Hermosillo, Son., diciembre 24 de 2019.- Por unanimidad en lo general y en lo particular, las ocho fuerzas políticas representadas en esta LXII Legislatura aprobaron la Ley de Ingresos; y por mayoría, el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, ambos por 70 mil 261 millones 526 mil 405 pesos, así como los decretos que modifican diversas disposiciones fiscales y establecen los factores de distribución de participaciones federales a los municipios, respectivamente.
Para dirigir los trabajos de esta sesión extraordinaria a la que convocó la Diputación Permanente, el Pleno designó como presidenta a la diputada Magdalena Uribe Peña, quien estuvo acompañada por los diputados Fermín Trujillo Fuentes como vicepresidente; Carlos Navarrete Aguirre como primer secretario; Rosa Isela Martínez Espinoza como segundo secretario; y Rodolfo Lizárraga Arellano como suplente.
La diputada Diana Platt Salazar dio lectura al dictamen de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal, de la Ley de Hacienda del Estado, de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, de la Ley de Bienes y Concesiones, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora.
También de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Enseguida la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada dio lectura al dictamen de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, con proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2020, mismo que fue aprobado por unanimidad.
El dictamen que presentaron las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, fue leído por el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, con proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2020.
Los diputados Martín Matrecitos Flores, Miguel Ángel Chaira Ortiz y Ernestina Castro Valenzuela solicitaron se realizara la votación nominal de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica y el dictamen se aprobó por mayoría, con 22 votos a favor y once en contra.
Sobre este dictamen, la diputada Ernestina Castro Valenzuela dio a conocer el posicionamiento a nombre del grupo parlamentario de MORENA, en el que mostró el rechazo al presupuesto para el Estado.
“Los diputados de MORENA hicimos nuestra tarea al desenmascarar un presupuesto improductivo y subestimado para ser reutilizado al margen del Legislativo, sin compromiso contra la erradicación de la pobreza y el crecimiento estatal, y negado al desarrollo de los municipios” expresó.
El diputado Carlos Navarrete Aguirre dio lectura al dictamen de la iniciativa que presentaron las comisiones Primera y
Segunda de Hacienda, con proyecto de Decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales a los municipios del Estado para el ejercicio fiscal del año 2020.
Contiene los criterios y fórmulas que permiten definir los coeficientes de participación para cada uno de los municipios del Estado, del total de ingresos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, así como los coeficientes o factores de distribución resultantes de la aplicación de las fórmulas propuestas.
Correspondió al diputado Rodolfo Lizárraga Arellano dar lectura a los dictámenes que presentó la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, con proyectos de leyes de Ingresos y presupuestos de Ingresos de los ayuntamientos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2020.
En este tema sufrieron modificaciones las leyes de Ingresos de los municipios de Nogales y Huatabampo, a solicitud de los diputados Gildardo Real Ramírez y Filemón Ortega Quintos, respectivamente.
En el caso de Nogales se refiere a eliminar nuevos derechos y ajustar el cobro de impuestos de acuerdo a la inflación, y en el caso del municipio de Huatabampo, eliminar el cobro de saneamiento. El resto de los dictámenes fueron aprobados como los presentó la comisión.
La diputada María Dolores Del Río Sánchez dio lectura al dictamen que presentaron las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, con proyecto de Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios.
Dicha nueva disposición tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto público gubernamental, como política del Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado.
El diputado Gildardo Real Ramírez dio lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto de reforma y adición a diversas disposiciones del Artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.
A través de esta reforma se busca incrementar los recursos presupuestales del Órgano de Control Interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, tomando en cuenta las múltiples acciones que debe desarrollar dicho Instituto, que obligan al Contralor Interno a mantener un ritmo de trabajo constante para vigilar adecuadamente la utilización de los recursos que se desplieguen por esos motivos.
La diputada Miroslava Luján López dio lectura al dictamen que presentó la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de Decreto por el que se autoriza al municipio de Caborca, gestione y contrate con una persona moral de nacionalidad mexicana, una alianza pública-privada para la prestación del servicio de alumbrado público mediante el “Proyecto de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público del Municipio de Caborca”.
Asimismo la afectación del derecho de alumbrado público y de un porcentaje suficiente de las participaciones en ingresos federales como fuente de pago de las obligaciones que se deriven de la contraprestación que se deba pagar al inversionista