Hermosillo, Son., septiembre 23 de 2020.- Como parte de la moción presentada el pasado 14 de agosto, cuando se acordó escuchar las diversas propuestas que existen en relación al tema y enviar a segunda lectura el dictamen de la “Ley Olimpia”, los integrantes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, sostuvieron una reunión virtual con ciudadanas que forman parte de colectivas feministas, asociaciones civiles e investigadoras.
En primer término, el diputado Eduardo Urbina Lucero, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dio la bienvenida a Leticia Estefany Enríquez Valencia, abogada especialista en Derecho Informático e integrante de una agrupación feminista, quien opinó sobre el dictamen de la iniciativa presentada por la Gobernadora del Estado, que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los códigos Penal y Civil, la Ley Estatal de Responsabilidades y la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora.
La invitada planteó eliminar el mito de que lo que únicamente quieren las colectivas de mujeres es agregar las palabras intimidad sexual como el bien jurídico protegido, sino de dejar claro que el tipo penal en específico plasmado en el dictamen no se entiende, ya que no está bien redactado y desde el punto de vista teórico-jurídico, viola los principios de taxatividad, de legalidad y de proporcionalidad, aseguró.
“Es posible (de aprobarse el tipo penal como violación a la intimidad) que sea declarada inconstitucional por su mala redacción y falta de técnica legislativa, por lo cual esto no sirve a las víctimas. El tema no es solo ese, sino que además pretenden agregar medidas de protección al Código Penal, cuando es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que tiene que agregar estas medidas y, que en todo caso, podrían anexarse a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, expresó.
Enríquez Valencia explicó a los legisladores que con el tipo penal de violación a la intimidad sexual es más fácil probar la vulneración al bien jurídico protegido, ya que si no se puede probar la vulneración con pruebas o con periciales, entonces no serviría a las mujeres afectadas el delito que se llegara a aprobar por esta Legislatura.
Detrás de esta lucha hay ingenieras, abogadas, juristas, científicas y, en el caso de las que no tuvieron esa oportunidad por falta de acceso, son personas y mujeres que fueron víctimas, quienes por su experiencia también tienen conocimientos para opinar, pero lo triste es que no se tome con seriedad la opinión de las mujeres y que se les minimice su conocimiento en las materias,
consideró la especialista.
“El Derecho Informático es una materia que es muy delicada; apenas se está proponiendo una ley en materia de ciberseguridad para aclarar ciertos puntos, entonces yo les recomendaría que escucharan la voz de los expertos en materia jurídica, porque de nada nos sirve tener tipos penales que no son aplicables en tanto que son inconstitucionales”, puntualizó.
Posteriormente hizo su exposición la directora de proyectos de la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos, Sandra Muñoz, quien expuso existe poca voluntad para abarcar este tipo de delitos que efectivamente atentan contra la intimidad sexual, lo cual no es un problema nuevo y puso como ejemplo toda la información que se puede encontrar, desde el 30 de noviembre de 2018, sobre mujeres sonorenses que han sido víctimas de este tipo de conductas.
“Ahorita por ejemplo estoy viendo uno de estos folders con 467 carpetas o sea víctimas, de Ciudad Obregón, Empalme y Guaymas. Es el cuento de nunca acabar y solo quería expresar, porque sé que en mi voz está la voz de muchas mujeres que se acercan y que están viviendo infiernos, porque es este delito, y muchas veces hay otros delitos que vienen después y se abren otras puertas”, afirmó.
Desde la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos orientan a las víctimas de todos los estados de la República, y los informes que elaboran muestran que si una persona tuvo la confianza de compartir algo a otro grupo, en este puede haber otro tipo de perfiles, como bandas delictivas o personas del crimen organizado que empiezan a cometer acechos físicos contra la víctima, así como amenazas, extorsiones y puede escalar hasta convertirse en una bola de nieve, señaló.
“La verdad estamos preocupados aquí en la asociación y de hecho es un tema que ha salido en nuestros espacios: qué pasa en Sonora y qué es lo que podemos hacer con estas víctimas, porque les podemos orientar pero sabemos que sin una legislación certera y que sea útil, pues solo nos va a quedar seguir documentando, preparando informes de la mano con defensoras digitales y con colectivas feministas”, aseveró Sandra Muñoz.
También participó la ciudadana Irasema del Pilar Castell Ruiz, quien propuso que este Poder se aboque a legislar mayores sanciones para quienes atentan contra los más vulnerables, como menores de edad, personas con alguna discapacidad y miembros de las etnias.
El diputado Urbina Lucero leyó una carta enviada por colectivas sonorenses, quienes expusieron que el pasado 4 de septiembre se les convocó a una reunión virtual para conocer sus opiniones sobre el dictamen de la “Ley Olimpia”, sin embargo, por falta de quórum ante la