Hermosillo, Son., noviembre 30 de 2021.- La prevención social de la violencia y la delincuencia, la participación ciudadana, el emprendimiento y la competitividad, la delimitación del conflicto de intereses en el Parlamento, la salud mental, las condiciones laborales de los trabajadores del campo y la implementación de un protocolo neonatal para la atención materno-infantil, fueron los temas tratados en la sesión ordinaria del Congreso del Estado.
En esta última sesión del mes de noviembre se contó con la presencia del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien felicitó a los integrantes de la LXIII Legislatura sonorense por la gran labor que llevan a cabo, en la que han prevalecido el diálogo, el entendimiento y el consenso.
“Creo que la forma de encontrar puntos de coincidencia se facilita cuando se fomenta el diálogo; se escuchan las diferentes opiniones, derivadas de la pluralidad que se integra en un órgano legislativo, y cuando no se dan las coincidencias, el buen tono prevalezca para que el día de mañana o en un momento futuro, puedan construirse nuevamente las coincidencias”, aseveró.
El presidente de la mesa directiva, diputado Jacobo Mendoza Ruiz, informó al Pleno que Gutiérrez Luna estuvo como invitado en la instalación de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, y como una cortesía parlamentaria solicitó autorización a la asamblea para que el diputado federal hiciera uso de la tribuna.
Ambos presidentes acordaron firmar la próxima semana un convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado, en materia de capacitación, de asistencia legislativa y de archivos.
En el siguiente punto del orden del día, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó una iniciativa con proyecto de ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana para el Estado de Sonora, a la que definió como un proceso que demanda acciones a corto, mediano y largo plazo, orientadas a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la configuración de las relaciones libres de violencia y delincuencia.
“Los factores de protección contra la vulnerabilidad ante los fenómenos de violencia y delincuencia incluyen el desarrollo de competencias ciudadanas para la construcción de una cultura de prevención social, la generación de entornos que favorezcan la convivencia y la reactivación socioeconómica en las comunidades, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales”, expresó.
La iniciativa se turnó para estudio a la
Comisión de Seguridad Ciudadana, mientras que a la de Fomento Económico y Turismo se envió la presentada por el diputado Ricardo Lugo Moreno, con proyecto de ley que crea el instituto sonorense del emprendimiento y la competitividad.
Expuso que se necesitan acciones institucionales que reviertan los efectos provocados por la pandemia en los avances que habían logrado las mujeres en la inserción laboral, así como para lograr una recuperación económica, por lo cual estimó necesario que los congresos locales creen institutos del emprendimiento que puedan capitalizar el talento de las mujeres, hagan viables sus proyectos y puedan superar problemáticas como trámites complejos y falta de acceso a financiamiento.
La diputada Natalia Rivera Grijalva presentó enseguida una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por considerar viable incluir la figura de conflicto de interés, a efecto de evitar afectaciones y vulneraciones al orden público, por lo que este Poder, al igual que los demás, dijo, está obligado a desempeñarse de manera transparente y bajo el principio de probidad, para así legitimar aún más las decisiones que se toman de manera colegiada.
La Presidencia turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para posteriormente presentar la propia con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 30 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, por parte del diputado Óscar Eduardo Castro Castro.
Propuso que se establezca un módulo de salud mental por cada 50 mil habitantes en cada región del Estado de Sonora, por considerar es momento de sumar esfuerzos, desde cada trinchera, para reducir los índices de mortalidad a causa de trastornos y enfermedades mentales, pero para lograrlo, agregó, la atención y los programas de salud deben llegar a todos los rincones de la entidad. La iniciativa será estudiada por la Comisión de Salud.
Acuerdos y posicionamientos
El siguiente punto del orden del día fue la presentación de la iniciativa con punto de Acuerdo que presentó el diputado José Rafael Ramírez Morales, a efecto de exhortar a la titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora.
El Acuerdo aprobado establece que dichos funcionarios, en ejercicio de sus atribuciones, realicen de manera conjunta visitas de inspección a los campos agrícolas, con la finalidad de constatar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del campo, para que, en caso de detectar violaciones a sus derechos laborales o se atente