Hermosillo, Son., octubre 31 de 2019.- El trabajo que realiza el Poder Legislativo en materia de combate a la corrupción, para inhibir los actos por parte de los servidores públicos que lesionan el estado de Derecho y la confianza que la sociedad tiene en sus instituciones, ha sido fortalecido este día con la aprobación del Decreto que incrementa la penalidad a quienes incurran en el delito de cohecho.
En esta última sesión de octubre, la asamblea aprobó por unanimidad la mesa directiva que ejercerá funciones durante noviembre y que estará integrada por los diputados Martín Matrecitos Flores, presidente; Marcia Lorena Camarena Moncada, vicepresidenta; Rodolfo Lizárraga Arellano, primer secretario; Jorge Villaescusa Aguayo, segundo secretario y Yumiko Yerania Palomarez Herrera, suplente.
Con base en una iniciativa ciudadana que los integrantes de la Comisión Anticorrupción hicieron suya, se dictaminó y fue aprobado por unanimidad del Pleno, que los servidores públicos de alguna corporación policial, ministerial o de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de la Secretaría de la Contraloría y del Tribunal de Justicia Administrativa que incurran en el delito de cohecho recibirán pena corporal que va de tres a nueve años, más una mitad más.
Además de que se les inhabilitará de uno a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. También se incluye a las tesorerías y órganos de control y evaluación gubernamental de los municipios que incurran en la referida conducta, establece el Decreto que reforma y adiciona el Artículo 185 del Código Penal para el Estado de Sonora.
La Comisión Anticorrupción dio a conocer que esta propuesta la presentó meses atrás el ciudadano Arturo Fernández Díaz González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX SONORA NORTE, por lo que en este nuevo contexto legislativo, la iniciativa, que proponía modificar la denominación para que a ese ilícito se le conociera como soborno, por considerar que dicho término es más conocido entre el común de la población, viene a fortalecer el combate al delito de cohecho.
En esta sesión ordinaria, la mesa directiva presentó el Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve enviar para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 77 que adiciona el Artículo 20-A a la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de combate a la discriminación y violencia contra la mujer, al haber sido aprobada por 50 ayuntamientos.
Con esta adición, desde la Constitución local, el Estado tendrá una visión muy clara respecto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos en materia de violencia, mediante acciones legislativas que permitan aplicar con mayor contundencia las políticas públicas en beneficio y protección de las mujeres sonorenses. Se incluye la violencia obstétrica como acción u omisión que cause daño o sufrimiento, además del psicológico, físico,
patrimonial, económico, político o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público.
La Ley 77 que adiciona la Constitución local fue aprobada por los cabildos de Altar, Bacanora, Moctezuma, Arizpe, Benjamín Hill, Cumpas, Huatabampo, Puerto Peñasco, Rosario, Bacerac, Huásabas, Benito Juárez, Santa Ana, Nacozari de García, San Pedro de la Cueva, San Luis Río Colorado, Magdalena de Kino, Navojoa, Cajeme, Agua Prieta, Granados, Guaymas, Átil, San Javier, Nogales, Nácori Chico y Baviácora.
Además de General Plutarco Elías Calles, Bavispe, Oquitoa, Arivechi, San Miguel de Horcasitas, Santa Cruz, La Colorada, Opodepe, Álamos, Banámichi, Bacoachi, Fronteras, Rayón, Tubutama, Trincheras, Carbó, Naco, Pitiquito, Yécora, Divisaderos, Ónavas, Huépac y Aconchi, Sonora.
Turnan iniciativas a comisiones
En esta ordinaria también se aprobó el Decreto que establece prohibiciones expresas en la Ley de Gobierno y Administración Municipal para que este Congreso del Estado y los ayuntamientos no puedan autorizar la afectación, por ningún medio legal, de los ingresos propios municipales u otros conceptos susceptibles de afectación.
Tampoco podrán comprometer como fuente primaria de pago de contraprestación alguna, los recursos que consistan en el excedente del derecho de alumbrado público, los recursos provenientes del Impuesto de Traslado de Dominio que reciba el Municipio, y los recursos provenientes de la captación del Impuesto Predial.
Asimismo se presentaron iniciativas con proyectos de decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Educación, la Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente, la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como un proyecto de ley para la construcción y rehabilitación de pavimentos del Estado de Sonora.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela propuso reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, dada la nueva competencia que tiene este en materia de justicia laboral, expuso, por lo cual resulta necesario adecuar su marco jurídico de actuación a las reformas a la Constitución tanto Federal como local.
Propuso establecer la distritación judicial que tendrán los juzgados laborales en el Estado señalando los municipios que comprenderá cada distrito, así como su cabecera; incluir, dentro de los juzgados de primera instancia a los juzgados laborales; establecer la competencia que tendrán estos; y la programación presupuestal suficiente para que el Poder Judicial pueda cumplir con la nueva encomienda.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Fomento Económico y Turismo, estudiarán la iniciativa presentada por la diputada María Magdalena Uribe Peña, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal, con el propósito de crear la Secretaría de Turismo en el Estado de Sonora.
El objeto de
