Hermosillo, Son. 6 de septiembre de 2007. - El Congreso del Estado aprobó este día reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que garantizan la separación de las funciones administrativas y de carrera judicial que ejerce actualmente el Supremo Tribunal de Justicia y que serán responsabilidad del Consejo de dicho poder una vez que entren en vigor.
En sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente, la mayoría del Pleno aprobó, previa segunda lectura, la iniciativa de ley que tiene como propósito fortalecer la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento como instancia suprema de impartición de justicia y garante del estado de Derecho en el territorio sonorense.
La mesa directiva estuvo integrada por los diputados Guillermo Peña Enríquez, presidente; Sergio Cuellar Yescas, vicepresidente; Juan Manuel Sauceda Morales, primer secretario y Ventura Félix Armenta, segundo secretario.
El 13 de septiembre de 2006, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de ley propuesta por el titular del Ejecutivo, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual entró en vigor el 22 de febrero de 2006, previa aprobación de la mayoría de los ayuntamientos.
De esta manera se establecieron las bases para la consecuente modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto de separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas y de carrera judicial, que deben tener a su cargo el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, respectivamente.
La Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó al Pleno el dictamen que establece la reestructura el Consejo del Poder Judicial, reduciendo el número de sus integrantes a cinco integrantes y cuatro suplentes, en lugar de hasta once propietarios.
El Consejo lo compondrán el Presidente del STJ, dos consejeros nombrados por el Pleno del mismo, el primero de entre los magistrados del mismo cuerpo colegiado o de los tribunales regionales de circuito, y el segundo de entre los jueces de primera instancia, ambos con su respectivo
suplente.
Asimismo un consejero propietario y su suplente, designados por el Gobernador del Estado y un consejero propietario y su suplente, designados por el Congreso local.
Los consejeros deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado del STJ, así como haberse distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.
Los nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia, adicionalmente deberán gozar de reconocimiento en el ámbito judicial y contar con dos años de antigüedad, por lo menos, en el desempeño de su cargo.
El Consejo asumirá las labores administrativas del Poder Judicial, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, dentro de las que también se comprenden el desarrollo de la carrera judicial y la vigilancia y disciplina del mismo poder, con excepción del STJ, mientras que este órgano se ocupará de la función jurisdiccional que de origen le corresponde.
Se modifican y derogan todas las facultades eminentemente administrativas, de desarrollo de la carrera judicial y de disciplina que la Ley Orgánica atribuía al Supremo Tribunal de Justicia respecto a todo el aparato judicial.
Además se suprimen las facultades del Pleno del Tribunal relativas a desarrollar el sistema de carrera judicial y expedir las disposiciones de observancia obligatoria relativas a la carrera judicial y régimen disciplinario de los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción del STJ.
Durante la discusión en lo general hablaron en contra los diputados Petra Santos Ortiz, Florencio Díaz Armenta, Irma Romo Salazar, Edmundo García Pavlovich, Óscar Téllez Leyva y Fernando Morales Flores, en tanto que a favor lo hicieron los diputados José Salomé Tello Magos, Juan Manuel Sauceda Morales, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Juan Leyva Mendívil.
Los legisladores que hablaron en contra solicitaban más tiempo para analizar la iniciativa, por considerar que contiene aspectos que debían revisarse a fondo a través de una consulta con expertos en el tema para garantizar la independencia del Poder
