uno de los valores más esenciales que la gente necesita tener y es fundamental rescatar e impulsar de nueva cuenta la proliferación de actitudes positivas en nuestra sociedad en base a principios éticos, morales, cívicos y patrióticos”, externó la legisladora.
En la sesión ordinaria, el diputado Filemón Ortega Quintos presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo y tercero al Artículo 4 de la Ley del Notariado, a efecto de corregir un aspecto que se presenta en las notarías del Estado, particularmente la práctica de notarías titulares y notarios suplentes dentro de la misma línea de parentesco, lo que constituye, dijo, claros ejemplos de nepotismo.
Cuestionó por qué no se evitaban los lazos familiares entre notarios titulares y suplentes; por qué no se otorgan patentes de notarios a verdaderos profesionales del Derecho y no en razón de la relación familiar, además consideró que esta práctica no abona a la transparencia en el ejercicio de la patente de Notario y disminuye el incentivo de denunciar irregularidades practicadas por los notarios titulares cuando los suplentes son familiares directos.
“Establecer una limitación en las suplencias de notarías, para que no puedan otorgarse como suplentes del titular, en una relación de parentesco, permitirá que el Notario suplente sea la primera línea de defensa contra la corrupción, ya que se convertirá en vigilante de los actos del titular”, exteriorizó Ortega Quintos.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en tanto a las de Salud y Asuntos del Trabajo, en forma unida, se remitió la presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Servicio Civil.
Expuso que dicha legislación no prevé el otorgamiento de una licencia especial que permita a los trabajadores cuidar y atender las necesidades propias del tratamiento de cáncer en una hija o hijo, lo que origina que los titulares de algunos entes públicos que tengan empleados que se encuentran en la situación antes planteada, se nieguen a otorgar permisos de manera continua para atender a sus hijos que padecen esa enfermedad.
“A fin de evitar lo anterior, vengo proponiendo que las y los trabajadores del servicio civil puedan gozar de una licencia con goce de sueldo para cuidar a sus hijos que padecen cualquier tipo de cáncer. La licencia será otorgada a solicitud del trabajador asegurado y podrá solicitarla cuantas veces sea necesario, durante tres años. La vigencia de cada licencia no puede ser mayor de treinta días”, establece el considerando.
Nueva Ley de Mejora Regulatoria
Un nuevo ordenamiento estatal en materia de mejora regulatoria aprobó por unanimidad el Pleno del Congreso, como armonización con la Ley General en la materia, cuyo Artículo Quinto Transitorio ordena que, a partir de su entrada en vigor, las entidades federativas cuentan con un plazo de un año para