Hermosillo, Son., octubre 30 de 2020.- La ratificación de la solicitud de inicio de procedimiento de juicio político contra funcionarios del municipio de Cananea recibió hoy la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, misma que por otra parte aprobó los proyectos de dictamen que contienen los acuerdos para no iniciar el procedimiento de juicio político contra la Síndico de Agua Prieta, así como no iniciar el procedimiento de revocación de mandato a la presidenta municipal de San Ignacio Río Muerto.
También el proyecto de dictamen de la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, que establece el Decreto de reforma y adiciona la Ley de Notariado y del Código Civil, ambos del estado de Sonora; y dos minutas con proyecto de Decreto remitidas por el Congreso de la Unión.
El diputado Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la dictaminadora, cedió el uso de la palabra al ciudadano César Villalobos Castro, quien previamente acreditó su identidad con la documentación requerida en materia legal, y ratificó su solicitud de inicio de procedimiento de juicio político en contra de los ciudadanos Eduardo Quiroga Jiménez, María Bibiana Cruz Munguía, Yoana Julieta Castillón Bustamante, René Franccelli Rodríguez Moreno, María de los Ángeles Ramos Minero, Julio Alfonso Bracamontes Moreno, Laura Peña Lepe y Jesús Ignacio Hernández Aguirre, presidente municipal, síndica y regidores del municipio de Cananea, respectivamente.
Lo anterior, ante la supuesta comisión de actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho de las funciones del ayuntamiento en cuestión.
El diputado Montes Piña informó que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276 de la Ley Estatal de Responsabilidades, una vez ratificada la denuncia, disponen de diez días hábiles para emitir una resolución.
De acuerdo al orden del día, el diputado Montes Piña puso a consideración el proyecto de dictamen que contiene el Acuerdo en el que se establece que las conductas atribuidas a la ciudadana María Elena Rodríguez Tolano, en su carácter de Síndico del ayuntamiento de Agua Prieta, en la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano José Francisco García Valencia, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, no corresponden a alguna de las enumeradas en el artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades y, por lo tanto, no ameritan el inicio del procedimiento de juicio político.
Enseguida el diputado Montes Piña sometió a consideración el proyecto de dictamen que contiene el Acuerdo mediante el cual se resuelve no iniciar el procedimiento de revocación de mandato de la ciudadana Patricia Zulema Magallanes Lugo, presidenta municipal de San Ignacio Río Muerto, ya que al llegar a un acuerdo y formar convenio con la ciudadana Carmen Leticia Otero Fernández, está dando cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal
