Hermosillo, Son., diciembre 8 de 2020.- Un orden del día con seis puntos de acuerdo, cuatro proyectos de decreto y uno de ley turnados a comisiones, así como cuatro dictámenes desahogaron los integrantes de la LXII Legislatura en sesión ordinaria, entre los que destacan la Ley que crea el Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora y la minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.
La nueva legislación aprobada hoy establece que el Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora será una herramienta de carácter técnico y de promoción, con atribuciones de asesoramiento, investigación y coordinación en capacitación, para aumentar la competitividad de los productores de la cadena de valor de bienes, productos y servicios sonorenses de todo tipo.
La Comisión de Fomento Económico y Turismo elaboró el dictamen con base a una iniciativa que el diputado Jorge Villaescusa Aguayo presentó ante el Pleno del Congreso del 23 de junio de 2019. La Ley consta de 27 artículos que se dividen en once capítulos: Consideraciones Generales; De las atribuciones del Centro; Del patrimonio del Centro; Del órgano de gobierno del Centro; Del consejo consultivo; Del coordinador; Del presidente del consejo consultivo.
El resto de capítulos son: Del coordinador; Del presidente del consejo consultivo; Del secretario técnico del consejo consultivo; Del control y vigilancia; De la coordinación del centro con los municipios para apoyar la generación de valor agregado en bienes y servicios; y De las relaciones laborales del centro.
El Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora será un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, que podrá ofrecer a los productores sonorenses mejores condiciones para incrementar el valor de los bienes, productos y servicios que ofrecen, lo que permitirá incrementar la competitividad y prestigio frente a los productos que se originan en otras partes del país y del extranjero, de acuerdo a la dictaminadora.
Como parte del Constituyente Permanente, este Poder Legislativo aprobó en la sesión ordinaria el dictamen con Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminó este proyecto el pasado 5 de diciembre para ser presentado en la ordinaria de hoy y en el que destaca que el Presidente de la República y los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados, no solo por traición a la patria, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
De acuerdo a información parlamentaria de la LXIV Legislatura Federal, nueve congresos locales habían aprobado la minuta, por lo que el Congreso de Sonora se convertiría en el décimo en aprobar dicho proyecto.
En el desarrollo de esta sesión ordinaria, en primer término se presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora y de la Ley de Hacienda del Estado, la cual se turnó para estudio a la Segunda Comisión de Hacienda.
El diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz expuso la necesidad de apoyar a las asociaciones civiles, con la finalidad de alentar su desarrollo y crear un entorno satisfactorio para su evolución, crecimiento, sostenimiento y ser un verdadero promotor de su labor altruista, en virtud de que el Gobierno Federal decidió no entregar recursos a organizaciones o asociaciones de este tipo, bajo el argumento de que no debe haber intermediarios que manejen los recursos públicos.
El siguiente punto del orden del día fue la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de crear un nuevo tipo penal que incluye sanciones y cárcel a quien o quienes realicen cobros o requerimientos extrajudiciales de manera ilícita.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos estudiará esta iniciativa que presentó el diputado Martín Matrecitos Flores, quien propuso que a quien lleve a cabo este tipo de cobranza se le aplique de uno a cuatro años de prisión y multa de 20 a 50 veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización.
El diputado Jesús Alonso Montes Piña presentó enseguida una iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve presentar ante el Congreso de la Unión un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por considerar que debe mejorar el respeto a los derechos humanos de los adultos mayores que se encuentran privados de su libertad en los centros de reinserción social del Estado.
También planteó exhortar a las autoridades penitenciarias estatales y federales, para que pongan especial atención sobre la alimentación, condiciones de salud y ubicación de las personas de la tercera edad cuya salud sea delicada, a efecto de implementar políticas públicas que garanticen el respeto de sus derechos humanos y su máximo cuidado. El Acuerdo con las dos propuestas fue aprobado por la asamblea.
A este siguió otro Acuerdo que resuelve exhortar al titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, CODESON, y al Instituto del Deporte del municipio de Cajeme, para que, en el ámbito de sus competencias, conformen y ejecuten un plan piloto deportivo.
El diputado Orlando Salido Rivera indicó que dicho programa sería integral y enfocado al municipio de Cajeme, para después replicarlo en el resto de los municipios, con un plan de ejecución de competencias por temporadas o simultáneas de torneos, tanto de fútbol, basquetbol, box, tenis, natación y tiro con arco, entre otros.
Un tercer Acuerdo aprobó el Pleno, este por mayoría, para exhortar al Ayuntamiento de Hermosillo a que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente, solicite ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la autorización en materia de impacto ambiental de la planta tratadora en Bahía de Kino, Sonora.
En un segundo punto de la propuesta que presentó el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, se exhorta al titular de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, para que establezca las sanciones administrativas correspondientes a la ejecución de la obra para la planta de tratamiento de aguas residuales de tipo lagunar en la localidad de Bahía de Kino o a la realización de actividades respectivas que no cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se turnó el siguiente punto del orden del día: iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1368-Bis al Código Civil para el Estado de Sonora, presentada por el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, con el objeto de simplificar los trámites sucesorios en materia testamentaria y con esto beneficiar principalmente la protección de familias de clase media.
La adición propuesta establece que en la escritura pública que formalice los contratos o actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles, las personas que adquieren la propiedad puedan señalar que, a su fallecimiento, dicha propiedad de bienes pase a su cónyuge, ascendientes o descendientes, al momento de elaborar la escritura pública, sin necesidad de un juicio sucesorio.
Enseguida correspondió a la diputada María Alicia Gaytán Sánchez presentar su iniciativa con proyecto de ley para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual en las instituciones de educación superior en el Estado de Sonora, por considerar que en muchos espacios universitarios la violencia de género forma parte de la cultura institucional y por lo tanto se debe institucionalizar la prevención y atención.
Agregó que también deben establecerse sanciones contra el ejercicio de poder traducido o materializado en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos de las instituciones de educación superior, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva y que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a personas del sexo opuesto o del mismo sexo, que traen consigo efectos perjudiciales en el ambiente académico y personal de la víctima.
La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Educación y Cultura, y de Justicia y Derechos Humanos, en forma unida, mientras que las comisiones Primera y Segunda de Hacienda analizarán la presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley del Presupuesto de Egresos y